El arroz es el cultivo más diseminado sobre la faz de la Tierra, el más popular. 

Los cinco países que más lo producen son China (212 millones de toneladas anuales), India (195 millones), Bangladesh (57 millones), Indonesia (54 millones), y Vietnam (44 millones) (Our World Data, 2021). 

Los mercados mundiales de este cereal, básico en la dieta de los países pobres y en vías de desarrollo, se han sacudido en los últimos días ante el anuncio de India, el mayor exportador mundial, de prohibir exportaciones debido a los temores ante un posible desabastecimiento interno causado por lluvias excesivas e inundaciones en las zonas productoras que ya se están registrando.

Este anuncio ha ocasionado acaparamiento y un fenómeno que no veíamos desde la pandemia: las compras de pánico a lo largo y ancho de Canadá y Estados Unidos.

Como se puede observar en la gráfica, Colombia no alcanza a estar entre los primeros 20 países productores de arroz del mundo. Sin embargo, según cifras del Dane el sector arrocero es el tercer producto con mayor importancia en la agricultura colombiana. 

En el país existen más de 16 mil familias productoras que viven de este cultivo en 210 municipios de 10 departamentos. El país produce alrededor de 6 millones de toneladas de arroz sembradas en algo más de 500 mil hectáreas. 

La productividad del cultivo de arroz en Colombia está cercana a la media mundial de 6 toneladas (t) por hectárea (ha), encabezada por Egipto, donde se cosechan en promedio unas sorprendentes 10,2 t por ha.

En Colombia se cultivan dos tipos de arroz. El primero es el conocido como riego, y se siembra donde hay distritos de riego con agua disponible en época seca. Este es el cultivado en las zonas del centro del país, principalmente en Tolima, Huila y el Valle del Cauca, y representa entre 30% y 40% del área del país. 

El otro 60% o 70% lo ocupa el arroz conocido como secano, que depende de las temporadas de lluvias, se ubica en los Llanos y la Mojana, que tiene una parte en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. 

Del riego se siembran dos cosechas al año, una en marzo o abril y la otra en agosto y septiembre. Y de secano una sola cosecha durante el primer semestre, que coincide con la mayor temporada de lluvias anuales. 

Cuando se habla de 6 toneladas de rendimiento por hectárea es el promedio entre riego y secano. De eso, el riego produce por encima de 7 t y el secano produce entre 4,5 t y 5 t. (La República, 9 de mayo de 2022). Además, en Colombia consumimos 42 kilos de arroz por persona al año.

Durante el último mes, el ingrediente más común en el plato de las comidas diarias de los colombianos se ha tomado los titulares de los principales medios de prensa, ¿el motivo? El subsidio indirecto conocido como “Incentivo de almacenamiento”. 

Este es un instrumento de regulación de la oferta y demanda, ideado para impedir que los precios caigan cuando sale la cosecha. 

Surgió como residuo del extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema), que garantizaba precios mínimos de compra y almacenamiento a los productores agrícolas desde la década del 70, antes de que entraran en boga la aplicación de las teorías del Estado Mínimo. 

Esto último ocurrió en los años 90, cuando se destruyó gran parte de la institucionalidad agraria y se llevó por delante a ese importante instituto que fue liquidado por la dos veces exministra de agricultura Cecilia López Montaño, durante el gobierno de Samper.

Según el Ministerio de Agricultura, este Incentivo no ha servido como instrumento para planificar las siembras y organizar los niveles de producción del grano en los 30 años que lleva vigente. 

El Gobierno también ha dicho que esto era un mecanismo temporal, pero según el gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández, “eso nunca se habló porque yo me senté en esa mesa en el año 96 y nunca se habló de temporalidad. Se dijo que este iba a ser el mecanismo que iba a reemplazar al Idema (Portafolio, julio 21 de 2023)”.

Los detractores de este beneficio a los agricultores también alegan, como lo hizo el señor Silverio Gómez en la Revista Semana, pretendiendo tener “la verdad” sobre este asunto, que “el precio que recibieron los agricultores por parte de los molineros aumentó en 65% entre diciembre de 2021 y finales del 2022, sin contar el subsidio del gobierno de cerca de 31 mil pesos por toneladas de verde que recibieron por el incentivo”. 

En adición, considera el exdirector de la Cámara de arroz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que el subsidio es “insostenible fiscal, social y políticamente”.

Lo que no menciona Gómez, quien coincide con los argumentos de las principales empresas arroceras como Dicorp, dueña de la marca Diana, y Florhuila, productora de arroz Roa, entre otras, es que “el Incentivo es un instrumento que garantiza abastecimiento de producto en épocas que no son de cosecha grande, merma las importaciones con el consecuente ahorro de divisas”, como lo afirma Fernando Murillo, delegado del Meta ante el Consejo Nacional del Arroz. 

Tampoco menciona el Sr. Gómez que en la actualidad, debido a los TLC que el Gobierno Petro en campaña se comprometió a renegociar, estamos importando 200 mil t de arroz que se producen en el país, afectando a los productores nacionales. 

En 2029 podrán entrar 166.957 t adicionales sin arancel, y en 2030 quedará desgravado por completo, según lo acordado en el TLC con EE.UU.

El ministerio ha informado que este será el último año del incentivo, que está tasado en unos 20 mil millones, que podrían llegar a 25 mil de requerirse. 

Murillo explica que estos ingentes recursos públicos muy probablemente no serán usados por la industria, pues implica una decisión de económica que puede ahorrarles 100 mil millones en lugar de percibir la pequeña fracción del 25% de ese monto que les ofrece el Gobierno. 

También, asegura el Sr. Murillo en declaraciones para esta columna, que de no implementarse este recorte le costará a los arroceros 200 mil millones de pesos en pérdidas anuales. En el panorama descrito queda claro quienes ganan y quienes pierden si se desmonta el subsidio.

Ante el país y todos los consumidores diarios de arroz, sobra citar uno de los últimos comunicados de Fedearroz, que ha coincidido en la férrea defensa de este mecanismo junto a Dignidad Agropecuaria y los Núcleos Arroceros, poniendo los puntos sobre las íes a los detractores de este incentivo.

Uno que es tan necesario para garantizar la soberanía alimentaria de un país en el que, según la Andi, “un incremento en el precio del 20% resulta en un aumento de más de 400 mil personas bajo la línea de pobreza y más de 100 mil personas adicionales cayendo bajo la línea de indigencia”. 

En el último año, Colombia vio pasar el número de pobres y hambrientos de 16 a 17,8 millones (Programa Mundial de Alimentos, 2023), con la paradoja de tener el potencial de ser una despensa mundial de alimentos. Ahí el “cambio” tampoco se nota.

“Estamos de igual manera de acuerdo en impulsar el ordenamiento de la producción, pero sin olvidar que el hectareaje que hoy se siembra en arroz, es el que necesita el país para su abastecimiento y debe hacerlo en su mayoría en zonas de secano, por no existir suficiente área irrigada (…). Mientras en el país no existan más distritos de riego, ni se haga realidad la construcción de infraestructura de secamiento y almacenamiento por parte de los productores, tareas que debe promover el gobierno a través de diferentes herramientas, será inevitable seguir pensando en el incentivo al almacenamiento u otro mecanismo con igual capacidad, para apoyar el proceso de comercialización de la cosecha, a menos que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria nacional”.