En Tumaco la paz ciudadana NO es mafiosa

Es vital, cuidar, incentivar, legitimar los pactos locales de paz y convivencia.

En Tumaco la reducción de las violencias criminales de los últimos meses es resultado de procesos de movilización social de largo aliento. La fuerza y resiliencia de las organizaciones sociales y gremiales del puerto, son la columna vertebral de trabajos locales de negociación política de conflictos que contribuyen a construir una paz sostenible y duradera. Por ello es erróneo y social y políticamente incorrecto afirmar que estos pactos representan una “paz mafiosa.” 

“Con tanta historia y tantos aportes que le ha hecho al país, Tumaco ahora sólo aparece como la capital de la coca, como una ciudad dominada por las mafias, e incluso como la tierra de un personaje como Guacho, a quien la prensa terminó dando más poder.”   Testimonio de una líder local.

En los últimos días he recibido llamadas de personas y organizaciones sociales de Tumaco, preocupadas por las visiones parciales, y en ocasiones, estigmatizantes que se producen y difunden sistemáticamente sobre el puerto. Aunque ninguna de esas voces desconoce la complejidad de las actuales y las históricas condiciones del municipio, sí consideran que estas perspectivas, producidas generalmente desde los centros económicos, políticos y culturales del país, particularmente desde medios de comunicación, tienden a sobredimensionar y simplificar delicadas situaciones que se viven en el Pacífico colombiano. Así sucede con temas como el crecimiento de los cultivos ilícitos; la producción y comercialización de coca; la presencia y dominio territorial de organizaciones armadas y criminales, o el mismo poder de personajes y agrupaciones delincuenciales en la región.

Además, las imágenes reiteradas sobre Tumaco desestiman, e incluso deslegitiman, los trabajos y esfuerzos que desde varias décadas atrás vienen realizando organizaciones y movimientos sociales por la convivencia, el bienestar, y el buen vivir, en esta y otras zonas de la región, y que tuvieron un escalamiento después de los Acuerdos de Paz con las FARC. Acuerdos que, de hecho, generaron vacíos de poder, y nuevas disputas entre diferentes grupos armados e ilegales por territorios y comunidades en la zona. Inclusive estas afirmaciones desconocen las acciones y costos que han tenido que pagar la fuerza pública y algunas instituciones locales de justicia y defensa por los derechos humanos, porque como lo mencionaba un líder el municipio “aunque aún hay algunos puntos críticos y la situación rural es diferente, sería difícil desconocer que la presencia de las Fuerza Pública ha sido determinante para bajar el ánimo de las pistolas.”

Por ejemplo, en un artículo reciente sobre Tumaco,[1] aunque se ofrecen informaciones y testimonios importantes y sustentados, en el desarrollo del texto se da a entender que los avances logrados en los pactos de convivencia diseñados y gestados por organizaciones sociales del casco urbano (que han logrado disminuir los asesinatos y violaciones a los derechos humanos en los últimos meses), fueron en realidad producto de acuerdo entre las mismas organizaciones criminales que, en últimas, son las más favorecidas por esos acuerdos, y de paso ponen en mayor riesgo a los líderes sociales.

Este tipo de representaciones no solo hace ver a las organizaciones y líderes “como títeres o juguetes de los armados”, como me lo dijo un dirigente gremial de la ciudad, y de paso les quitan su acción y fuerza ciudadana; sino que desconocen los complejos órdenes sociales que se han producido en zonas con precarias presencias, y recurrentes  ausencias de las instituciones del Estado, como ha sucedido en el Pacífico colombiano.

Además, este tipo de insinuaciones ponen de presente nociones de paz, de tipo maximalista e idealistas, que olvidan la persistencia y densidad de problemas económicos, políticos y culturales generados por formas de desarrollo desigual, inequitativas y excluyentes, así como de históricos problemas de representación política y cultural, que son características de vastas regiones distantes de los centros del país. Incluso, ponen en entredicho las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que propenden por arreglos de convivencia que pueden desacelerar y reducir dinámicas violentas y armadas. Iniciativas, que salvan muchas vidas, principalmente de jóvenes y líderes sociales que desde varias décadas atrás claman por alternativas de reconocimiento e inclusión.

Por lo anterior, quizá es importante recordar que la organización social y cívica en Tumaco tienen una larga tradición, e incluye movilizaciones que datan de los años 30, y tiene en el Tumacazo,[2] un referente local de lucha social que aglutinó a líderes que se organizaron alrededor del Comité Cívico Tumaco Alerta S.OS. para luchar contra el olvido del Estado y la nación. Ni qué decir de recientes iniciativas ciudadanas como la del Comité Cívico Tumaco por la vida y la Justicia, liderado por organizaciones sociales de base, grupos juveniles, universidades, la Cámara de Comercio y las iglesias católica y cristiana, que se oponían a los asesinatos, amenazas y violencias en el puerto, o del Colectivo  Ciudadano Tumaco Por la Vida, que promueve la solidaridad, la defensa de la vida y la reconciliación de los tumaqueños, y ha fortalecido las acciones de resistencia pacífica de organizaciones sociales que rechazan todas las formas de violencia urbanas y rurales, de todos los bandos y actores.  

Con el riesgo de dejar por fuera a muchas organizaciones e iniciativas, es importante que personas e instituciones de otras zonas del país sepan que en Tumaco hay una impresionante red de organizaciones y gremios que trabajan por la vida, la paz y el bienestar en esta región, tal y como sucede con líderes de Juntas de Acción Comunal de barrios del puerto que fueron determinantes en los recientes pactos y en previas negociaciones con grupos armados,[3] o Recompas, que agrupa a 15 Consejos Comunitarios y promueve la paz, el desarrollo organizacional, social, económico y ambiental de las comunidades negras en el Pacífico Sur; o el Palenque Urbano que se ocupa de delicados asuntos como la violencia juvenil, el consumo de sustancias psicoactivas o la conservación de las culturas y tradiciones negras y afros; o los ejemplos de resistencia y dignidad de Consejos Comunitarios como los del Alto y Bajo Mira, que han padecido la presencia permanente en sus territorios de diversas organizaciones armadas, y han sido objeto de múltiples asesinatos, amenazas, vejaciones y desplazamientos masivos hasta tiempos recientes.

Cómo hablar de una paz mafiosa cuando los pactos realizados han sido promovidos además por la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, que hace parte del equipo que lidera el actual Comité Cívico Tumaco por la Vida (CCTV), y ha brindado constante ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables de esta región. Además, desde la Casa de la Memoria aporta a la construcción de paz y reconciliación manteniendo vivo el recuerdo y legado de víctimas del conflicto armado y social. Comparte también ese liderazgo del Comité Cívico, la Cámara de Comercio (CCT), que en este municipio se ha involucrado a fondo con las problemáticas sociales y culturales, al tiempo que apoya la difícil labor de empresarios y comerciantes de la ciudad, así como el desarrollo de empresas y emprendimientos que dan prioridad a la actividad de más de 2.000 empresarias y de más de 50 organizaciones lideradas por mujeres, en temas culturales, de valores y derechos humanos.

No se puede dejar de referir a gremios y asociaciones de los sectores palmero, cacaotero, del coco, de pescadores y de concheras y recolectoras, que realizan incansables acciones para cuidar e incrementar los ingresos y la calidad de la vida de miles de familias ubicadas en las zonas rurales y el casco urbano. Entre ellas están Palmasur, Agrofortaleza y Agrocaunapi, que representan a más de 245 familias de pequeños y medianos productores de Palma de Aceite, y en último mes, con el apoyo de Cordeagropaz y CCTV y CCT, lograron un plan de alivio con el Ministerio de Agricultura para refinanciar y amortizar sus millonarias deudas, respondiendo al clamor que venían haciendo los cultivadores locales desde hace varios años, o nuevas organizaciones como Agrofuturo, Agropalcar y Agrofortaleza el Mira, Asoanes, Agrorenacer, Agromira, Agromares y Agrocajapi  que representan a más de 400 familias, todas ellas comprometidas por mantener sus proyectos productivos y sociales en la región.

Ni que decir de la acción de las asociaciones de cacaoteros que han logrado reactivar esta actividad agrícola en el Pacífico Sur y reúne a más de 12.000 familias en dos organizaciones campesinas: la Asociación Chocolate y Comcacao SAS. O la importante acción de la Federación de Coco que ha contribuido a dignificar y mejorar la situación del sector y ha logrado dejar en manos de los cultivadores la comercialización del 60% de su producción; o las Asociaciones de Recolectoras y Concheras que aglutinan a más de 1.500 mujeres que son el sustento principal de sus familias en la zona urbana de Tumaco.

Tampoco se puede dejar de referir el trabajo de organizaciones de y para jóvenes como Los Jóvenes de la Junta de Acción Comunal Avenida las Palmas, que trabaja temas culturales, ambientales, de cultura ciudadana, y tienen un club de lectura; o Fundarting Tumaco y Asobocagrande, que abanderan iniciativas de conservación y protección ambiental y social, o la Fundación Tumac, Casa Lúdica, la Escuela de Música, y Pacific Dance que utilizan el arte y la cultura para brindar alternativas de vida y rescatar a jóvenes involucrados en el conflicto y las actividades ilegales.

No se debería dejar pasar por alto el trabajo de la Escuela Taller, que contribuye a construir cultura de paz y ofrece alternativas de formación para que los jóvenes encuentren en los oficios tradicionales como la cocina y la construcción alternativas para generar ingresos y mejorar su calidad de vida; o la labor de empresarios y comerciantes que recientemente se han sumado a iniciativas de memorias que aportan a la comprensión y complejidad de las interacciones y vínculos de estos sectores sociales con el conflicto armado de la región;[4] o la acción de fundaciones y empresas que tienen en el puerto más de 40 escuelas de deporte y de fútbol como CaliMio, la Pacífico, el Club Deportivo Once, o la Escuela Anzoátegui,  que apuestan a sacar a jóvenes de la pobreza y arrancárselos a la guerra y a los negocios ilegales, que para decirlo sin rodeos, representan opciones de presente y futuro para muchos de ellos.

Este rápido, y por supuesto, incompleto paneo, permite ver que a pesar de la dureza del conflicto, del desconocimiento del Estado y la nación, de los impactos medioambientales  y sociales de los negocios y economías ilegales, en Tumaco hay una gran riqueza de organización y movimiento social, que no solo se resisten a la pobreza, la inequidad y la desconexión del país y del mundo, sino también a ser encasillados y estigmatizados, con los efectos que ello tiene no sólo en la economía local, sino también en los procesos políticos, sociales y culturales del municipio, y sobre todo en la defensa y conservación de la vida, y sobre todo de una buena vida.

Por todo lo anterior, es erróneo e incluso sociopolíticamente incorrecto caracterizar los avances de convivencia y paz gestados por las organizaciones ciudadanos en Tumaco, como una “paz mafiosa”. La participación de la sociedad civil y organizaciones sociales en la negociación de conflictos y pactos de convivencia, no deberían ser desestimadas, ni cuestionadas. Como aquellos oasis o flores que crecen en medio del desierto, es necesario cuidarlos, incentivarlos y llenarlos de legitimidad, pues representan importantes ejemplos de innovación social realizados por organizaciones y ciudadanos en la búsqueda de la convivencia y la negociación política de conflictos, que pueden, desatar procesos más sólidos, duraderos y sostenibles de paz