Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Con este dictamen queda claro que la realidad está muy lejos del discurso oficialista.
Foto de portada cortesía de Juan Fernado Ospina – Universo Centro
El pasado 11 de julio, el Consejo de Estado ratificó las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia en relación a la Acción Popular presentada por los señores Lucas Quintero y Luis Guillermo Mesa en contra del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín.
La Acción Popular, presentada hace casi dos años, no buscaba más que “la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la salud, a la salubridad pública y a los equilibrios ecosistémicos”.
En lenguaje coloquial, lo que Lucas y Luis Guillermo intentaron fue exigirle, tanto a la Alcaldía como al Área Metropolitana, que tomen decisiones que eviten que CUALQUIER DÍA DEL AÑO, cualquier estación de monitoreo, supere el color amarillo.
Como el lector quizás recuerde, esto no sucedió ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018, ni ha pasado en 2019, incluso, hemos llegado a escuchar al señor Secretario de Medio Ambiente de Medellín decir que hay días en los que incluso podemos hasta contaminar más.
En un pequeño paréntesis, es importante hacer memoria sobre por qué no deberíamos llegar nunca al nivel naranja: sencillo, porque en este estado el aire es tóxico para los denominados grupos vulnerables, es decir, para niños y ancianos, asmáticos y alérgicos, sus padres y sus hijos. Para, mal contadas, una de cada cuatro personas en el Valle de Aburrá. Y algo más, con esta decisión el color naranja puede derivar en la solicitud de desacato.
De vuelta a la razón de ser de este texto, es preciso hacer pedagogía sobre las medidas cautelares que confirmó el Consejo de Estado. Intentaré no ser demasiado ladrilludo.
Las medidas cautelares dicen que tanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como el Municipio de Medellín deben efectuar un monitoreo constante de la calidad del aire en los diferentes municipios del valle durante todo el año que posibilite adoptar medidas preventivas que impidan sobrepasar el nivel amarillo. Hasta aquí nada nuevo.
No obstante, en caso que una estación llegue nivel naranja, algo que no es propiamente excepcional, dichas entidades deben tomar acciones que permitan tanto mitigar los efectos perjudiciales como restaurar el nivel anterior. Así mismo, dichos organismos están obligados a informar a la ciudadanía sobre el estado de calidad del aire tanto en redes sociales como en sus sitios web.
Frente a las medidas tomadas por Alcaldía y Área Metropolitana, el Consejo de Estado advierte que muchas de ellas fueron instituidas varios años atrás y, que si bien pudieron contribuir en alguna manera al mejoramiento de la calidad del aire, lo cierto es que hasta la imposición de la medida cautelar, esto es el 20 de marzo de 2018, no han resultado del todo efectivas.
Estaciones como Metro La Estrella, Museo de Antioquia, Universidad Nacional y Casa de la Justicia han arrojado reportes poco favorables para los habitantes de sus alrededores.
Es decir, que si bien para el Consejo de Estado tanto el Municipio como el Área Metropolitana cuentan con medios tecnológicos que les permiten monitorear constantemente la calidad del aire en su territorio, no encuentra actividades concretas a corto y mediano plazo claramente definidas e identificables que permitan constatar que éstas sean aptas para prevenir reportes de niveles de contaminación que excedan al color amarillo.
A propósito del Pigeca, carta de navegación para la descontaminación del aire de este valle, el Consejo de Estado señala que “las entidades accionadas no dan cuenta de la implementación de alguna de las medidas contenidas en el Pigeca o su gobernanza y su correspondiente análisis técnico y científico del impacto generado en la calidad del aire del Valle de Aburrá y en qué medida se observa un cambio en los niveles de contaminación”.
Respecto a las acciones de choque necesarias para restablecer el nivel amarillo, que es el propósito del Poeca, el Consejo menciona que “pese a que las accionadas tienen diseñado un plan de mitigación y restauración para enfrentar situaciones de alta contaminación atmosférica, llama la atención de la Sala que las medidas adoptadas no han sido lo suficientemente eficaces”.
Y sobre obligación de informar a los ciudadanos sobre la calidad del Aire dice: “al revisar las páginas web del Municipio y del AMVA , encontró que en aras de brindar información a la ciudadanía sobre la calidad del aire, se remite al aplicativo SIATA, el cual, pese a su utilidad para dar cuenta a las autoridades ambientales sobre el estado de la contaminación, es poco amigable con el ciudadano del común, pues es de difícil entendimiento y manejo, razón por la que se hace necesaria la implementación de una forma de comunicación más elemental a cualquier persona, ya sea o no residente del AMVA”.
Así, como una suerte de síntesis, la Sala advierte que “si bien las entidades accionadas, dentro de sus competencias, han realizado gestiones encaminadas a mitigar la problemática objeto de estudio, lo cierto es que las mismas son insuficientes para efectos de dar una verdadera solución al caso concreto”.
La decisión del Consejo de Estado, sin duda, contrasta con el complaciente discurso oficialista impregnándole una muy necesaria bocanada de realidad. Con este dictamen queda claro que todo lo anterior es susceptible de mejorar significativamente. Y lo que es más, deberían hacerlo para que eventualmente podamos respirar un aire salubre todos los días del año.
