Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Ante los hechos ocurridos en Buenaventura y El Chocó, es fundamental plantearse soluciones para Tumaco, un municipio que está en las mismas o peores condiciones que sus vecinos. Ante esto propongo 5 acciones iniciales para afrontar los problemas que se viven en la costa pacífica Nariñense.
Tumaco es un puerto maravilloso. Es un centro cultural, turístico y productivo fundamental para el desarrollo no solo de Nari?o, sino del país. Sin embargo, todas las ventajas y posibilidades han sido aprovechadas por la criminalidad, y no por el Estado, generando inestabilidad, inseguridad y violencia.
Por esto, se requieren no más lugares comunes, no más discursos y no más expresiones que ya suenan a clichés. Llegó el momento de hechos y acciones concretas a favor de Tumaco.
Las medidas deben ser pensadas y tomadas a corto, mediano y largo plazo. También deben proponerse y concertarse desde la ciudadanía y desde la región, y que no sean impuestas desde Bogotá.
Con el ánimo de aportar a las soluciones me gustaría proponer estas 5 medidas iniciales. En la próxima entrega expondré otras cinco propuestas.
1. Militar. Presencia militar total, con inteligencia y contrainteligencia, con renovación de mandos y de cuerpo militar cada seis meses con el fin de evitar cualquier tipo de injerencia ilegal, con la vigilancia y supervisión de la defensoría del pueblo y órganos internacionales de derechos humanos. Esto con el fin de garantizar los derechos y evitar abusos, pero con el fin de defender el territorio de la criminalidad. En conclusión, es fundamental un territorio sin cultivos ilícitos y sin puertos para la exportación del producto ilegal.
2. Productividad. Medidas de recuperación económica y beneficios de subsidios, o créditos para garantizar oportunidades económicas a todos los ciudadanos. Además promover una sustitución de cultivos ilícitos dialogada con los campesinos. Es importante resaltar que los proyectos productivos deben incluir la financiación para el fortalecimiento organizacional y en derechos de los sectores beneficiarios. Igualmente, se debe conformar una unidad técnica de formulación y gestión de proyectos con el fin de concretar los recursos.
3. Institucionalidad. Los problemas que se viven en Tumaco desbordan las capacidades institucionales locales y regionales. El Presidente de la República debería designar un enlace directo o un gerente en Tumaco, con el fin de coordinar a nivel municipal, regional y nacional las acciones adelantadas y articular todas las actuaciones administrativas que sean necesarias implementar. Se requiere de una unidad ejecutora que permita la ejecución correcta de recursos asignados. Salir del conflicto tiene que ver con la presencia estatal, del gobierno nacional.
4. Regional. Desde lo departamental no es suficiente una gerencia que está a cargo de un asesor del despacho del gobernador. Debe generarse una reestructuración administrativa que permita crear una sede alterna del gobierno regional, con el fin de tomar decisiones desde el lugar en donde están los problemas. Esto para alcanzar legitimidad y cercanía entre ciudadanía y gobierno regional. En este sentido, se requiere una descentralización desde el departamento. Por otro lado, es necesario pensar en una institucionalidad para Llorente, un territorio que ha desbordado la figura de corregimiento del municipio de Tumaco.
5. Educación. Fortalecer la educación en todos los niveles, crear condiciones de permanencia, cobertura y motivación para los ni?os y jóvenes tumaque?os. Aprovechar la presencia de la Universidad Nacional y de Nari?o para impulsar un dialogo entre academia y gobiernos, para establecer acciones concretas a favor del Municipio. Esto con el fin de definir prioridades y estrategias que deben tener sustento económico, social, político y académico.
Finalmente, Tumaco debería convertirse, no en la capital de la coca como lo tituló el periódico El Tiempo, sino en un centro de paz y de expresión de la institucional colombiana, en donde se garantice el derecho a la vida y se ofrezcan los mínimos servicios o bienes públicos que toda persona debe tener. En donde el estado debe superar a la criminalidad.