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Exfiscal, partido de gobierno y el Presidente encuentra el problema en el Acuerdo de paz y no en los términos que rigen el tratado de extradición entre Colombia y USA.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la petición de una Corte de USA de extraditar al exguerrillero Santrich por delitos de narcotráfico. Una de las reacciones más acaloradas ante esta decisión fue la renuncia del cuestionado Fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien respaldaba el pedido de extradición.
Con tono indignado y ademanes de molestia, el ahora exfiscal afirmó que dejó el cargo porque “Ha quedado herida de muerte la extradición”. Según Martínez, la decisión de la JEP atenta contra el Estado de Derecho, el cual defiende profundamente. Y para no ser cómplice de este atentado contra la democracia y contra los tratados internacionales, entonces decidió renunciar de manera irrevocable.
Similar tono ha seguido el partido de gobierno, quien considera que el Estado de Derecho y la institucionalidad está en crisis por esta decisión de la JEP. Por ello, propone una constituyente y también un referendo para modificar la JEP.
Exfiscal, partido de gobierno y el Presidente coinciden en querer modificar el Acuerdo de paz para así proteger el tratado de extradición y a la vez permitir el cierre jurídico del conflicto por los delitos cometidos hasta la firma del Acuerdo.
Es llamativa esta postura porque encuentra el problema en el Acuerdo de paz y no en los términos que rigen el tratado de extradición entre Colombia y USA. Consideran pertinente modificar el Acuerdo de manera que satisfaga el tratado, aún a riesgo de afectar el proceso de paz, en vez de ajustar el tratado al Acuerdo.
Esta postura es más llamativa aún porque implícitamente considera intocable el tratado de extradición cuando éste ha sido modificado múltiples veces e incluso negado.
Colombia suscribió un tratado multilateral de extradición en 1888, en el cual había mención al tráfico de sustancias como motivo de extradición. La extradición era por vía administrativa, a disposición del gobierno sin consulta con Corte alguna.
Colombia fue uno de los primeros países en suscribir tratados internacionales de lucha contra el crimen para atacar el delito más allá de las fronteras. En 1938 el Código de Procedimiento Penal establecía el trámite para aplicar la extradición.
En 1982, el presidente Belisario Betancur Cuartas anuncia que no extraditará por filosofía política. En 1983, La Sala Penal de la Corte conceptúa favorablemente varios pedidos de extradición, pero el gobierno los niega por conveniencia nacional.
En la Constitución de 1991, la extradición fue elevada a rango constitucional para negarla, o sea prohibió la extradición de nacionales con el propósito particular de lograr la entrega de los carteles de narcotraficantes. Y, en 1997, un acto legislativo habilitó nuevamente el mecanismo de la extradición por vía administrativa.
Como puede apreciarse el tratado de extradición, según las circunstancias políticas del país, históricamente ha sido modificado e incluso prohibido. Pero, no solo eso, el actual partido de gobierno ha llegado a afirmar que no existe el tratado de extradición entre Colombia y USA.
Ante el proceso jurídico contra el exministro Andrés Felipe Arias, por el caso de Agro Ingreso Seguro, varios miembros del Centro Democrático trinaron mensajes afirmando que “Colombia no tiene un tratado de extradición vigente con Estados Unidos”.
Resulta nuevamente llamativo que, ante declaraciones de este tipo, el hoy exfiscal no salió a decir que tales afirmaciones desconocían el Estado de Derecho y los tratados internacionales porque afecta más al Estado de Derecho la negación del tratado mismo de extradición, como lo han hecho miembros del partido de gobierno en el momento de defender a su copartidario Arias, que la negación de una extradición a cargo de una de las Cortes del país.
Los ajustes al tratado de extradición no han acabado con la institucionalidad en el país y la extradición misma no ha servido para terminar con el narcotráfico. Son años de extradición sin que merme el negocio de las drogas ilícitas.
En la etapa de implementación de una política los ajustes son constantes. En este caso es necesario ajustar el tratado de extradición a los alcances del Acuerdo de paz. Asunto que había sido considerado en el diseño mismo del Acuerdo. Por ello, la presencia del delegado de USA, Bernard Aronson, en la mesa de negociaciones en la Habana, especialmente en la discusión del punto solución al problema del uso ilícito de drogas.
Es razonable preocuparse porque bajo el manto de exguerrillero no anide el narcotráfico, pero la manera de lograrlo no pasa por seguir con los ajustes unilaterales al Acuerdo.
Para contribuir a mantener la muralla que separa a la reincorporación del narcotráfico es necesaria la investigación de las autoridades sustentada con pruebas adquiridas en el marco del Estado de Derecho colombiano. Esto fue justamente lo que la JEP dice que no presentó USA ni la Fiscalía en el caso Santrich.
