Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En las últimas semanas, la tierra ha vuelto al centro del debate público tanto por el anuncio del Gobierno de Petro y Márquez de impulsar una reforma agraria, como por la movilización de indígenas, afrodescendientes y campesinos en distintos rincones del país. En especial, las tomas de tierras —o llamadas “invasiones” por ciertos sectores y medios de comunicación— han ocupado los titulares de la prensa dada las tensiones en torno al acceso y uso de la propiedad rural que han quedado al descubierto (ver acá, acá y acá).
Mientras algunos analistas celebran el retorno de las discusiones redistributivas por su importancia y necesidad para la igualdad y la democracia en el país, otras voces advierten sobre los peligros de atentar contra la propiedad privada y desestimular el desarrollo económico en el campo.
En un orilla más extrema, algunos gremios económicos han incluso convocado a la formación de grupos de autodefensa para responder a la movilización rural, lo cual ya ha ocurrido en la historia contemporánea como lo ejemplifican las alianzas entre ganaderos y paramilitares para impulsar una contrarreforma agraria a través del despojo de tierras (ver el informe “Hallazgos y Recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia”, en las páginas 280 a 283).
No es la primera vez que las tomas de tierras ocupan un lugar central en el debate político. En 1970, las noticias de tomas de tierras dominaron el debate nacional y, como resultado, la política pública sobre tierras cambió profundamente, al tiempo que los conflictos irresueltos alimentaron otros ciclos de violencia.
En esta columna, analizamos las tomas de tierras contemporáneas —y las respuestas de distintos actores— a la luz de una comparación con episodios similares en la década del setenta.
Aunque la naturaleza y la lógica de las tomas de hace medio siglo difiere de lo que ocurre ahora, hay similitudes importantes que merecen un análisis cuidadoso de los legados de dichos episodios en dos dimensiones: i) la violencia en nombre de la defensa de la propiedad privada y ii) la política agraria y de tierras.
Estas implicaciones cobran mayor importancia en el inicio del primer Gobierno de izquierda del país, que fue elegido con un mandato popular de trabajar por un país más justo y por el desarrollo rural. La respuesta del Gobierno nacional frente a la movilización rural determinará el rumbo del desarrollo rural y tendrá consecuencias significativas en la legitimidad frente al movimiento social, que ha sido uno de sus principales aliados hasta el momento.
¿Una agenda unificada de toma de tierras?
Una revisión de las noticias que han circulado en las últimas semanas sobre la “ola invasiones” sugiere que estos eventos no formarían parte de un mismo proceso, sino que responden a lógicas muy distintas.
Por un lado, están los episodios en el Norte del Cauca y el sur del Valle en los que han sido protagonistas comunidades indígenas y afrocolombianas. Como explicaremos más adelante, estos episodios hacen parte de una agenda de movilización que no es nueva ni se despertó con el nuevo Gobierno.
El conflicto de la tierra en esta región del país es profundo y responde tanto a una distribución desigual de la tierra —que alcanza el 0,90 del coeficiente de Gini de tierras— como a conflictos territoriales entre indígenas, afrodescendientes, campesinos y empresas agroindustriales. Como lo ha documentado el profesor Carlos Duarte, la gran concentración de la tierra choca con reclamos de comunidades que se traslapan en los mismos territorios y buscan dominio de poca tierra, en contravía de la agroindustria a gran escala.
Las dinámicas del conflicto en esta región están atravesadas por la implantación de un modelo multicultural sin garantías redistributivas, que está incrustado en el modelo de desarrollo extractivista y, en últimas, agudiza los conflictos de la tierra.
En el Cauca, este conflicto es de larga data. De hecho, hay denuncias de 71 predios afectados desde 2014 en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada. Para el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), las tomas son procesos históricos de recuperación de tierras frente a la acumulación de la propiedad rural en la región.
En la misma línea, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) subrayó que las recuperaciones de tierras hacen parte de una reforma agraria popular e integral, la cual apunta a devolver la tierra que ha sido acumulada por los grandes capitales nacionales y extranjeros. Con todo, las tomas han dejado explícitas tensiones entre los indígenas y algunos trabajadores del sector azucarero, así como entre los indígenas y campesinos que piden tierra frente a afrodescendientes y corteros que marchan por el trabajo y la propiedad privada.
Por otro lado, el conflicto por la tierra en el Cauca parece ser muy distinto a lo que está ocurriendo en otras regiones del país, lo cual ha sido calificado como “invasiones” por los medios de comunicación.
El caso de Magdalena ha captado buena parte de la atención mediática. Aunque a veces la prensa se refiere a invasiones, las denuncias realmente son sobre amenazas de invasiones. Así lo expresó el ganadero Jefry Molina a la Revista Semana: “Hay una serie de indicios que nos permite concluir que están a punto de invadir. Hemos encontrado marcas en diferentes partes, a 200 metros una de la otra, lo que nos quiere decir que hay gente que se quiere meter a la zona que es pacífica, ganadera y agrícola”.
En nuestra búsqueda, no encontramos declaraciones de la Fuerza Pública al respecto que verifiquen o esclarezcan los videos y fotos que circulan en redes sociales. Las denuncias de invasiones vienen en su mayoría de José Félix Lafaurie, Fedegán y el alcalde del municipio del Plato.
Además, la mayoría de las notas de prensa provienen o citan un solo portal de noticias, que fue fundado en junio de 2022 y publica mayoritariamente sobre invasiones de tierras. Curiosamente, de las cuatro columnas de opinión, dos son escritas por José Félix Lafaurie y están enfocadas en las invasiones. Así mismo, Lafaurie y la procuradora Cabello han atribuido las invasiones a mafias (acá y acá).
Por su parte, el gobernador del departamento, Carlos Caicedo, ha controvertido esas declaraciones. Aunque no está claro quién está detrás de las amenazas de invasión, la lógica parece ser muy distinta a los patrones históricos de tomas de tierras que vemos en el caso del Cauca.
Otros episodios en otros departamentos sugieren que la lógica parece distar significativamente de la agenda rural de recuperación de tierras. En el municipio de Dagua (Valle del Cauca), unas personas ocuparon un predio de la SAE y, al final, se retiraron de manera pacífica. En Neiva, un grupo de personas están ubicadas en los linderos de la ciudad y, según información disponible, se trata de personas que han sido desplazadas y no hay un reclamo de reinvidicación de la tierra. En Boyacá ocurrió un conflicto entre vecinos que dio paso a un proceso judicial. Las denuncias en Girón (Santander) hacen alusión a las ocupaciones de personas armadas. Por último, llama la atención el caso de Tamalameque, Cesar, que se diferencia de los otros porque las organización campesinas se han manifestado al respecto. En un video, los recuperadores del proceso Renacer Campesino explican que están asentados en el territorio desde hace un año y, debido a los procesos de recuperación, uno de sus líderes fue asesinado.
La variedad de lógicas detrás de la “ola de invasiones” sugiere cautela para entender y abordar estos hechos. Por ello, resulta desafortunado el anuncio del Gobierno nacional que califica estos hechos como si pertenecieran a un mismo fenómeno y prevé el desalojo forzado como herramienta de solución. Como lo evidencia la experiencia de la década del setenta, la respuesta a los reclamos de tierras tiene efectos profundos no solo en la política de tierras hacia el futuro, sino también en los conflictos irresueltos por la tierra y los posteriores ciclos de violencia.
La toma de tierras: un repertorio de movilización de larga data
Contrario a lo sugerido por algunas voces disidentes, las tomas de tierras no surgen repentinamente con la entrada del nuevo Gobierno, sino que constituyen un repertorio de movilización rural con una larga historia, como lo muestra la Figura 1.
En las décadas del veinte y treinta, el conflicto por la tierra —también llamado el conflicto entre el machete y el papel sellado— enfrentó a colonos y terratenientes por las disputas sobre tierras que los primeros alegaban eran públicas y los segundos defendían como privadas a partir de títulos dudosos. Como lo ha analizado la profesora Catherine LeGrand, esa movilización forjó una reforma agraria relativamente promisoria —que, en la implementación, falló en redistribuir la tierra— y promovió la institucionalidad alrededor del desarrollo rural.
Figura 1. Tomas de tierras 1975-2020
El inicio de la década del setenta fue quizá el mayor epicentro documentado hasta el momento. Esas acciones fueron abanderadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) a lo largo del país, en las que confluyeron indígenas, campesinos y afrodescendientes. Según los datos de Zamosc, alrededor de 645 episodios de tomas de tierras fueron registrados en 1971. Para la Anuc, la toma de tierras constituía una reforma agraria de facto, la cual fue impulsada en respuesta a los retrocesos del Gobierno nacional en la implementación de las políticas de tierras adoptadas en la década anterior (ver Figura 2).
En efecto, la Anuc ya había tomado distancia de la administración de Lleras Restrepo—a pesar de que esa asociación había sido inicialmente conformada gracias al apoyo gubernamental —debido a los tímidos avances en la entrega de tierras al campesinado empobrecido.
Figura 2. Inundaciones e invasiones en el 71 (El Tiempo, 8 de enero de 1972)
En lugar de facilitar el diálogo y resolver de fondo las disputas por la tierra, la administración de Misael Pastrana Borrero le cerró la puerta a una reforma agraria redistributiva, que fue reemplazada por una noción de desarrollo anclada al crecimiento económico y la eficiencia. Al tiempo que la movilización rural fue reprimida por las fuerzas estatales, el Gobierno nacional acordó con las élites económicas y políticas el contenido del nuevo desarrollo rural en el llamado Pacto de Chicoral, que fue celebrado en enero de 1972 y cristalizado en las leyes 4 y 5 del siguiente año (ver Figura 3). La nueva orientación de las políticas de tierras facilitó la mayor concentración de la tierra, dado que dejó irresuelto el latifundio y falló en incentivar el aprovechamiento más productivo de la tierra.
Figura 3. Caricatura “La Re-Contra Reforma” (El Tiempo, enero 16 de 1972)
Legados de radicalización y violencia que enmarcan la política agraria
En nuestro trabajo de investigación, mostramos que las tomas de tierras de 1971 tuvieron efectos profundos y de largo plazo en la agenda de desarrollo rural y en las dinámicas de despojo.
La política pública se alejó de los esfuerzos previos de reformismo y cerró la posibilidad de una reforma agraria redistributiva. Esto no solo agudizó los conflictos latentes, sino que también promovió la radicalización de algunos sectores hacia las armas y alimentó las posteriores olas de despojo ejecutado por alianzas entre paramilitares, ganaderos y agroindustriales.
A pesar de que algunos episodios de tomas de tierras conllevaron a la negociación entre terratenientes y campesinos para la compra a través del Incora —como lo indicó Eloisa Bermán Arévalo en este mismo medio—, las élites rurales reversaron los avances de reforma por medio de la usurpación violenta de las tierras entregadas, la cual fue vestida de legalidad con papeles notariales y sellos registrales. Así lo evidencian, por ejemplo, las decisiones de restitución de tierras en Córdoba donde el despojo paramilitar de finales de los noventa ocurrió sobre terrenos que habían sido entregados por el Incora a campesinos una década atrás en respuesta a la fuerte movilización por el acceso a la propiedad rural.
La movilización rural como oportunidad para impulsar la reforma agraria
La experiencia de los setenta arroja luces sobre los legados que la respuesta a la movilización rural pueden tener en la construcción de paz y un desarrollo más incluyente.
Si comparamos los episodios de tomas de tierras del setenta con aquellos de este año, encontramos algunas diferencias y similitudes.
A diferencia de lo que ocurría en la década del setenta, en donde había un mandato de un sector de la Anuc de recuperar la tierra en muchos sectores del país para presionar al Gobierno, lo que está sucediendo en estas semanas comprende varios procesos con lógicas muy distintas. La diferencia entre lo que ocurre en el Norte del Cauca con otras zonas del país es significativa.
Con todo, hay una similitud en la respuesta de algunos sectores que denuncian que las invasiones amenazan la propiedad privada y el desarrollo nacional. De hecho, en una columna sin mayor sustento empírico, Germán Vargas Lleras concluye: “Me temo que no falta mucho para que empiecen a tomarse viviendas, apartamentos, locales y oficinas en las ciudades. ¿Por qué no? Una vía moderna de expropiación”. Hoy, igual que en los años setenta, es muy atractivo construir un debate sobre cómo se esparcen por todo el país los atentados a la propiedad privada. Las narrativas que agrupa estos episodios como un solo fenómeno legitiman un discurso que históricamente ha bloqueado intentos de redistribución y ha sido utilizado para justificar violencias y despojos. De hecho, en las últimas semanas, ya hemos visto respuestas que se asemejan mucho a los orígenes de los grupos paramilitares y solo eso nos debería alertar para tratar de entender mejor lo que está sucediendo. Lastimosamente, la violencia contra líderes sociales no cesa y está íntimamente ligada a conflictos de tierra.
Una diferencia central entre los dos episodios de tomas radicaría en la respuesta del Gobierno nacional. Desde su campaña, el Gobierno de Petro y Márquez ha puesto la redistribución en el centro del debate y prometido que la reforma agraria sería un eje de su administración. Bajo las promesas redistributivas, los movimientos sociales apoyaron electoralmente a Petro y Márquez. Entre ellos, los movimientos rurales fueron actores claves para conseguir votos, por lo que su respuesta a los reclamos de tierra tendrá efectos significativos en la legitimidad del actual Gobierno.
En ese sentido, la movilización rural puede ser vista como una oportunidad—en lugar de un obstáculo—para impulsar una reforma agraria que resuelva los viejos conflictos por la tierra.
Para saber más
Juan Albarracín, Juan Corredor-Garcia, Juan Pablo Milanese, Inge H. Valencia & Jonas Wolff (2022)Pathways of post-conflict violence in Colombia, Small Wars & Insurgencies, DOI: 10.1080/09592318.2022.2114244
Centro Nacional de Memoria Histórica (2010). La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe (1960-2010). Bogotá.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022). Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia. Bogotá.
Carlos Duarte (2015). Desencuentros Territoriales. Tomo I. La emergencia de los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca. Bogotá.
Juan Fernando Tellez (2021). “Land, Opportunism, and Displacement in Civil Wars: Evidence from Colombia”. American Political Science Review, 116, 2. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055421001003
Francisco Gutiérrez, Margarita Marín, Diana Machuca, Mónica Parada y Howard Rojas (2020). “Paz sin garantías: el asesinato de líderes de restitución y sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia”. Estudios Socio-Jurídicos. 22, 2. DOI: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9144
León Zamosc (1986). The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967–1981. Cambridge University Press
