Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La coca en sí misma es un problema para la política anti-narcóticos de los Estados Unidos, no para Colombia.
La poca voluntad política del Estado para impulsar alternativas productivas serias en territorios como el litoral Pacífico incentiva los cultivos de coca.
Imaginemos por un momento que Tumaco, el municipio que según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci, 2017) concentra el mayor número de hectáreas de cultivos de coca en el país, por un hecho divino, o por decisión de los cultivadores, erradica de forma manual y sin fuerza todos los cultivos de coca.
Algo así como lo que sucedió en el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí en noviembre de 2007, cuando en un ejercicio de gobierno propio durante tres días, 253 habitantes, de forma manual y autónoma erradicaron 25 hectáreas de coca.
Imaginemos: cero hectáreas de coca en Tumaco, la comunidad internacional aplaude la medida, exhorta a otras comunidades a seguir el ejemplo y promete ampliar la inversión social a través de la cooperación en el territorio. Los Estados Unidos ratifican el compromiso de Colombia en materia de lucha contra las drogas y renueva las relaciones bilaterales, que tendían a dañarse a causa del incremento desproporcional de los cultivos de coca.
Las comunidades y antiguos cultivadores de coca han tomado una decisión valiente y de alto riesgo, han perdido al menos tres cosas que le eran fundamentales:
1. los cultivos de coca como la principal herramienta de interlocución política con el Estado 2. los proyectos productivos con incentivos perversos, que se implementan solo en los territorios donde hay cultivos de coca, 3. los ingresos seguros que generaba el cultivo y procesamiento de la coca.
A cambio, los cultivadores esperan que el Estado por voluntad de algún Santo, destine los recursos humanos, institucionales y económicos necesarios para superar la caída en los ingresos que deja la erradicación, y transformar el campo como lo propone el acuerdo de paz con las Farc.
Si por falta del milagro, voluntad política, por la regla fiscal o la corrupción el Estado no cumple, como ocurrió en Yurumanguí, donde tras la minga de erradicación manual y autónoma de 2007, la comunidad ha tenido que recurrir a la cooperación internacional para gestionar proyectos productivos de poco alcance, e incrementar el trabajo de sensibilización al interior del territorio para evitar que surgen nuevamente iniciativas de cultivos de coca.
La salida del territorio con más cultivos de coca del mercado, con el nivel de demanda existente, por regla básica del mercado aumenta el precio de la hoja de coca y con esto el incentivo de otros territorios a cultivar o aumentar sus cultivos, a la vez que siguen de cerca el cumplimiento del gobierno a las comunidades y cultivadores de Tumaco.
La cooperación internacional que promueve proyectos de desarrollo alternativo, a cambio de la sustitución se retira, sencillamente porque si no hay coca, no tiene sentido el programa; Al menos que se conviertan en apuestas que vayan más allá de la eliminación de la coca.
Si la respuesta del Estado supera los requerimientos de la situación en materia de presencia institucional y desarrollo de alternativas productivas como el turismo e impulso a la producción de cacao, que en medio de toda esta crisis se han posicionado a nivel nacional e internacional como solidas oportunidades de negocio y encadenamiento en Tumaco, otro será el final de la historia. De lo contrario nos abocamos a una peor degradación del conflicto social y armado con nuevos cultivos de coca, grupos al margen de ley, y pérdida de la poca legitimidad que aún tiene el Estado en la mayor parte del territorio nacional.
Finalmente, aunque simplista e idealista, la anterior narración muestra como la coca en sí misma es un problema para la política anti-narcóticos de los Estados Unidos, no para Colombia, ya que frenar los cultivos de coca para uso ilícito en cualquier territorio del país, destruir toda la economía ilegal que se genera alrededor, sin contar con la voluntad real del Estado por aumentar su presencia en esas regiones y apostar decididamente por promover mejores condiciones socio-económicas, más allá de contener o eliminar los cultivos de coca con programas de desarrollo alternativos y el uso de la fuerza, la horrible noche, no cesará.
