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La implementación del tren ligero de Rionegro tiene grandes desafíos en términos de su financiación.
Rionegro se ha consolidado como líder en materia económica en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Es el municipio con mayores ingresos, y esto se refleja en la robustez de las finanzas públicas locales: es el segundo mayor presupuesto público del departamento. Sin embargo, no significa que el municipio no tenga dificultades para su gestión fiscal. Los principales desafíos son mantener un óptimo nivel de recaudo sin que presione altas cargas tributarias para los ciudadanos y, al mismo tiempo, una eficiencia de gasto público que no comprometa la inversión social y el presupuesto de los próximos años.
Cifras de Planeación Departamental sugieren que el valor total de la producción de Rionegro es cercana a los $2.4 billones, esto lo hace el séptimo municipio con mayor PIB del departamento. Es como si cada uno de los 116 mil habitantes, según Censo 2018, contribuyeran 20 millones de pesos al año. Del total de ingresos de todos los 23 municipios de la subregión Oriente, que llega a ser alrededor de $11 billones, Rionegro apropia el 21 por ciento.
Rionegro tiene una estructura productiva diversa pero concentrada principalmente en el sector industrial que participa con 28 por ciento, sector financiero que pesa 22%, servicios personales y sociales con un peso de 16 por ciento, mientras que construcción participa con el 10 por ciento. Los demás sectores como el agro, minería y transporte no tienen un peso importante dentro de la estructura del PIB. De hecho, Rionegro dejó de ser un municipio agrícola como otrora, para darle paso al desarrollo industrial y financiero.
En materia fiscal, para el año 2018 el total de ingresos fue de $420 mil millones de pesos, esto es el 20 por ciento del PIB municipal. Del total de ingresos, 65 por ciento corresponden a ingresos corrientes haciendo del municipio uno de los más solventes en sus finanzas públicas. Esto le ha dado mérito para ser catalogado desde 2005, y de manera sostenida, como el municipio con mejor desempeño fiscal del departamento e incluso en el país.
De los $420 mil millones, $175 mil son ingresos tributarios, esto significa que en promedio cada habitante de Rionegro pagó por tributación 1 millón 400 mil. Los recursos por Industria y Comercio y Predial son los más representativos, con solo estos dos impuestos se lograron recaudar 110 mil millones para tal vigencia. En términos per cápita, es el recaudo más robusto de municipios de la misma categoría.
Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la evolución del impuesto predial. En 2015 el recaudo efectivo era de $35 mil millones, para 2016 ya era de $55 mil millones lo que indicó un crecimiento del 60%. Sin embargo, el número de predios aumentó tan solo 20 por ciento. Posiblemente esfuerzos de recuperación de cartera y la actualización catastral explican parte de ese comportamiento.
Así las cosas, cada predio pagó alrededor de $1 millón en 2016 cuando venía pagando alrededor de $720 mil pesos en 2015. Pareciera insignificante los $280 mil de más, pero a nivel agregado, como dije es un incremento del 60 por ciento en el total recaudado. La magnitud de estos recursos hace de Rionegro uno de los municipios con mayor recaudo efectivo por predial en Antioquia, dejando poco margen de maniobra para aumentar este tributo que ya de por sí es alto.
Para 2019, se tenía un presupuesto inicial de $500 mil millones y, para el primer semestre se tiene un presupuesto definitivo de $790 mil millones. Este aumento presupuestal es explicado, en gran medida, porque la contribución por valorización era de $150 mil millones para la vigencia pero por adiciones incorporadas en el transcurso del año se llega a $235 mil millones. De este rubro, en particular, se ha recaudado cerca de $50 mil millones para el mismo periodo; lejano a los 450 mil millones necesarios para financiar las obras que ya están contratadas por ello se ha recurrido a recursos del crédito para apalancarlas dejando en evidencia un mayor endeudamiento.
Al momento de escribir esta columna transcurre en el Secop la licitación para la construcción y operación de un tren ligero por un valor de $1.69 billones. Si el lector percibe, esto es cerca de cuatro veces los ingresos totales en 2018. De manera que se comprometen vigencias futuras por más de $4.4 billones para pagar el tren entre 2023 y 2047 ya que el modelo financiero no se centra en el recaudo operativo por pasajes. ¿El municipio puede asumir este valor? La respuesta es sí. Sin embargo exige que se reduzcan gasto públco para inversión social con el fin de privilegiar el pago del tren. Es una obra para cuando las derechos y demandas sociales estén satisfechas.
Como escribí en esta columna los desafíos sobre la implementación del tren no son menores: no hay cofinanciación con el gobierno nacional, la proyección poblacional no genera nuevo recaudo real por predial, no es un sistema que integra a los municipios cercanos, no hay evidencia técnica sobre sistemas de transporte alternativos, promueve una expansión urbana acelerada, no se fundamenta en la demanda efectiva de pasajeros, es muy costoso para el impacto generado y pone en riesgo los programas sociales para la población. Si es una obra para 100 años merecemos mayor prudencia en la adjudicación de esta licitación.
Bajo este panorama, si bien el municipio no está en crisis, el aumento de la deuda, la incertidumbre sobre el recaudo de valorización y los compromisos para financiar el tren, traen desafíos importantes para los próximos años. Con las decisiones que deben tomarse en los siguientes días se podría poner en riesgo la salud fiscal del municipio. Así que debemos darnos un espacio como ciudadanos para que se promueva un mayor consenso frente a estos desafíos aquí expuestos.