Mis Observaciones clínicas sobre las 10 recomendaciones bomba

Desde la esquina del sector de la pequeña y mediana minería, con regusto leo “las 10 recomendaciones bomba del Grupo de Diálogo minero”. Me uno al grupo de complacidos con ello y al de los que hacen observaciones para enriquecer su espectro dialógico.

¿Por qué alegría? Porque es acuciante un diálogo nacional incluyente sobre esto. Porque el tema de la minería ha quedado supeditado –en muchas ocasiones- a un despliegue propagandístico que descalifica a unos y enaltece a otros, que criminaliza a unos y hace ver como los mesías empresariales a otros, que da audiencia en publirreportajes a unos y acalla a otros.

Este es un tema que deja ver la capacidad creadora de nuevos conceptos que ni la sociología ni la ciencia económica ni ninguna otra pueden ir soltando con tanta facilidad y premura: los generales rimbombantes la llaman “criminal”, los ministros “ilegal”, unos y otros piden “erradicarla”, los demás que es una “epidemia” o un “flagelo” y el Presidente pide a las fuerzas militares en pleno que “pongan a este enemigo en las prioridades de su accionar diario”. Mientras los alcaldes no saben cómo intervenir ni los gobernadores en qué apoyar ni los legisladores qué proponer y la judicatura apenas va construyendo un cuerpo dogmático para abordar el intrincado asunto. ¡Zipote despiporre!

Primera observación clínica: no hay presencia de los pequeños y medianos mineros en el Grupo de Diálogo. No se ven en la discusión a los informales que suscita el debate. No encuentro a los siempre ausentes. Siguen sin aparecer los ninguneados, los que la ley calla y los que se tienen que hacer sentir por medios alternos como los paros y las protestas. Le pasa igual al Procurador, quien tiene programado un foro denominado Actualidad y desafíos de la industria extractiva en Colombia para este 19 de noviembre de 2015 en el Salón Esmeralda del Hotel Tequendama sin la presencia en la agenda de la pequeña y mediana minería informal. Tampoco acá se cuenta su presencia.

Es una falla protuberante porque este sector ha sido reconocido y defendido por el propio ente de control como uno muy importante en la economía nacional. De ese talante fueron sus palabras y conminaciones a los entes estatales con ocasión del Congreso Internacional de Minería y Petróleo, CINMIPETROL, abril 24 de este 2015 en Cartagena.

Este sector de pequeños y medianos mineros no es nada despreciable desde el mismo punto de vista de la Procuraduría que aún no tiene la fineza de invitarlos, la que ha dicho que “el Estado no puede criminalizar ni renunciar a desarrollar la industria extractiva responsable, pues un país en el que el 37.8% de su población es pobre, que tiene una tasa de desempleo del 10.2% y una de subempleo subjetivo de 31.4%, no puede desechar una actividad (…) que genera 300 mil empleos, produjo regalías entre 2008 y 2012 que supera los 8 billones de pesos, representó en el 2012 el 2.4% del PIB…” Aunque los guarismos hayan cambiado un poquitín la esencia real es igual a la fecha de este criterio (09 de sep/13, documento de acompañamiento previo a los ministros de Minas y energía, Ambiente y desarrollo sostenible y a la presidencia de la Agencia Nacional de Minería de la época).

Despreciar esa cantera de conocimientos no es bueno. Los mineros tradicionales e informales, los pequeños mineros con su “malicia indígena” han superado todos los retos que se pueden encontrar en una geografía harto agreste, han sostenido a sus familias en medio del horror de una guerra interna que todos esperamos que se acabe y de la zozobra de un estado que gobierno tras gobierno le cierra las puertas en sus narices cuando se trata de pedir un ayuda financiera o un consejo o una asistencia técnica o ser al menos reconocidos como trabajadores.

No caigamos en el vicio de desoír. Los pequeños mineros, los tradicionales, los medianos y los artesanales son los baquianos que superan con sus métodos, que por empíricos no quiere decir erráticos, a la sofisticación de la ciencia y la tecnología modernas. Esos hombres y mujeres saben dónde ponen las garzas a la hora de hacer un cateo, de buscar una mina y de adaptar un método o una herramienta. Entonces, por qué no invitarlos.

Ya Don Vicente Restrepo, un sabio desoído, desde el siglo antepasado alertaba y nos retumba como si fuera hoy mismito:

“En todos tiempos ha habido personas inteligentes que han intentado apartar a los colombianos del trabajo de las minas de metales preciosos, desconociendo así la principal fuente de riqueza con que nos dotó la Providencia. El buen sentido de las gentes ha desechado esas exageraciones, y dondequiera que se han podido explotar con facilidad los veneros de oro y plata, se ha hecho, en la escala en que los recursos y los conocimientos lo han permitido. Si el producto de nuestras minas es muy inferior a lo que debiera ser, cúlpese a nuestra escasa población, nuestra pobreza y nuestras malas vías de comunicación; cúlpese a nuestros gobiernos, que han descuidado este ramo de industria.” (En su libro Estudio sobre las minas de oro y plata en Colombia. Imprenta de Silvestre y compañía. Bogotá 1888.)

Demostremos que hemos avanzado algo y dejemos ya de dar palos de ciego. Ojalá este Grupo de estudio tenga en cuenta al minero informal.

Segunda observación clínica: Sobre la clasificación de los distintos tipos de minería de informal, ancestral, legal y criminal, ya el Plan Nacional de Desarrollo lo hizo. Entonces estaríamos recabando sobre otra nueva reforma a ese PND, así como al Código de Minas y al mismo Glosario Minero. Porque la clasificación actual es: minería de subsistencia, minería de pequeña y media escala y minería a gran escala. Clasificaciones estas que son las que tendríamos que abordar y ajustar en sus niveles consultando la realidad, basados en investigaciones de campo y no desde la comodidad de una oficina que no nos reporta datos fiables.

Aceptar e imponer artificiosamente el concepto de “minería criminal” para hacer una caracterización en un país tan proclive a la cultura mafiosa, enquistada en cuanto escenario hay, es delicado y puede resultar pernicioso. Entregar un apellido a una industria que no lo tiene es dejar un intersticio por donde se podrán filtrar esos caprichos de los creadores de un fantasma acá u otro demonio allá.

Lo criminal ya existe en la dogmática jurídico penal y cuenta con un desarrollo conceptual de recibo universal. Así que meter en esas honduras una industria que pretende desarrollarse y aportar al progreso de los pueblos puede dar al traste con los principios normativos mineros, cuales son “fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal”, y echar por la borda las garantías individuales y con herramientas aun no probadas ni instauradas a plenitud pero que pueden ser eficaces como las de la formalización minera que conllevaría al otorgamiento de títulos, al reconocimiento y al apoyo técnico y financiero a los mineros.

Criminalizar no es nada nuevo. La AngloGold Ashanti ya hizo este experimento en el Congo y Ghana, y las consecuencias han sido nefastas. Todo el mineral que estaba en la calle se suponía que era de ellos, quienes pretendían el monopolio. Todo el que llevara consigo una pizca de oro, en bruto o elaborado, se suponía que era de ellos. De esa manera se criminalizó la actividad y a las personas por el mero hecho de llevar algo de oro. La misma empresa que en 2011 ganó el Public Eye Award por ser la empresa más irresponsable del mundo, tiene en Colombia la maquinaria de los funcionarios bien aceitada y reparte y comparte esas experiencias y quiere imponer el peor de los caminos. Lástima que todavía hay quienes les siguen el jueguito.

Por la vía de la criminalización tendría que meterse el gobierno a hacer disecciones clínicas en cada una de las actividades y tocar la banca, la industria, el comercio, todo. Por allá la ingeniería criminal que lava activos a través de la contratación estatal, por otro lado la ganadería criminal que no sabe decir de dónde se surte o acullá un empresario transportador que logró camuflar sus bienes en esa industria. Empiezan con la minería y no le faltan subterfugios normativos ni falacias argumentativas para una cacería de brujas que nunca se sabe en qué aquelarre termina.

El debate está abierto, qué bueno.

Coda: continuarán las observaciones clínicas.