Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Los auspiciadores de la guerra contra las drogas anhelan, como en la guerra contra las guerrillas, una guerra en la cual los muertos sean de un solo bando. Sin embargo, la guerra contra las drogas es una guerra y, por eso, seguirán las masacres y las víctimas en el país.
Sectores opositores responsabilizan al gobierno del presidente Duque del “retorno” de las masacres reiteradas de personas en distintos lugares del país. La respuesta del presidente a esta crítica fue “las masacres no volvieron, nunca se han ido”. Además, precisó: “en Colombia no hay masacres, sino homicidios colectivos”. En pocas palabras: “los homicidios colectivos nunca se han ido”.
Tiene razón, parcialmente, el presidente porque efectivamente “los homicidios colectivos” es la expresión corriente en términos jurídicos, especialmente porque la categoría masacre no aparece como término jurídico en instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni del Derecho Internacional Humanitario.
Pero conviene también señalar que en el ambiente político continua la discusión sobre las implicaciones que se derivan de la diferencia entre homicidio colectivo y masacre. Esta conlleva un debate sobre la magnitud y el contexto del hecho violento. Así, una masacre sería a partir de cinco víctimas mientras que el homicidio colectivo correspondería a una cantidad de cuatro, para otros la masacre empieza con tres. En cuanto contexto, hablar de masacre, por su naturaleza, es insinuar prácticas de genocidio, mientras que el homicidio colectivo remitiría a otro tipo de conflictividad.
A pesar de las precisiones del presidente, su ministro de Defensa, Holmes Trujillo, anunció la creación de una Unidad Especial para investigar masacres, esperemos la pronta corrección del nombre de la Unidad o la corrección de la declaración del presidente. Una contradicción más del gobierno, como denunciar la dictadura venezolana por violar derechos, pero es en Colombia donde el debate consiste, según el mismo presidente, en diferenciar si nuestra historia pasada y reciente está cruzada por masacres u homicidios colectivos.
En esa diferenciación cabe indicar que entre masacres y homicidios colectivos el país intenta implementar un proceso de paz en cabeza del actual gobierno. Si bien acierta parcialmente el presidente en señalar la pervivencia de un tipo de violencia colectiva, pasa por alto diferencias de fondo. Las masacres y homicidios colectivos motivados por la Guerra Fría –Estado capitalista contra guerrillas comunistas–, han disminuido considerablemente en el país desde el Acuerdo Final. Aquellos episodios que así puedan considerarse comprometerían centralmente, y no sin discusión, al ELN, ello debido a su relación en términos de economía de guerra con el narcotráfico.
Mientras ese descenso es ostensible por las modificaciones de la guerra entre Estado y guerrillas, el ascenso de las masacres y homicidios colectivos durante la implementación del Acuerdo, tal como aparecen los perpetradores, son preponderantemente cometidos por los actores del régimen de la guerra contra las drogas.
Esto es, aparecen los eslabones de la cadena, especialmente los productores y comercializadores, y también el gobierno con su estrategia de combatir sin tregua los grupos dedicados a la producción y comercialización de drogas ilícitas. El gobierno colombiano, y buena parte de sus electores, persisten en poner fin al negocio del tráfico de drogas aplicando netamente violencia, pero no quieren como respuesta masacres ni homicidios colectivos. Algo que viene pasando desde la implementación misma de este tipo de política, por ejemplo, la ley seca, prohibición del alcohol en USA, produjo el famoso Al Capone, líder en homicidios colectivos y masacres para consolidar su próspero negocio.
Los auspiciadores de la guerra contra las drogas anhelan, como en la guerra contra las guerrillas, una guerra en la cual los muertos sean de un solo bando. Sin embargo, la guerra contra las drogas es una guerra, no es metáfora, y por eso seguirán los homicidios colectivos, las masacres y también las víctimas en los territorios donde el conflicto entre guerrillas y Estado se intenta apaciguar con un Acuerdo de paz, pero no solo allí.
Posiblemente durante el gobierno de Duque el homicidio colectivo esté persistiendo más que la masacre, pero en la historia de Colombia tanto el uno como la otra han marcado la historia política del país. La diferencia en este momento es que la tradición prohibicionista y la estrategia de guerra contra las drogas que han orientado la política de drogas, no solo permeó el Acuerdo mismo de paz en el punto solución a las drogas ilícitas, sino que el actual gobierno concibe esa guerra como la única solución al narcotráfico y no como parte altamente funcional al mismo.
Un giro en el enfoque y en la estrategia de la política de drogas es más que necesario si efectivamente la intención es consolidar la presencia del Estado Social de Derecho y el respeto por los derechos humanos en todo el territorio nacional.