Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En este artículo-crónica se contrastarán algunas políticas de contención del cambio climático vs. la vida cotidiana de las comunidades negras del Pacífico colombiano (río Yurumanguí) y sus formas organizativas en el Territorio titulado.
Instituciones estatales y la sociedad civil se han preocupado desde hace varios años por mitigar los factores que producen el cambio climático. El principal identificado es la deforestación, pues de ella se desarrollan otras economías que hasta ahora han sido imposibles de atajar. Por ejemplo, la potrerización de vastos territorios para engorde unos, y otros para ganadería extensiva; los monocultivos como la palma de aceite, la caña, el caucho y la coca para uso ilícito; los incendios forestales, la minería a cielo abierto como la del carbón en el Cesar y la Guajira, o la explotación de oro en el río Quito, Chocó o el río Calima en Buenaventura y, claro, la infraestructura vial.
Sin embargo, hay otros peligros al acecho, igual de mortíferos para la supervivencia de los bosques y de la vida misma en la superficie de la tierra, uno, es la implementación del fracking para explotación energética que sepultará por siempre las aguas superficiales y acarreará sequías, según dicen los expertos, o la perforación de los polos para buscar combustible fósil; dos, la producción incesante de basura, y tres, la muerte de la biodiversidad.
Cristina Pasca Palmer, miembro de la Convención de la ONU sobre la biodiversidad se ha basado en el informe de la WWF para dar la voz de alerta por la extinción, desde 1970, del 60% de animales vertebrados. Por ello se ha convocado a los Estados miembro a lograr un acuerdo global para la protección de la biodiversidad en la conferencia que se celebrará en Pekín en el 2020. Sin embargo, el Estado que se ha opuesto a estos acuerdos es el de Estados Unidos, considerado el país del consumismo mediante la fabricación de productos de corta vida que se usan y se tiran, que genera inmensas riquezas a los dueños de las corporaciones, pero que atentan contra el Planeta y la salud humana y animal (las abejas se extinguen por el uso de venenos en el ambiente).
El modelo neoliberal que otorga todo el poder a las trasnacionales mineras, energéticas, financieras, de alimentos procesados, mediáticas-masivas e inmobiliarias, a través de la elección de gobiernos manipulables, nos está llevando a la autodestrucción de la vida como se conoce hoy en el planeta Tierra. La gula por el dinero, incentivando en las sociedades culturas consumistas, debe parar ¿Pero es posible detenerlo? He ahí el desafío…
Lo primero que han hecho los Estados preocupados por el cambio climático es delegar en instituciones internacionales, lideradas por las Naciones Unidas, el desarrollo de acciones que minimicen la producción de gas carbónico para evitar el efecto invernadero, es decir, el modelo económico actual no está dejando respirar a la atmósfera y esta se calienta, como cuando nos infectamos y el cuerpo nos avisa con una fiebre.
Estas acciones han sido largamente debatidas, porque muchas de ellas dependen de la aceptación de los gobiernos en los Estados-miembro. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene un presidente que se burla del cambio climático y en Sur América el ascenso de gobiernos fascistas no permite implementación de políticas de reducción de gases, porque estos gobiernos han estado al servicio de las multinacionales que requieren cada día más y más territorio para explotar y extraer, lo que genera deforestación y muerte de la biodiversidad.
Sin embargo, el sinnúmero de comités de expertos que buscan esas acciones de salvamento descubrió algo en los últimos años -que quieren presentar como novedad-, un algo que las comunidades étnicas saben desde hace décadas: Que son los pueblos que han pervivido en la selva y los bosques quienes tienen la llave de la salvación del cambio climático en sus culturas y prácticas tradicionales. Para reconfirmarlo, el área de comunicaciones de Bosques Territorios de Vida invitó a un grupo de periodistas y comunicadores del Pacífico a tener contacto y escribir sobre una de estas comunidades. Esto fue lo que vi:
Consejo Comunitario de San Antonio de Yurumanguí
Eduardo Congo y Juan García son negros y se ganan la vida aserrando. Dicen que viven en San Antonio de Yurumanguí, pero cuando hablan del tiempo que les toma hacer el trabajo para sobrevivir, uno deduce que su permanencia no es habitual allí, y cuando explican los pormenores del aserrío se transfiguran en hombres verde-selva desafiantes de la naturaleza, a la vez que desafiados por ella.
En efecto, la selva donde cortan madera o punta de trabajo se ubica en la cabecera de la quebrada la Yuca ubicada a dos días en potrillo, pequeña canoa que se empuja con palanca y canalete. De San Antonio se embarcan a las cinco de la mañana, llevando sol y lluvia, hasta un rancho para dormir de cinco a seis de la tarde; al día siguiente retoman la travesía y navegan para llegar a las siete de la noche. Es un viaje a palanca, lento y peligroso, pues algún palo puede naufragarlos y perder la gasolina, el aceite, las motosierras, la herramienta y el mercado.
El viaje se programa a los tres o cuatro días después de luna llena, para iniciar el corte en la menguante, es casi una ley que, dicen, evita que la madera se pudra y la polilla la invada. Antes ya han conversado con el comprador de madera que les fía la comida y los insumos.
La madera que cortan la llaman revuelto, esto es, que la selección es mínima: Sande, güino tangare, pavey, anima, carrá, chamí, algarrobo, chaquiro, guayacán, trapichero, amarillo, caimito, jigua negro, jigua amarillo y hasta peine amarillo para cielo raso, “entre otros muchos, diga”.
Según sea la distancia en que estén los árboles pueden cortar en un día hasta 25. El segundo día, cortan las ramas de los árboles caídos y miden en pulgadas (con un instrumento llamado jaiba) por tres metros las trozas, y el tercer día las mochan. Esto es, en tres días pueden tener un bruto de 75 trozas. Para hacer este ejercicio se gastan aprox. 5 galones de gasolina mezclada y una garrafa de aceite quemado, con un valor de $80.000=
Del cuarto día en adelante el trabajo es pelar las trozas, arreglar el zanjón para llevarla hasta la quebrada y balsearla hasta el aserrío Papayo, a una semana de distancia.
Si el promedio de cada troza son 20 pulgadas de diámetro y venden la pulgada a $1600=, y tienen 75 trozas, dos aserradores recibirán la suma de $2’400.000=, esto es, $1.200.000 para cada uno, muy poco, por eso, el mínimo que se debe cortar son 150 trozas en 50 árboles (la pérdida se calcula en 30%), porque el meollo no está en el corte que hacen en cuatro o cinco días, sino en el transporte que incluye hacer los zanjones hasta la quebrada donde amarran las trozas, ejercicio que puede durar hasta cuatro meses, según sea el terreno y según sea la cantidad de agua lluvia que caiga, pues la madera se liquida puesta en el aserrío.
Entonces ese $1.200.000= se debe dividir en cuatro meses y a cada aserrador le corresponderán $300.000= mensuales, que gasta en comida y viche.
Esta explicación es para demostrar que el “aprovechamiento forestal” no es negocio para el aserrador, quien, además, arriesga su vida; muchos de ellos mueren o quedan heridos por la patada de un árbol al caer, o porque choca con otro y una rama inesperada cae en su cabeza. Como es un trabajo de fuerza, teniendo en cuenta el peso y el ruido de la motosierra y el palanqueo que deben hacer parar arrastrar las trozas, la vida útil de un aserrador es hasta los cuarenta años, edad en que comienza a sentir las dolencias, la artritis y el reumatismo, entre las enfermedades comunes. Antes era peor, pues se cortaba con hacha. Para el aserrío, en cambio, sí es negocio, porque venden seleccionada la madera a un precio mayor.
Les pregunté que si cortar madera es mal negocio e insalubre ¿Por qué se dedicaban a esto? La respuesta fue al unísono: “No hay más para ganarse la vida honradamente, es lo que nosotros sabemos hacer”.
Caminé entonces hasta donde Melquiades Mina Rosas, un hombre de 64 años de edad conocido como Monguito, esposo de Benita Cangá, una bella mujer cantaora de currulao. Ellos son optimistas porque participan de la organización comunitaria y tienen una historia de amor muy bonita: Se enamoraron desde la escuela, pero Monguito no fue del gusto de los suegros; entonces se fue de su tierra y cada uno hizo su familia por aparte. A los treinta años volvió a San Antonio de paseo y ella estaba sola, había podido sacudirse de su esposo borrachón, y se volvieron a enamorar. Monguito, con dolor en el alma, regresó a Cúcuta y le dijo a su esposa y a sus hijos que se regresaba a su tierra, que allá lo esperaba Benita. Y ya tienen más de 25 años juntos.
Dice Monguito con su voz gruesa que “a mí me tocó cortar madera con hacha, es un trabajo muy duro que hacíamos en el tiempo en que cada familia vivía en las orillas. Nos reuníamos aquí en la iglesia en Semana Santa, el día de San Antonio y en diciembre a hacer mingas para la comida y el viche. Cuando regresé aquí a juntarme con Benita ya estábamos en comunidad”.
En su tiempo de infancia la pesca era abundante y se cazaba con escopeta y se armaba el yapó (una especie de trampero). Se criaban cerdos y pollos en la finca. Así explicaba: “Los hitos de la finca tienen nombres. Por ejemplo, ceja es donde termina el sitio de sementera y empieza el monte blanco; el monte blanco es el monte domado que se socola y se siembra; se vuelve monte amachado cuando se deja enrastrojar por varios años para que se refresque. Y la selva era el baldío que fue lo que se nos tituló con la Ley 70 de 1993”. Cuando fuimos de paseo a una de las playas del río Yurumanguí, me señaló los hitos y me explicó “in loco” viendo los cultivos en una de las vegas.
“¿Y la agricultura y la cría de especies menores si les da para vivir?”, le pregunto interrumpiéndolo. “Para ganar los pesos se cortaba madera en la selva. Pero antes de entrar rezábamos un padre nuestro y nos hacíamos la señal de la cruz; otros barequeaban”. Como la comercialización de sus productos sigue siendo costosa por el transporte, cada familia tiene una economía de subsistencia y se practica el cambio de mano y la minga, pues el dinero sigue siendo escaso. “Hace 25 años llevábamos chontaduro a Buenaventura, pero por las fumigaciones con matamalezas le entró plagas y se acabó definitivamente, ahora la situación es más dura”.
Precisamente, hace 25 años, en 1993, se aprobó la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras. Es un tema que he trabajado por años y pregunto a Tatiana Mina, la profe de artística del colegio ¿Quién me puede hablar de la historia organizativa del río? Me dice “llegue hasta aquella casa de la esquina, ahí voltea y pregunta por la casa de Enelia, es la misma señora que usted vio celebrando la misa esta mañana”.
La casa es de dos pisos, es de madera y algunas paredes de ladrillo, por lo que supongo que la comunidad ha sido beneficiaria de proyectos de mejoramiento de vivienda. La llamo a lo chocoano: “Tun, tun, Doña Eneeeelia”. Y su voz fuerte responde: “Ya voooy, nada más siiiiga”. Llego a la sala de donde se ve la cocina con una pared adornada de ollas brillantes, como recién compradas, entonces me reitero en la “obsesión” que tienen las mujeres negras hogareñas desde el norte del Chocó hasta el sur de Nariño en contra del hollín.
“Esta mañana la vi celebrando…” Sin dejarme terminar dice, “soy la catequista y me encargo de las celebraciones cuando no viene el sacerdote. Nosotros pertenecemos a la parroquia de Puerto Merizalde ubicada en el río Naya, yo trabajo en un hogar comunitario, y soy profesora de religión en el colegio de San Antonio”.
“Me dijeron que usted podía hablarme del proceso organizativo del río Yurumanguí…”
“Sí, aquí nos organizamos en la Asociación Popular Negros Unidos del Río Yurumanguí (APONURY) y la creamos el 30 de enero de 1991. Días antes los catequistas recibimos una carta del padre Joaquín Mayorga, párroco de Puerto Merizalde, para que le informáramos a todos los pobladores que se iba a realizar una asamblea organizativa en la iglesia de San Antonio. Los catequistas mandamos la invitación a las 12 veredas de este río, estábamos movilizados”.
Tal vez nunca hubo mejor oportunidad política para la organización de los pueblos negros. A nivel nacional estaba sesionando la Asamblea Constituyente y era preciso que los derechos territoriales y étnicos del pueblo negro se elevaran a norma constitucional. La marea negra se organizaba en todo el Pacífico. En Bogotá organizaciones negras se tomaron la Embajada de Haití; en el Chocó se tomaron la catedral de Quibdó y desde todas las regiones se mandaron miles de “telegramas negros” (el antecesor del Twitter, pero en papel) a los constituyentes.
Enelia recuerda que Jorge Aramburo era profesor en Las Juntas, cabecera del río Yurumanguí, y en vísperas de la asamblea llegó a San Antonio, pero su ruta era el río Cajambre. Enelia le habló de la necesidad de que estuviera presente y si era el caso presentara su nombre para dirigir la organización que se creara. Así fue, Jorge Aramburo regresó al día siguiente y se convirtió en el primer presidente de APONURY; desde ese día es un dirigente negro influyente en el país conocido como Naka Mandinga.
Después de tres días de deliberaciones se nombraron los demás miembros de la organización: como secretaria eligieron a Enelia Caicedo Castro y su suplente fue Lino Campo; como tesorera Delfa Soliman (murió en julio de 2018), vicepresidente fue Edilberto Díaz (ya fallecido). El papel de los catequistas fue fundamental, por eso Enelia resalta el papel de Nicolás Valencia.
Las tareas que mandató la asamblea fue la creación de mayor conciencia, para lo cual programaron recorridos por las 12 veredas del río Yurumanguí llevando el mensaje de la reivindicación de los derechos territoriales y étnicos del pueblo negro.
Cerrando la constituyente, el 4 de julio de 1991, el fracaso de los derechos negros era inminente, pero entonces a través del constituyente Francisco Rojas Birry y los asesores externos de la causa negra entre los cuales estaba Nevaldo Perea, se logró en último minuto la aprobación del artículo transitorio 55 que mandató en dos años redactar una ley para las comunidades negras, a través de una Comisión Especial. En este nuevo proceso se gestó el Proceso de Comunidades Negras – PCN, de la cual APONURY fue una de sus gestoras, y hoy es parte fundamental.
Con el decreto 1745 de 1995 que reglamentó la titulación y la forma organizativa de las comunidades negras de la Ley 70 de 1993, se creó el Consejo Comunitario Mayor del Río Yurumanguí con un título colectivo de 54.776 hectáreas; los consejos comunitarios locales en las doce veredas que lo conforman son: Veneral del Carmen, Papayo, San Antonio, Primavera, Barranco de Reyes, San José, San Antoñito, El Águila, San Miguel, El Encanto, San Jerónimo y Juntas. Si bien la Ley 70 exigió para los asuntos legales la figura del Consejo Comunitario, la asamblea del río Yurumanguí mandató continuar con la APONURY como organización política.
Dice Enelia: “La actual presidente de APONURY es Dalia Judith Díaz Caicedo. Respecto al Consejo Comunitario Mayor del Río Yurumanguí el actual representante legal es Graciano Caicedo a quien nosotros le decimos Gacho… -se pone pensativa-, pero sólo una mujer ha ostentado este cargo, ella se llama Dalia Mina Valencia”.
APONURY y su Consejo Comunitario Mayor ha tomado decisiones trascendentales, como prohibir la minería mecanizada en la cuenca del río, promover la conservación de los bosques y de los ríos y prohibir la siembra de coca. A los actores armados se les ha confrontado y se les ha dicho que no pueden permanecer en los poblados y sitios públicos. Hoy, al río Yurumanguí pueden llegar proyectos de conservación de sus bosques como aporte a la reducción de los gases tipo invernadero ¿Esto qué significa?
Bosques Territorios de Vida
En Colombia llegó el pomposo nombre de Reducción de Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), y que ahora aterrizó a Bosques Territorios de Vida, un nombre más amigable con las acciones incluyentes que pretenden implementar para evitar los altos niveles de deforestación, según las siguientes líneas:
1) Valor social del bosque, 2) Desarrollo de una economía forestal para el cierre de la frontera agropecuaria, 3) Gestión transectorial del ordenamiento territorial y los determinantes ambientales, 4) Monitoreo y control permanente y 5) Generación y fortalecimiento de capacidades legales e institucionales y financieras. Esta iniciativa la lidera en Colombia el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM con apoyo de GIZ, ONUREDD, Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques, Banco Mundial y Fondo Acción.
Sin embargo, el enemigo mortal del programa es el escepticismo del Estado, políticos y hasta cooperación internacional en las organizaciones de las comunidades étnicas para administrar recursos siendo gestores de su propio etnodesarrollo; así mismo, sectores del propio Estado que, como ya se dijo, impulsan e imponen políticas de economías extractivistas que destruyen el entorno y sus posibilidades de recuperarse.
Ya vimos que en campaña electoral se prometió NO al Fracking… y tan sólo un mes después de la posesión la ministra de Minas anunciaba el Fracking en el Magdalena Medio. No hay que ser ingenuos, hay una demanda internacional por lo verde y Colombia juega a las posibilidades del negocio involucrando, como dicen, a las comunidades negras e indígenas, pero al mismo tiempo Colombia exporta recursos naturales mediante el extractivismo, ¿Cómo entender este anacronismo? O Colombia se puede volver un país conservacionista, aprovechando los negocios que se deriven del bosque, o lo verde se vuelve parte de la economía extractivista sin que le quede nada a las comunidades, haciendo las veces de guardianes y no de gestores y dueños de su Territorio.
Reglamentar el capítulo VII de la Ley 70 de 1993
El Gobierno puede hacer aportes sustantivos en el fortalecimiento de las formas de gobierno y administración del territorio de las comunidades étnicas como las del río Yurumanguí. Por ejemplo, dar vía libre a la reglamentación del capítulo VII de la ley 70, “Planeación y fomento del desarrollo económico y social” que en este momento está en discusión desde el artículo 47 hasta el 59, excepto los artículos 57 y 57 que ya están reglamentados.
El agua tibia de que las comunidades étnicas son por naturaleza conservacionistas mediante la implementación de prácticas probadas ya había sido “normativizada” en 1993, pero hasta ahora ha sido imposible que a los Consejos Comunitarios les aprueben sus planes de Etnodesarrollo, precisamente porque 25 años después ha sido imposible su reglamentación.
Los programas conservacionistas y de aprovechamiento comercial del bosque no pueden pensarse como proyectos, deben convertirse en políticas estatales que se implementan desde la gobernanza y la autonomía de los pueblos, deben ser parte integral del gobierno propio y debe solucionar los problemas de Necesidades Básicas que todavía persisten, de salud, educación y el derecho a vivir en paz.
Eduardo Congo y Juan García no quieren cortar madera, no quieren perecer en la soledad de una montaña ni que esta sea culpable de sus dolores reumáticos. Tampoco quieren dejar solas a sus familias por meses. Y como ellos, miles de aserradores en el Pacífico tienen el mismo anhelo. Si hay alternativas económicas saludables para ellos, es posible que el bosque sea una fuente desde la vida y no desde su muerte.
Créditos fotos
Foto aserradores: David Fayad/Bosques Territorios de Vida
Fotos río, cantaoras, Enelia, Eduardo y Juan: Jesús O Durán
Foto montaje: Pedro León Durán