21-N: la primavera colombiana y la política del miedo

Un punto recurrente del 21N y sus subsecuentes secuelas fue la expresión “ya no tenemos miedo”. Igualmente, el recurso institucional por securizar la movilización social, se sustenta en el miedo como recurso de contención e incitación política.

A continuación, se plantearan algunos elementos para apreciar mejor la fenomenología social que suscitan el 21N. Para dicho efecto se analizaran los antecedentes inmediatos a la movilización; posteriormente revisaremos algunos indicios claves de los repertorios de acción colectiva de los agentes en movilización y del gobierno; para finalizar, con los principales retos y proyecciones que parecen irse decantando a lo largo de los últimos días.

1. Los miedos de Estado: prolegómenos de la movilización

Al presidente Duque lo ha sorprendido el presente Paro Nacional en un contexto de gobernabilidad política, por decir lo menos, turbulento.

Una de las estrategias habituales en la defensa de la actual gestión presidencial, viene siendo el señalar sus logros más notables, entre los cuales es corriente escuchar: el crecimiento de la economía por encima del 3% (cuando la región crece al 0.5%); así como de la inversión extranjera directa, que en el primer semestre del 2019 creció más del 24%; la aprobación en el Plan Nacional de Desarrollo de 4.4 billones de pesos para el sector educación en concordancia con los acuerdos del anterior Paro Universitario; así mismo este gobierno ha logrado una modesta, pero significativa, reducción en el crecimiento de los cultivos ilícitos. Igualmente, bajo la actual administración se logro conciliar un aumento del 6% en el salario mínimo, que puede ser interpretado como el incremento más alto en los últimos 25 años.

Sin embargo, y a pesar de la veracidad de los indicadores anteriores, la realidad es que la popularidad del ejecutivo no ha dejado de resquebrajarse.  Luego de 100 días de mandato, el sondeo de INVAMER para Semana, Blu Radio y Caracol, evidenció por primera vez que la imagen presidencial se encontraba seriamente deteriorada. Solamente el 27,2% de los encuestados aprobaban el desempeño del actual presidente de la República. La cifra demuestra un duro desplome, pues para el mes de septiembre de 2018, cuando apenas llevaba unos días en la Casa de Nariño la cifra era de un 53,8%. El correlato de esta encuesta, que ataca de frente los argumentos en favor de la gestión gubernamental, es que  el 73,8% de los colombianos que respondieron a la encuesta afirmó que siente que las cosas van “por mal camino”. Posteriormente al cabo de (6) seis meses, la desaprobación tuvo un ligero descenso, como lo señaló la firma Gallup. Al día de hoy, no existen datos más actualizados, por lo que no hay indicios que hagan pensar que esa tendencia se ha reversado.

Los datos anteriores parecerían corroborarse en las urnas de las pasadas elecciones locales. A este respecto, existen muchas interpretaciones, pero basta con revisar el mensaje del Senador Álvaro Uribe, jefe natural de las filas del partido de gobierno, cuando en la noche del domingo 27 de octubre, escribió en su cuenta de Twitter: “Perdimos, reconozco la derrota con humildad”.

Entonces ¿Cómo puede ser que frente a indicadores económicos sostenidos, la percepción popular se incline por un pesimismo generalizado? Aventuro, las siguientes hipótesis a manera de borrador:

i) El gobierno actual, en su afán de purgar el aparato estatal de todo lo que le pareciera “Santismo”, se ha demorado excesivamente en prender maquinas y comenzar a ejecutar su presupuesto; lo cual, parece afectar el ritmo de operativización de sus programas estratégicos.

ii) Su accionar en el legislativo ha sido precario, apolítico y profundamente ideológico, por lo que la opinión puede estar percibiendo que existe una ausencia de liderazgo político.

iii) La posición frente al proceso de paz ha sido, al menos ambigua. mientras que de dientes para afuera se sostiene que se esta cumpliendo, la verdad es que no se tiene mucho que mostrar en este sentido. La posición anterior es más critica, en la medida que cada vez que puede, las personalidades e influenciadores de opinión cercanos al gobierno, enfilan baterías para cargar contra el Acuerdo de la Habana, particularmente contra los mecanismos de justicia transicional. La recurrencia de este mecanismo, parece estar instalando la percepción de que el partido de gobierno se mueve mejor en un ambiente de guerra y hostilidad generalizada, y, que por eso mismo, busca promover el conflicto. En suma, el ADN de los alfiles directivos, parece estar más predispuesto a generar actitudes de oposición que de gobierno.

iv) Una proporción considerable de sus iniciativas y programas, principalmente los que son gestados por el Ministro de Hacienda, buscan proteger y consolidar de manera prioritaria los intereses gremiales y de la inversión extranjera. El Ministro Carrasquilla parece desarrollar a pie de la letra los principios más radicales del neoliberalismo económico, el trickle down effect, o “efecto goteo”, bajo el cual se supone que, favoreciendo a los más ricos, la economía genera beneficios que, cayendo hacia abajo como gotas, se transforman en una ventaja para todos. Gran parte de la copa que reboso el vaso y, que le dio su último impulso al 21N, estuvo soportada en la percepción generalizada (real o no, eso es otra discusión), de que el gobierno presentaría al Congreso un paquete de reformas (tributaria, laboral y pensional), las cuales significarían capturar recursos para cubrir los huecos fiscales, escarbando en los bolsillos de la clase media; mientras que al mismo tiempo, se ampliaba la reducción tributaria para los grandes contribuyentes y algunos sectores gremiales.

v) La securización del dialogo social. A pesar que el Plan Nacional de Desarrollo en el Art 75; así como en el Pacto de Legalidad, se menciona el “diálogo social” en tanto recurso para asegurar la gobernanza estatal. No se trata de un dialogo social en términos de participación, es decir bajo criterios de horizontalidad o negociación; sino que más bien parece perfilarse un ejercicio ajustado a la verticalidad de las autoridades, donde el gobierno reviste una política de socialización para su oferta institucional bajo los ropajes de la participación. En resumidas cuentas, las manifestaciones sociales que antecedieron el actual 21N (Paro Universitario y Minga del suroccidente), evidencian que en un inicio, la expectativa gubernamental busco establecer “diálogos domesticados” al servicio mediático del ejecutivo. Vale la pena remarcar que el anterior ejercicio fracaso en ambas ocasiones y el gobierno tuvo que repensar su estratega de negociación.   De otra parte, cualquier ejercicio de dialogo debe partir de conocer al otro, sus expectativas, narrativas y repertorios de negociación, para tal fin el gobierno anterior estructuro una sofisticada unidad de dialogo cocial, directamente bajo la batuta presidencial: el CEDISCO. Sin embargo, el presente gobierno ha buscado cambiar el enfoque de dicha unidad: de una perspectiva fundada en la sociología política, se ha transitado hacia una estrategia securitaria bajo la egida de la defensa nacional. Lo anterior se traduce en que sí antes el CEDISCO buscaba comprender con quien estaba negociando, anticipando sus motivaciones y repertorios de movilización; en la actualidad parecería más preocupado por correlacionar al “otro” con los actores y los vectores de la seguridad nacional.

Así las cosas, la sumatoria no lineal de los factores anteriores, parecen haber minado el Duque de centro-derecha, para dejarlo a merced de los sectores más radicales de su propio partido. El miedo de Estado comienza a crecer proporcionalmente a una paranoia que ve enemigos por todas partes. La fabricación de monstruos de mil cabezas, a su vez, promueve un contexto en el que los sectores más draconianos de nuestro populismo nativo, se mueven como pez en el agua y, encuentran además, su razón de ser.

2. Una Primavera fundamentalmente urbana y acéfala

A partir del contexto anterior es posible comprender mejor el significado y las características de la movilización del 21N. Como en todo ejercicio de comparación a la fenomenología colectiva global, existen unos elementos que permiten establecer conexiones con experiencias similares; así como factores que son intrínsecos a cada estudio de caso.

Algunos de los elementos comunes entre nuestro 21N y otras experiencias similares como la movilización chilena, boliviana, y los chalecos amarillos franceses, por nombrar solo algunas. Se trata en su gran mayoría de movilizaciones urbanas, espontaneas, masivas, heterogéneas y acéfalas. ¿Qué quiere decir lo anterior? Difícilmente los convocantes sindicales del 21N avizoraban su magnitud. Para que lo anterior tuviera lugar, fue necesario que ocurrieran varios sucesos desafortunados en la gestión del poder estatal, la subida de los combustibles de Macron en Francia, el incremento en los pasajes del Metro en Chile, la desestimación de fraude electoral en Bolivia. En nuestro caso colombiano se sucedieron los escándalos del Ministerio de Defensa (Dilmar Torres, los bombardeos a menores de edad), el proyecto de reformas neoliberales, y producto de la securización de la movilización: una errada e ideológica estrategia de comunicación que busco deslegitimar el derecho a la protesta, y termino generando un efecto publicitario totalmente contrario al que se buscaba provocar.

La multicausalidad inmediatamente reseñada, produce que no exista un único motivo para manifestarse sino muchos; entonces los colores, diversidad de mensajes y la heterogeneidad de colectivos en movilización es el patrón constitutivo de estas manifestaciones sociales. Así mismo, difícilmente existe una expresión centralizada de toma de decisiones, la iniciativa por lo general, es más espontanea que organizada, donde las redes sociales ocupan un lugar preponderante en las convocatorias y en la construcción de consensos virtualizados. De igual manera, la instantaneidad de la memoria compartida con referencia a casos similares, juega un papel determinante de contagio a cada iniciativa nacional. “Sí en otros lados pueden, aquí también”. Eso podría ser lo más cercano a la supuesta influencia del Foro de Sao Paulo, que tan precaria y coloquialmente se enarbola en nuestro contexto nacional.

Precisamente, una de las dificultades más remarcables de expresiones colectivas como la del 21N, es que difícilmente alguien puede arrogarse inmediatamente el liderazgo y vocería de la totalidad del movimiento; su diversidad, alcance e instantaneidad es tan grande que desbordan el marco organizativo instalado. Para nuestro 21N, seguramente, como hemos visto en estos últimos días, el Comando Nacional de Paro tendrá que evolucionar de actores urbanos, sindicales y estudiantiles, en dirección de incluir los liderazgos étnicos, rurales y de la política de oposición que han liderado por décadas la movilización social de gran calado en nuestro contexto nacional. Lo anterior no es una agregación mágica, y seguramente allí estará la prueba de fuego para esta primavera colombiana. Será necesario sumar siendo diferentes, liderar sin necesariamente figurar, así como encontrar formas de tomar decisiones agiles en medio de la pluralidad. Un rompecabezas difícil de resolver es como mantener una comunicación eficaz con la gente que sale a las calles, y, que en su gran mayoría, no pertenece a ninguna organización social.  

Otro elemento común, esta relacionado con repertorios de movilización creativos, pero sobre todo pacíficos. El 21N se enmarca en una decidida apuesta colectiva por desmarcarse de las tradicionales manifestaciones de violencia anonimizadas. Sin embargo, también parece recurrente la aparición estratégica de vandalismos ocasionales, que terminan a la postre justificando el uso letal y excesivo de la fuerza por parte de los grupos especializados de Estado. El tándem entre vandalismo y ESMAD, parece corresponder con la emergencia de una política securitaria global, que justifica medidas de control extraordinarias, tal y como sucedió con las declaraciones de “toque de queda” en Cali y Bogotá. El dispositivo funciona en la medida que el miedo se desborda por encima del tejido social, la represión queda justificada; y, en la agenda mediática, las preocupaciones securitarias tienden a posicionarse por encima de las causas de la movilización social.

Así mismo, los casos de Venezuela, Bolivia, Chile, Francia o el nuestro, comparten un error común de parte de las figuras presidenciales: la desestimación del “otro” encarnado en la oposición, las organizaciones sociales y el ciudadano del común. La arrogancia global de las elites, bajo las cuales se desestima el poder de participación ciudadana; al tiempo que se mantienen oídos sordos a sus demandas bajo argumentaciones neoliberales o populistas, parece estar pasando su cuenta factura.

3. ¿Qué podría pasar? la estrategia Macron o la voz del miedo

 Si bien, en un primer momento, los consejos del miedo escuchados juiciosamente por el presidente Duque, lograron delinear una política de securización de la manifestación social. Uno realmente se pregunta: ¿Por qué, tercamente se volvió a insistir en dicha vía?. Máxime cuando los acontecimientos recientes en las movilizaciones regionales o nacionales, constituyen pruebas suficientes para pensar que esos intentos por “domesticar el dialogo”, planteando como solución maestra la actual oferta institucional, es una estrategia fallida.

Surgen dos explicaciones, entre las cuales no se cual es más preocupante: i) los aparatos de inteligencia militar y de análisis social del gobierno están profundamente desmantelados, y funcionan precariamente proporcionando información deficiente al ejecutivo (como sucedió con el informe que el presidente llevo a la ONU respecto a la relación entre el ELN y Venezuela); o, ii) a pesar de los datos e interpretaciones recabadas por la inteligencia gubernamental, el ejecutivo implementa decisiones ideológicas, que se alejan de la razón prima facie del Estado: la gobernabilidad en función del bienestar público.

Al parecer, la persistencia del 21N, el homicidio de Dylan Cruz, así como la posibilidad manifiesta a que se encuentren las manifestaciones urbanas con las rurales, están obligando a que el gobierno reflexione en torno a los riesgos que representa jugarse –obstinadamente- todas sus fichas en la partida de la seguridad y el orden público. No es fácil establecer una ruta metodológica para entablar un proceso de negociación si el ejecutivo, se empecina en no querer reconocer “a los otros” en tanto interlocutores; o, cuando dicha contraparte se encuentra en pleno proceso de consolidación. El presidente Duque, a estas alturas, aún parece debatirse entre: i) instrumentalizar el concepto de dialogo social bajo la retorica del gatopardismo, aparentando que va cambiar todo para que todo siga igual); ii) inaugurar una verdadera política de dialogo social de carácter horizontal; o iii) cerrar  filas en torno al discurso de la seguridad.

En el primer caso, la casa de Nariño parece chequear el método de Gran Dialogo Social, implementado por Emmanuel Macron en Francia, quien  a comienzos del presente año, retomo un viejo recurso republicano y les dirigió de su puño y letra una carta a sus conciudadanos. Con esa carta Macron convoco a un gran Dialogo Nacional, en un intento de calmar las protestas de los chalecos amarillos y citar una refundación de la nación francesa. Este dialogo tendría un tiempo definido, (dos meses), y lo que buscaría establecer un “nuevo contrato para la nación”. Esta iniciativa tuvo como fundamento, el desmonte del aumento en la tarifa de la gasolina; así como las discusiones en ejes temáticos específicos, jalonadas por los alcaldes, aportes individuales en una plataforma en línea, conferencias regionales, publicación de síntesis y debates parlamentarios en el Congreso y la Asamblea Nacional francesa. Cerca de 500.000 franceses participaron en el Gran Debate Nacional, de los cuales 300.000 lo hicieron a través de la página web del Gobierno francés. Así mismo, la iniciativa organizó cerca de 10.000 reuniones en toda Francia, recibió cerca de 1,8 millones de contribuciones en línea y 16.000 “libros de quejas” depositados en las alcaldías de varias regiones. Todo lo anterior acompañado por una comisión de garantes elegida por el mismo gobierno.

Sí revisan con atención, el “Gran Debate Nacional” es un modelo muy parecido a nuestro proceso de los Planes de Desarrollo Territorial – PDT. Sin embargo, al día de hoy los separan brechas evidentes. La más significativa es que mientras en nuestro caso, la desfinanciación de nuestro modelo PDT es cada vez más evidente, al tiempo que la retorica presidencial parece atascada en la defensa del actual Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno francés debió comprometerse a fondo con un significativo conjunto de reformas sociales, avaluadas en 17 billones de euros.

De otra parte, al otro extremo de las opciones de Estado, también podría recurrirse a la profundización de la salida securitaria. Esta última opción, se inclinaría por una reducción cada vez mayor a las garantías democráticas como recurso frente a la violencia; buscando afanosamente correlacionar los actores de la movilización con los actores armados de nuestro conflicto interno. Esta opción, no esta lejos de coincidir con los patrones que han mostrado seguir algunas de las acciones de nuestro estamento militar; respaldados a su vez por un conjunto de voces que claman por cerrar cualquier espacio de interlocución y radicalizar las acciones de hecho, a lado y lado del espectro político. No deja de levantar suspicacias una gestión militar que se obsesiona con la seguridad, y bajo la cual se realizan permanentes recursos orwellianos de doble pensamiento estatal: nombrando como Operación Artemisa a intervenciones militares revestidas bajo fines ambientales; ocultando bajas de menores en combate bajo partes de victoria; o, reencauchando las famosas Zonas de Consolidación militar bajo el conveniente nombre de Zonas Futuro. 

Recordemos que la opción totalitaria emerge no solo cuando el monopolio del poder político es incontestable, sino que la experiencia latinoamericana nos recuerda que también surge en situaciones de polarización extrema. La tentación de reinventar una especie de neo-cesarismo plebiscitario, nunca ha sido lejana en nuestro contexto latinoamericano. Algunas actitudes de nuestras facciones políticas invocan recurrentemente saltarse la Constitución, echando mano a una solución arbitraria, que debe ser confiada a un grupo elegido o a una gran personalidad, como solución a un momento histórico y políticamente parecido al actual, el cual se caracteriza por un equilibrio de fuerzas de perspectivas mutuamente catastróficas. Pues bien, la anterior es la definición de manual del cesarismo, tal y como lo describiera Antonio Gramsci, o lo justificará el resistido Venezolano Laureano Vallenilla a comienzos del siglo XX.

Situaciones como las que se vivieron en Cali en medio del toque de queda, nos recuerda que la nuestra es una sociedad en armas, donde el vecino tranquilamente tiene un fusil en el armario. Urge transformar críticamente aquellas narrativas que abogan por dejar naufragar la institucionalidad democráticamente elegida; que parecen justificar la preocupante remontada de la xenofobia venezolana; o, que buscan justificar la muerte de Dylan Cruz y el resto de líderes sociales bajo la venenosa afirmación que dictamina: “sí lo mataron fue por algo”.

El miedo inyectado bien sea por sectores especificos de la coalición de gobierno, o destilado por el afán populista, crea un ambiente propicio para que la polarización política invada los espacios cotidianos. El reconocimiento a la verdad del “otro”, es la mejor manera para que la sociedad en su conjunto debata y decida su futuro; pero además, es la contención natural para que evitemos la pesadilla de ver como nuestro vecino sale armado con su fusil no solo dispuesto a defender su propiedad, sino de paso, a purgar la sociedad.