El rol de la sociedad civil en la implementación del Punto Agrario del Proceso de Paz en Colombia

En este corto escrito se analiza el concepto de desarrollo rural y el papel de la sociedad civil en su implementacion, teniendo en cuenta el punto agrario del Proceso con las Farc.

El asunto agrario ha ocupado la agenda política, judicial y ejecutiva desde 1930 en nuestro país, teniendo como punto en común, el problema de inequidad en el acceso a las tierras.  En 1964 la posición inicial del grupo guerrillero frente a los temas agrarios, la inversión extranjera y los tratados de libre comercio sostenían la necesidad de confiscar tierras ocupadas por “compañías imperialistas norteamericanas” a cualquier título y cualquiera que fuera la actividad a la que estuviesen dedicadas y la entrega “gratuita” de tierras a los campesinos y el respeto por la propiedad de los campesinos que trabajen personalmente la tierra y ahora la posición ha mutado para sentar postura contra el latifundio improductivo, inadecuadamente explotado y ocioso.

Para este grupo guerrillero el desarrollo rural es fundamental para el crecimiento del país. Este se debe caracterizar por la producción campesina de alimentos y no por la proliferación de agroindustrias e industrias extractivas, y acuden a unas cifras: “De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la explotación petrolera, 11 millones a la minería y 750 mil hectáreas en explotación forestal. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones y 4,7 millones están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano en función de los intereses de una economía de enclave”. Como se puede observar las posiciones contrapuestas entre el gobierno y las FARC en el siguiente cuadro sobre las Perspectivas sobre el Desarrollo Agrario que plantea  (ALVIAR GARCIA, 2016) y resulta bien interesante para la discusión.

	Visión del gobierno	Visión de las FARC
Definición de desarrollo	Crecimiento	Crecimiento y redistribución
Distribución de recursos	Mercado	Estado
Herramientas para distribuir	-Titulación -Adjudicación de baldíos (excepcionalmente) -Extinción de dominio	Extinción del latifundio improductivo, inapropiadamente explotado y ocioso
Tipo de producción	Agroindustria	Alimentos, producción campesina
Concepción de la formalización	Civilista, determinada por la teoría clásica del título y el modo.	En la lógica de la redistribución, comprende la satisfacción de las condiciones necesarias para el usufructo de la propiedad.

Los acuerdos de paz en materia agraria debieron pensar un poco más en la nueva relación de campo-ciudad, pues hoy el espacio rural ya no está dedicado de manera exclusiva a la producción agropecuaria que hoy más que nunca la iniciativa privada debe servir a la transformación de nuevos modelos de territorio.

Las medidas contenidas en los acuerdos agrarios y de drogas ilícitas son el claro reflejo de problemas estructurales que padeció el país durante casi cincuenta años y el papel que cumplían los particulares y las empresas era ajustar sus proyectos de vida y desarrollo industriales a la institucionalidad paralela al estado de derecho y buscar soluciones particulares e individuales a los conflictos que surgían en las urbes y las zonas rurales del país.

En materia de drogas ilícitas el profesor Absalón Machado afirmó que la decisión de qué opción tomar frente a este problema depende tanto de los campesinos/cultivadores como del Estado; los primeros aceptando programas de reconversión y de reconfiguración del uso del suelo, y el Estado dando garantías a los proyectos productivos, brindando asistencia, apoyo y acompañamiento hasta que se alcance un alto nivel de estabilidad en el sector rural. Esto requiere de confianza y credibilidad mutua.

Es clave tener en cuenta, según Machado, que el abandono de cultivos ilícitos por parte de los campesinos no es solo un asunto de una decisión individual, pues la mayoría de cultivadores están atados a las redes del narcotráfico, por lo que salirse podría costarles la vida si permanecen en los territorios. Esto para indicar que los programas de sustitución de cultivos y de restitución productiva no se resuelven a través de las políticas de acceso a la tierra y de desarrollo rural. Si no se desmontan las redes del narcotráfico será muy difícil que los cultivadores busquen opciones alternativas de subsistencia en sus respectivos territorios.

En este mismo sentido en materia agraria, se evidencia la necesidad de una Reforma Rural Integral que esté al servicio del país y a las necesidades de la realidad rural y agraria , la cual deberá estar centrada en el bienestar de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes,  palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales, y pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Lo acordado en esta materia, reconoce y prioriza sus esfuerzos en destacar el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente, sin perjuicio de la necesaria articulación entre ésta y otras formas de producción agropecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural. La dimensión de la Reforma Rural Integral tiene propuesta ser adelantada en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado.

Considero que un importante elemento subyace en la creación de un Fondo de Tierras, teniendo en cuenta que la problemática del Conflicto Armado ha sido por la repartición justa y equitativa de las tierras, el principal objetivo de esta herramienta de paz es democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto^[1].

La inclusión de estas tierras al Fondo para la paz depende, en gran medida, de la gestión institucional y en los instrumentos que estas tienen para identificar la legitimidad de títulos, el cumplimiento de las condiciones sociales y ecológicas de la propiedad, la utilidad pública de los predios la identificación de los bienes existentes de origen privado, entre otros. Ciertamente uno de los temas que buscan el desarrollo sustentable del campo considera el desarrollo sostenible, pero este no es un problema que tenga una solución viable solo por parte del actor estatal, será necesario el carácter voluntario y concertado de los acuerdos, para que las comunidades transiten en caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, la no resiembra y el compromiso de volver a creer en el desarrollo rural y desde las parcelas contribuir a un problema agrícola muy grande que se traduce en problemas de seguridad alimentaria del país.

En conclusión, las obligaciones que surgen para las empresas son innumerables pues este acuerdo requerirá la puesta en marcha de procesos y proyectos productivos en desarrollo de la función social que está llamada a cumplir la empresa como actor relevante para la construcción de un país justo, si bien en el texto del acuerdo no se evidencian las obligaciones de forma expresa pueden extraerse del mismo sus fines, objetivos e instrumentos, donde vinculan a las empresas en el diseño de estrategias comunitarias-productivas para dar solución a las problemáticas agrarias y al cultivo de drogas ilícitas.

El reto es muy grande para implementar este tópico agrario pues existe una deuda historica con el campo Colombiano, y plantear puntos y aspectos para  gran reforma rural será una de las formas de satisfacer está.

 

Bibliografía:

ALVIAR GARCIA, H. (2016). La discusión en torno a la política de desarrollo agrario: ¿Perspectivas encontradas? ¿Nuevas soluciones? En AA.VV, Perspectivas jurídicas para la Paz (págs. 11-41). Bogotá: Universidad de los Andes.

RUBIANO GALVIS, S., & MARTIN BERRÍO, J. (2016). ¿La Pipa de la Paz? Los derechos humanos, el medio ambiente y la reforma de las políticas sobre Drogas en el (POS) conflicto Colombiano. En AA.VV, Perspectivas jurídicas para la paz (págs. 93-141). Bogotá: Universidad de los Andes.

TORRES FORERO, C. (2009). De las aulas a las urnas, La Universidad del Rosario, la séptima papeleta y la constituyente de 1991. Bogotá: Universidad del Rosario.

[1]Dicho Fondo tendrá como fuente las tierras de: a) Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación de aquellas que han sido incautadas al narcotráfico. b) Tierras recuperadas para la Nación, es decir, baldíos indebidamente apropiados o adjudicados que pueden estar cercanos a un millón de hectáreas, y que es preciso recuperar a través de procesos agrarios. c) Tierras provenientes de la desafectación de áreas de Ley 2 de 1959.d) Tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. e) Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente indemnización. f) Tierras donadas. h) Tierras adquiridas con el subsidio integral provisto por el Estado. i) Tierras adquiridas por los campesinos a través de créditos blandos que se abrirán para tal propósito.