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Más de 40 organizaciones de la sociedad civil se reunieron con parlamentarios del nuevo Congreso para pedir que se continúe con la implementación del Acuerdo de Paz. En materia agraria, se alertó sobre los riesgos del proyecto de ley de tierras que cursa en la actualidad
Por iniciativa de los Senadores Iván Cepeda, Alberto Castilla y del Representante a la Cámara Alirio Uribe, el día de hoy se convocó en el Congreso de la República a una importante reunión para discutir el futuro de la implementación de los acuerdos de paz. Participaron delegados de múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil, así como varios de los integrantes del nuevo Congreso a posesionarse en el segundo semestre de año. El objetivo era informar sobre la manera como parlamentarios y sociedad civil venían trabajando de manera mancomunada durante los últimos años en un ejercicio amplio de participación e incidencia política para la implementación de las reformas normativas necesarias para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, en los temas de la reforma rural, participación política, jurisdicción especial de paz, víctimas y sustitución de cultivos de uso ilícito; así como proponer la consolidación de una “bancada de paz” en el nuevo Congreso que mantenga esta metodología participativa y asuma el liderazgo en estas temáticas.
Desde el trabajo de análisis que venimos haciendo en torno a las políticas y reformas agrarias junto con OXFAM, INDEPAZ, CINEP, CUMBRE AGRARIA, ÉTNICA Y POPULAR, CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO, TIERRA DIGNA, CAJAR, COLECTIVO ABYA YALA, OBSERVATORIO DE TIERRAS Y TERRITORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, entre otros, de manera continua hemos alertado sobre aspectos críticos que han querido incorporarse en los diversos proyectos normativos y que contrarían el espíritu del acuerdo agrario de paz; hoy se informó de esto a los nuevos congresistas y se pidió no aprobar el proyecto de ley de tierras que se está tramitando.
El proyecto de contra reforma agraria
En la actualidad, se está tramitando un proyecto de ley de tierras que pretende reformar la ley 160 de 1994 y que constituye una clara contra reforma agraria, violatoria de derechos de la población campesina y étnica a sus tierras y territorios. A continuación, los principales puntos críticos de este proyecto de ley:
- Modifica por completo el régimen de baldíos.
- Cambia los sujetos destinatarios de las tierras: Se elimina el paradigma de “la tierra para el campesino que la trabaja” establecido en Colombia a partir de los postulados del Estado Social de Derecho desde principios del siglo 20 y la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Ahora los nuevos beneficiarios serás las empresas, de los sectores agroindustrial, minas, petróleo e infraestructura.
- Borra las restricciones a la extensión de tierras. Acaba en la práctica con la Unidad Agrícola Familiar por vía de las múltiples excepciones establecidas.
- Encarna el modelo de desarrollo agroindustrial excluyente del campesinado y de los pueblos étnicos.
En el Acuerdo Final de Paz se concibió un desarrollo rural integral en el que deberían integrarse los campesinos, pequeños, medianos y grandes cultivadores, así como las grandes industrias del agro nacionales e internacionales. No obstante, no hay alternativas para el campesinado, no se han adoptado suficientes medidas de protección de sus tierras y sus territorios, ni de su economía del cuidado, familiar y solidaria. Se dirá que la respuesta al campesinado son las Zonas de Reserva Campesina, no obstante, sólo se habían constituido seis desde los 90 y a la fecha no se han implementado ni cumplido las medidas de dotación de tierras ni inversión conforme a sus planes de desarrollo sostenible; tras 20 años de estigmatización solamente se ha aprobado una nueva zona en la región de Los Montes de María, y se han obstruido los procesos de aprobación de otras seis nuevas zonas.
El proyecto de ley crea más y nuevos mecanismos para la constitución de zonas de desarrollo agroindustrial sin los requisitos ni restricciones de las ZIDRES, burlando así las salvaguardas establecidas por la Corte Constitucional frente a los derechos territoriales de pueblos campesinos y étnicos.
- Avala el acaparamiento.
Colombia es el quinto país en el mundo con una mayor concentración de tierras. Con un conflicto armado que dejó 8.3 millones de hectáreas despojadas y abandonadas forzosamente (Centro Nacional de Memoria Histórica- 2015), y un despojo continuo de baldíos y de apropiación ilegal de tierras. El proyecto de ley propone fórmulas para dar un perdón y olvido a todas las irregularidades y apropiaciones ilegales, además que pretende derogar en la práctica los procesos agrarios como la extinción de dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad.
En definitiva, la bancada de la paz en el Congreso debería comprometerse a no dejar aprobar el proyecto de ley de tierras. Gran parte de lo pactado en el punto uno del acuerdo de paz pude suplirse con la normatividad vigente (ley 160 de 1994) y con una real voluntad política de tomarse en serio la reforma agraria.
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