Respuesta al Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia

Esta iniciativa de GDIAM ofrece un espacio público importante para visionar una minería que realmente contribuya al desarrollo sostenible y equitativo de los colombianos. Es un acierto la inclusión de representantes de los grupos étnicos, y de personas de reconocida trayectoria.  Es un gran vacío la ausencia de representantes y especialistas de la MAPE en el GDIAM, y eso se nota.

Bienvenido el esfuerzo del GDIAM por adelantar un diálogo para la construcción de acuerdos en Colombia sobre la minería ¿bajo que condiciones y con qué objetivos de bienestar y calidad de vida? La narrativa propuesta en la visión GDIAM ofrece componentes muy importantes establecidos hace mas de 10 años por la industria minera internacional, los cuales responden a las mejores aspiraciones del sector minero global (ver: www.icmm.com). De por sí representan una ‘actualización’ necesaria del país y sus autoridades mineras y ambientales en cuanto a su concepción de minería y desarrollo sostenible[1].

Con base en el recién publicado estudio ¿Qué es Legal? Formalización de la MAPE en Colombia[2] (Echavarría, 2014, publicado por el IIED y la ARM), quisiera ofrecer mi retroalimentación al GDIAM sobre el sub sector MAPE (formal o informal):

La Visión:  La única mención que hace la visión sobre pequeña y mediana escala, o minería ancestral, es la siguiente:

Igualmente, es indispensable buscar mecanismos para que la minería informal se transforme en una actividad que cumpla con todas las normativas vigentes, y en caso de que esto no sea posible, que el Estado aplique la ley. 

Si bien se nota un esfuerzo por mencionar a la MAPE, y especialmente en representarla visualmente como la mas artesanal, el enunciado realmente aporta poco a la visión tradicional del Estado y el sector minero industrial del país acerca de la MAPE. Sigue fija en el imaginario público y privado que la única MAPE aceptable es la de mera subsistencia. No se refleja un enfoque incluyente con la MAPE mecanizada, por ejemplo como la de la Cooperativa Multiactiva de Iquira (Huila) o de la Cooperativa Coodmilla de Nariño, o tantas otras. 

La pequeña minería mecanizada está invisibilizada en la clasificación propuesta. Se requiere de una política de PYMES robusta, la cual no está considerada.  La clasificación supone un salto cualitativo entre la minería ancestral artesanal y la mecanizada de pequeña escala.  Se trata de un continuo, no de una discontinuidad. Colombia tiene una política de formalización (Ministerio de Minas y Energía, 2013) la cual tampoco se menciona.  Dicha política propone un enfoque progresivo a la fomalización (mencionado), así como planes y programas que podrían llevar a la formalización de muchos mineros.  Su implementación efectiva y oportuna es un componente central para avanzar hacia la configuración de un sector minero diverso y responsable, que contribuya al bienestar de las regiones mineras.

Considerando la importancia social de la MAPE en Colombia, la visión debería enfatizar más en la importancia de la minería como potencial generadora de trabajo decente.  Como dicen los mineros con quienes he trabajado: “nosotros, a diferencia de la gran minería, no podemos cerrarle la puerta a nadie, no tenemos rejas insalvables, ni guardias armados, aquí recibimos a todos los desplazados y reinsertados que llegan, pues así llegamos muchos de nosotros, buscando una oportunidad para nuestras familias”.  También en la perspectiva de la reinserción de excombatientes de los grupos armados, la visión se enfoca sólo en prevenir la reinserción en la  minería criminal.  Podría ser mas propositiva al prever que un sector MAPE responsable, podría ofrecer una opción de reinserción legal a la sociedad, que también permitiría la paulatina formalización del empleo minero en la MAPE. 

Una minería incluyente:

Si bien la visión propuesta aborda las relaciones entre minería y comunidades (especialmente en el contexto de gran minería), no menciona la inclusión de los mineros MAPE, formales o informales, como actores fundamentales en las comunidades mineras, o parte de la comunidad para los programas de RSE de la gran minería.  Muchos de esos mineros de la MAPE tradicional han quedado en la informalidad por la prioridad que dio el Estado a atraer inversión extranjera, desconociendo las realidades de los territorios al otorgarle a inversionistas nacionales e internacionales títulos de exploración sobre áreas tradicionalmente trabajadas por la MAPE.  En este sentido la inclusión comienza por la titulación de áreas (en un marco de ordenamiento territorial por supuesto) :

– Titulación de áreas para la MAPE:  El gran tema de exclusión para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es la ausencia de áreas libres sobre las cuales ellos puedan formalizarse mediante la obtención de una concesión, reserva o título minero propio.  Los decretos recientes^[3] sobre formalización de la MAPE han tenido dos características: 1. Estar atados a los compromisos de Colombia frente al Convenio de Minamata para la eliminación del uso de mercurio en la MAPE de oro; y 2. Permitir que los mineros informales (muchos de ellos extrabajadores de la gran minería) puedan trabajar legalmente dentro de las concesiones o títulos de empresas mineras (Caso Gran Colombia Gold, Continental Gold, Mineros S.A.). 

Si bien esta ha sido una ‘solución’ que le ha permitido a los mineros informales continuar operando en esos contextos, a las empresas mineras ‘resolver’ conflictos con los informales y al gobierno mostrar resultados frente a sus compromisos en el tema mercurio, es un esquema limitante para el sector en general por cuanto restringe el potencial del desarrollo empresarial de la MAPE, ya que la condiciona a aquellas áreas o frentes mineros que cada empresa esté dispuesta a brindar, no a las áreas que resulten mas apropiados para la capacidad tecnológica y financiera de la MAPE.  Los mineros operan con grados importantes de incertidumbre: los sub-contratos de formalización entre MAPE y titulares mineros tienden a ser de corto plazo, es decir no permiten a la MAPE realmente invertir en maquinaria y tecnificación, pues en cualquier momento pueden perder el contrato.  Son un obstáculo para un desarrollo organizativo y empresarial que permita a los mineros informales transitar todo el proceso de formalización propuesto en el Plan Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia en 2013 por el Ministerio de Minas y Energía.

– Clasificación de tipos de minería: uso del criterio ‘ausencia de tecnificación’ para definir a la MAPE:

A raíz de la fiebre de oro a la que sucumbió el planeta entero en la pasada década, fueron destruidos los yacimientos aluviales superficiales trabajados de modo artesanal por mineros tradicionales y ancestrales.  Muchos mineros artesanales pudieron mecanizarse por los ingresos obtenidos a raíz del alto precio del oro. Es así como en el Pacifico colombiano las retroexcavadoras destruyeron las terrazas aluviales en las cuales trabajaban los mineros de Oro Verde^[4] y otros mineros ancestrales, obligando a estos mineros de las comunidades a depender de la tecnificación para poder ejercer un oficio ancestral.

En lugar de utilizar criterios limitantes, la clasificación debe tener en cuenta que el desarrollo ordenado y empresarial de la MAPE (en algunos caso con lógica de autodeterminación bajo el control de las autoridades tradicionales) sólo es posible cuando:

-El Estado asegura áreas viables para otorgar derechos mineros a la MAPE organizada, o invierte en su organización para que puedan ejercer el oficio de manera sostenible, rentable y responsable.

-Una organización de MAPE se desarrolla en condiciones que le permiten ir evolucionando mediante el acceso a conocimiento y tecnologías mas limpias, que permitan reducir el esfuerzo físico de la labor minera, e ir formalizando a sus trabajadores mediante esquemas realistas para pequeños productores.

-Cuando los marcos institucional, financiero y comercial permiten que la MAPE vaya ganando eslabones en la cadena productiva, en lugar de estar limitada por clasificaciones limitantes, por las prioridades del titular, o sujetas a financiamientos de dudosa procedencia;

-Cuando el Estado, u operadores diversos, brindan apoyo efectivo a organizaciones y asociaciones MAPE para que sean capaces de establecer y gobernar de modo eficiente y transparente sus propias plantas de procesamiento comunitarias, lo que a su vez les permite establecer relaciones comerciales directas con operadores internacionales involucrados en cadenas de suministro éticas que buscan metales certificados, libres de conflicto y de trabajo infantil y forzoso, que reconocen la labor de las mujeres mineras y de los adultos mayores, que garantizan uso responsable de elementos tóxicos, y valoran la calidad de vida de las comunidades mineras. Mediante instrumentos de mercado como la Certificación Fairmined, por ejemplo.

-Cuando el Estado monitorea, acompaña y reporta públicamente sobre el establecimiento de acuerdos justos y transparentes (públicos) con la minería industrial, para el enfoque de sub-contratos de formalización;

-Cuando los mineros pueden tener acceso mas eficiente y efectivo a explosivos en el mercado legal.  No se puede esperar que los mineros puedan pagar los costos de la formalización (cuyos requisitos aún permanecen por fuera de la capacidad de muchos mineros) si no pueden acceder explosivos seguros a precio justo, que les permitan avanzar en la labor minera;

-Cuando el Estado incorpora, en el caso de la minería ancestral, los estándares y acuerdos logrados entre las autoridades locales tradicionales y los mineros en cuanto a gestión territorial y el papel de la  minería en sus planes de vida.  En este sentido el gran vacío es la ausencia de mención a la urgente necesidad de reglamentar los capítulos IV y V de la Ley 70/93, pendiente hace 20 años y sobre los cuales existen ya propuestas de las organizaciones Afro^[5], y avances sobre acuerdos minero-ambientales logrados en los territorios (Mesa Minera de Chocó).

La debilidad del Estado y sus fallas históricas en la implementación de procesos previos de formalización son la principal barrera para la formalización de la MAPE (tal como lo reconoce la misma política).  Pero ¿Existe realmente la voluntad política para apostarle a este sector? y ¿Ha reservado el Estado presupuesto para implementar esta política? Es la gran pregunta. 

Esta iniciativa de GDIAM ofrece un espacio público importante para visionar una minería que realmente contribuya al desarrollo sostenible y equitativo de los colombianos. Es un acierto la inclusión de representantes de los grupos étnicos, y de personas de reconocida trayectoria.  Es un gran vacío la ausencia de representantes y especialistas de la MAPE en el GDIAM, y eso se nota.