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Resulta importante no olvidar las palabras del Padre Óscar Denis Torres, sacerdote afro de la Diócesis de Buenaventura, comprometido por años con una pastoral social cercana a la gente: “lo que aparece en los periódicos es la consecuencia del trabajo que se hace en las bases”.

¿Jugar o cambiar el tablero?

Hay eventos sociales y políticos que no solamente ocurren en unas reglas de juego ya dadas, sino que cambian el juego, introducen en éste otros elementos, formas, emociones y relaciones insospechadas. Lo reinventan.

El significado histórico de dichos eventos debe evaluarse, entonces, no sólo desde cómo cambia la ecuación entre lo que sucede de facto, y lo que debería ser de acuerdo a un ideal normativo pre-establecido de jure(en la Constitución o las leyes de la República, por ejemplo); sino de cómo se crean o afianzan en el proceso nuevas prácticas, nuevas formas de relacionarse entre la gente y con su territorio, nuevos espacios institucionales para incidir en la vida colectiva, nuevas formas de pensarse y de actuar como “pueblo”, como comunidad.

El Paro Cívico en Buenaventura como evento fechado (entre Mayo 19 y Junio 6 de 2017), y como proceso organizativo que viene de antes y aún continúa, es uno de estos acontecimientos: no solamente se trata del acuerdo programático con el gobierno nacional con el que se levantó el Paro hace casi dos años, y su grado o no de cumplimiento según la “normatividad vigente”, que es por supuesto un nivel clave del análisis al hacer un balance (al cual volveré más adelante); se trata también de un cambio en lo que la gente en Buenaventura siente y piensa que puede hacer como comunidad, como pueblo; un cambio en la actitud, en la disposición, en el deseo colectivo, y en la forma en la que participa la gente en esa tarea que es “la política”, en su sentido más noble, como la construcción de un mundo en común con otros; y en esa tarea que es la “construcción de paz” en un escenario de post-acuerdo. Una sacudida en el tablero de ese juego: un cambio en la idea de lo que allí se puede hacer, se puede pensar, se puede lograr.

Enfatizo esto, porque hay un riesgo en que la intensa absorción del proceso político del Paro Cívico en la siempre tensa y algo desgastante negociación con el gobierno de turno en el proceso de hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo convertido en la Ley 1872 (del 18 de Diciembre de 2017), termine acorralando a este admirable proceso político del que el país tiene mucho que aprender, en la estrechez de las reglas de juego viejas, debilitando su demostrado potencial transformador de cambiar el tablero de juego.

 

¿Cómo cambió el tablero?

El “acta de compromisos” que registra el acuerdo entre las partes con el que se levantó el Paro en Junio 6 de 2017, tras 21 días de intensas negociaciones entre el gobierno nacional y los representantes de la comunidad, tiene algo de usual, y mucho de novedoso.

Lo usual en el caso de este tipo de acuerdos: fija unos compromisos en torno a algunos ejes programáticos de ejecución de política pública para cerrar brechas de desigualdad profundas, con unos plazos, y unas áreas de intervención prioritaria (en este caso cinco: infraestructura en salud, educación, y vivienda; acceso a agua potable, y apoyo a las economías locales). Pero también tiene mucho de novedoso, y creativo.

En términos de la estrategia de incidencia social del proceso político, el acuerdo contempla que lo pactado se eleve a ley de la República (no creo que sean muchos los casos como éste en la historia reciente de Colombia o la región), y además, que en esa Ley se incluyan los mecanismos de implementación y de seguimiento: por ejemplo, la creación de FONBUENAVENTURA (con una partida inicial de 1,6 billones para inversiones prioritarias en los ejes ya mencionados, y luego la garantía de respaldo presupuestal para los lineamientos del “Plan Integral de Desarrollo” a diez años); reuniones periódicas de seguimiento entre funcionarios del gobierno y los representantes del Comité, articuladas a mesas de trabajo en torno a los temas cruciales del gobierno de la ciudad (entre ellas, por ejemplo, la mesa de empleo y productividad, la mesa ambiental, la de educación, la de salud, la de cultura, entre otras).

Esta estructura institucional novedosa es un ejemplo admirable de articulación entre las organizaciones sociales y políticas de base (Cabildos, Consejos Comunitarios, sindicatos, y otras asociaciones gremiales y comunitarias; a la fecha son 210 organizaciones que convergen en la plataforma del Comité del Paro Cívico como proceso de incidencia social); las instancias gubernamentales a nivel local y nacional; y la gente, que tiene la puerta abierta para participar en las reuniones, asambleas, y mesas de trabajo.

Con todos los retos y dificultades que ello plantea, esta innovadora institucionalidad se ha puesto en marcha, con avances importantes en todas las mesas y los ejes programáticos (en unos más que en otras).

Antes de entrar en el detalle puntual de esos avances, hay que valorar la importancia del proceso: implica un cambio en la cultura política de una comunidad, pues abre espacios para que la gente pueda ser partícipe, e incidir, en cómo se gobiernan su ciudad y su territorio; espacios para que las decisiones de política pública no operen como ha tendido a hacerlo hasta ahora, en la intersección nefasta de dos lógicas: la lógica de la tecnocracia centralista (que gobierna sin atender a la gente en las regiones, sus experiencias, anhelos, sus saberes; lanzando directrices desde escritorios en Bogotá sobre cómo se deben hacer las cosas, sin escuchar a quienes se verán afectados por ellas); y la lógica de la corrupción mezquina que lleva a funcionarios locales y nacionales a usurpar los recursos públicos para el beneficio personal y de sus mafias.

De hecho, esta innovadora institucionalidad política de auto-gobierno de la gente sobre su territorio con miras a defender lo común, ha operado de manera paralela a gobiernos locales cuestionados y judicializados.

La importancia y el alcance del proceso: Haber logrado introducir otra forma de gobernar sobre uno de los territorios más golpeados por todas las formas de desigualdad y de violencia en la historia de Colombia.

Haberle exigido a un Estado históricamente indolente, articularse con los anhelos, necesidades y creatividad de la gente que habita ese territorio, para así gobernar de otra manera.

Otra lógica y otras prácticas de gobierno son posibles, y se construyen desde la gente y con la gente: escuchando y no imponiendo.

Esa es una lección en cultura política muy valiosa de este proceso para todo el país.

Más aún: sólo así se construye paz duradera. Pues este proceso, que se remonta más atrás a la marcha del 19 de febrero de 2014 y muestra así una gran constancia, perseverancia y laboriosidad, ha sido siempre un proceso por la paz: para vivir en paz y dignidad en el territorio.

 

Lo simbólico y lo material

La capacidad de ejercer presión en la negociación con el gobierno del proceso del Paro Cívico quedó demostrada hace apenas algunas semanas cuando, con la mediación de la gestión de la bancada parlamentaria del Valle unida, se logró incluir un artículo (el 265) en el Plan Nacional de Desarrollo cuyo presupuesto había inicialmente dejado por fuera una partida para el cumplimiento del acuerdo convertido en la Ley 1872.

Es decir, un Plan Nacional que actuaba, en ese sentido, en contra de una Ley.

La estrategia funcionó, y el Comité del Paro Cívico celebró una nueva victoria en esta larga lucha.

Esta fuerza en la negociación con el gobierno tiene otra fuente que no es solamente la estrategia política del movimiento: es el entusiasmo colectivo de una comunidad emocionada por encontrarse a sí misma, y unos a otros, para defender y cuidar de lo común. La emoción con la que los bonaerenses salieron a las calles hace dos años, y siguieron las transmisiones de televisión de las discusiones en la mesa de negociación, y se emocionaron y conmovieron al ver a sus representantes argumentando con un nivel de información sobre temas jurídicos, legislativos, contextuales, que rebasaba en ocasiones al de los funcionarios del gobierno. Es ese proceso como escuela de participación ciudadana de la que venimos hablando.

El reto del Comité del Paro Cívico está, también, en mantener vivo ese entusiasmo, la cohesión que propicia, y la fuerza política que de ahí se deriva.

 

Para ello, la estrategia del Comité ha consistido en intentar mantener informada a la gente sobre los avances de la implementación: ya se ha mejorado la infraestructura de 22 escuelas, de las 220 instituciones educativas del municipio (cada una de las cuales implica una inversión de alrededor de 150 millones de pesos); se ha presentado ya la propuesta de un Decreto para reglamentar la jornada de los trabajadores portuarios; el diseño acordado con representantes de la comunidad para la construcción de un nuevo estadio, el Mariano Clinger, está listo; se ha abierto investigación a funcionarios de anteriores administraciones por malversar el uso de los recursos públicos conseguidos en los acuerdos del Paro. Estos entre otros avances puntuales, significativos.

Quizás la paradoja, es que la gente percibe este tipo de comunicación como muy parecida a la del discurso político-electoral o político-gubernamental tradicional; en todo caso, es una comunicación que muy fácilmente cae presa de la desconfianza de la gente hacia ese discurso, y hacia las lógicas en las que ha operado.

Quizás la gente no se emociona tanto por este reportaje sobre las obras cumplidas o aún por cumplir tendientes a mejorar sus condiciones materiales de vida, sino por otros gestos y actos de carácter simbólico: como por ejemplo, el partido de fútbol entre comunidad y policía como gesto de reconciliación que también hizo parte de las actividades de conmemoración.

El reto para el proceso es, entonces, seguir hablando esos dos lenguajes: el de la política tradicional (eficiencia, obra, cumplimiento) en la normatividad vigente, en su diálogo con el gobierno; y otros lenguajes (palabras, acciones, gestos, relaciones, afectos), en su comunicación con la gente y entre ellos, que sigan cambiando el tablero de juego: el entusiasmo colectivo de imaginar que otra forma de gobernar, que otra forma de ciudanía, y que otra forma de vida en común, son a la vez necesarias (por tanto sufrimiento vivido), y posibles (por tanta creatividad colectiva aún por venir).  

De ahí la importancia de no olvidar las palabras a mi parecer muy sabias del Padre Óscar Denis Torres, sacerdote afro de la Diócesis de Buenaventura, comprometido por años con una pastoral social cercana a la gente: “lo que aparece en los periódicos es la consecuencia del trabajo que se hace en las bases”.