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Los sectores del No al pasar de la oposición a ser gobierno quedaron oficialmente encargados de implementar el Acuerdo. En los territorios consideran que los incumplimientos del gobierno acarrean riesgos al proceso de construcción de paz
En teoría de políticas públicas es un aserto que en el ciclo de una política la etapa de la implementación es la más difícil. Pasar de las palabras y el papel a los hechos que deberían concretar lo hablado y escrito está mediado por la participación de todos aquellos que en fases anteriores del diseño de la política no participaron o participaron indirectamente, por ejemplo, lo hicieron oponiéndose.
La implementación supone transformar la realidad, para lograrlo debe enfrentar las posturas de todos los actores comprometidos en la situación considerada problemática. De allí, resulta un reto para el éxito de la implementación el trascender las posturas que obstaculizan su desarrollo. Por ello, será muy difícil implementar exitosamente una política si quien la implementa pertenece a los sectores opositores a la misma porque intentará sabotearla o transformarla a su favor.
En los procesos de paz la fase de implementación demanda superar dos retos: primero, neutralizar o disminuir la capacidad de incidencia de los opositores al proceso y, a su vez, debe enfrentar las fallas en la reintegración política, cuando el sistema político no permite la participación de los excombatientes. En ocasiones, el segundo reto es resultado del primero, de la acción de los opositores al proceso.
En Colombia la implementación del Acuerdo de paz parece ejemplificar bien esta situación. Sectores opositores al proceso de paz ganaron el plebiscito a favor del No y posteriormente hicieron campaña presidencial cabalgando sobre ejes centrales ambientados durante el plebiscito.
Los rendimientos políticos del No dieron para realizar ajustes al Acuerdo de paz y ganar la presidencia. Los sectores del No al pasar de la oposición a ser gobierno quedaron oficialmente encargados de implementar el Acuerdo.
A pesar de los ajustes realizados al Acuerdo de paz después del plebiscito, el gobierno del No prometió hacer otros ajustes, especialmente aquellos que, según sus voceros, no fueron tomados en cuenta por la mesa de la Habana cuando fue renegociado el Acuerdo.
Y es así como el gobierno del No, en lo corrido de su mandato, ha intentado hacer ajustes normativos a lo acordado. Las iniciativas presentadas tendientes a disminuir la participación política de los excombatientes, desvirtuar la estructura de la Justicia Especial para la Paz, entre otras, han tenido como obstáculo no lograr concitar las mayorías del Congreso de la República y en otros casos la Corte Constitucional las ha objetado total o parcialmente por considerar que dejarían sin “esencia” el Acuerdo de paz.
Sin embargo, ante los pocos avances en ese tipo de ajustes al Acuerdo, el gobierno del No viene haciendo ajustes en la medida que ralentiza la implementación en lo no objetado. Si el anterior gobierno, que lideró la negociación, fue criticado por la lentitud para cumplir con la implementación, el gobierno del No ha ganado reclamos, denuncias y llamados de atención para que cumpla con el Acuerdo porque en los territorios consideran que los incumplimientos gubernamentales acarrean riesgos al proceso de reintegración, reincorporación y construcción de paz territorial.
Al parecer el gobierno está implementando el Acuerdo en sus aspectos mínimos y cumple con ellos por la presión del medio más que por convicción de implementar los contenidos centrales del Acuerdo para estabilizar y consolidar la paz.
La forma en la cual el gobierno del No implementa el Acuerdo contribuye a crear fallas en la reintegración política (individual y colectiva). En la medida que la implementación sea mínima y bajo amenaza de ajustar más el Acuerdo esto crea un ambiente de zozobra que, aunado con los problemas de seguridad, juega en detrimento de la organización y la participación de los excombatientes en el sistema político porque los desincentiva para permanecer en el proceso.
Como puede apreciarse, la implementación del Acuerdo no ha logrado superar los retos de neutralizar o disminuir la capacidad de incidencia de los opositores al proceso y, a la vez, enfrentar las fallas de la reintegración política individual y colectiva. Todo lo contrario, es presa de esas dificultades.
Estas circunstancias parecen ratificar la imposibilidad de llevar a cabo la promesa del actual presidente cuando estaba en campaña según la cual podía modificar el Acuerdo de paz para hacerlo mejor y lograr también la reconciliación nacional.
La implementación “tortuga” rayando con el incumplimiento en vez de aportar a la reconciliación está profundizando la polarización. Nada más lejos del título de la política de paz del presidente Duque: La paz, la consolidación y estabilización son de todos. Tal como van las cosas, en los cuatro años del gobierno del No la implementación del Acuerdo estará debatiéndose entre la postergación de la paz o su fracaso.
