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La garantía de derechos, la superación de los conflictos territoriales y el reconocimiento político del campesinado se encuentra en la base de la construcción de los territorios de paz.
En los territorios donde se localizan las áreas protegidas (Parques Nacionales Naturales -PNN y otras) confluyen recursos naturales de valor estratégico para el desarrollo del país con comunidades indígenas, afrocolombianas y con procesos de poblamiento de colonización campesina, producto de la violencia política, la persecución, el despojo y el desplazamiento forzado.
Estos procesos socio-políticos y esa condición estratégica para las economías regionales y del país constituyen un núcleo de gran valor para adelantar procesos de construcción territorial acordes con las iniciativas de esas comunidades en cuanto: la planificación y ordenamiento del territorio, la solución de los conflictos territoriales, el arraigo, la construcción de políticas locales en defensa del ambiente y la adecuada y sostenida explotación de los recursos naturales, el desarrollo rural y la permanencia en esos territorios de quienes deben manejar y ser beneficiarios de estos procesos: lo anterior implica un gran reto y oportunidad para reafirmar una “institucionalidad” local con diferentes áreas de acción (técnica, ambiental, económica, política, social e internacional) en el manejo y prospectiva del uso y manejo de los recursos y ecosistemas estratégicos.
Avances existentes al respecto
Avanza una Mesa Nacional de Concertación entre instituciones y organizaciones campesinas que representan a los habitantes dentro de los Parques Nacionales Naturales con un acuerdo de voluntades en los que principalmente se discute sobre la situación y la dimensión del poblamiento en los PNN, que no se tiene clara, y las características socio-económicas, políticas e históricas de esos poblamientos y los conflictos territoriales que existen por el manejo y la explotación económica de las áreas protegidas; el trabajo de esta Mesa tiende hacia la formulación de una política pública acorde con las circunstancias del poblamiento y la conservación de esos ecosistemas.
A la Mesa asisten 11 delegados de organizaciones de colonos campesinos en los que más del 75% son de procesos organizados que hacen parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC.
Existen 15 mesas locales en Parques Nacionales Naturales como: Catatumbo, AMEM Macarena (Tinigua, Macarena. Picachos), LA Paya en Puerto Leguízamo, Nudo de Paramillo, Sumapaz, Las Hermosas, Nevado de Huila, Fragua Indiwuasi, Orito, y otros como Sierra Nevada de Santa Marta, Estoraques, Cocuy, Tama (Norte de Santander) y Muchique (Cauca). En estos espacios están participando actívamente campesinos de organizaciones locales, regionales y nacionales.
Estas mesas tienen como objetivo llegar a acuerdos que solucionen los conflictos territoriales y generen condiciones favorables para el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad de las fincas campesinas, el acceso a derechos económicos y sociales y el desarrollo rural. Las Mesas cuentan con la financiación para funcionamiento y las ejecutorias identificadas por tres años, una inversión para beneficiar a 1200 familias con recursos de cooperación de la Unión Europea.
Las mesas han contado con una metodología que ha contribuido a desarrollar un dialogo constructivo que resulte en acuerdos. El proceso tiene previsto continuar con el apoyo metodológico y la facilitación del proyecto PRODEPAZ de GIZ y la WWF.
Acciones estratégicas que se deben adelantar
La mesas nacional y las mesas locales de concertación son escenarios propicios para impulsar la construcción de territorios de paz, pues se trata de regiones estratégicas donde se ha desarrollado históricamente el conflicto armado, para ello se debe tener previsto una proyección política de los territorios y trazar objetivos de incidencia nacional.
Estos territorios se deben planificar de acuerdo a las áreas geo-estratégicas que revisten especial valor para la implementación de eventuales y potenciales acuerdos de paz.
Estos territorios requieren de una nueva institucionalidad desde abajo que responda a los potenciales manejos que deben tener esos ecosistemas.
Es urgente y necesario comenzar por afianzar, legitimar y refrendar los acuerdos comunitarios y mandatos ambientales en relación con el manejo de los recursos naturales (vedas, talas, contaminación, manejo de aguas y residuos, deforestación etc).
Se debe avanzar en la posibilidad de re-alinderar y re-categorizar áreas protegidas con poblamiento campesino, iniciativas que permitan y den marco legal a la presencia del campesinado. Para tal efecto se debe diseñar un nuevo marco normativo acorde con la solución resultante que garantice la presencia con derechos del campesinado en las áreas en las que tienen arraigo y pertenencia territorial, incluso desde antes de la creación de los PNN y otras áreas protegidas. Se deben revisar experiencias internacionales de solución de este tipo de conflictos. Y se debe seguir impulsando la complementariedad de Zonas de Reserva Campesina –ZRC- y las áreas protegidas, como zonas de amortiguación y retomar el caso del re-alinderamiento del Parque Picachos que permitió la constitución de la Zona de Reserva Campesina de El Pato- Balsillas y actualizarlo para avanzar en soluciones que contemplen un eventual traslape y complementariedad de las figuras de conservación con las ZRC.
Nuevas áreas protegidas , ordenamiento territorial incluyente y paz
El gobierno nacional se ha propuesto la creación de ocho nuevas áreas protegidas en todo el país. Esta iniciativa ambientalmente loable es compartida desde ya en algunas regiones por las organizaciones campesinas, se trata de proteger páramos, sistemas ecológicos estratégicos y nichos de biodiversidad. En todo caso las nuevas áreas protegidas deberán constituirse en acuerdo y contando con la participación y el consenso del campesinado, formula para evitar nuevos conflictos.
En suma, se puede decir que Resguardos Indígenas, Territorios Colectivos de Comunidades Negras, Zonas de Reserva Campesina y otras territorialidades campesinas con derechos ampliados más áreas protegidas constituyen un ordenamiento territorial incluyente que defiende la naturaleza y garantiza los derechos de comunidades históricamente excluidas.
La garantía de derechos, la superación de los conflictos territoriales y el reconocimiento político del campesinado se encuentra en la base de la construcción de los territorios de paz. El conflicto armado cesará definitivamente en los campos en la medida en que los territorios se transformen de manera incluyente, con nueva institucionalidad, políticas, públicas, inversión social y desarrollo rural.
* En la foto de Prensa Rural: el raudal del río Guayabero
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