Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta columna fue escrita junto a Chiara Chiavaroli*, miembro de Rodeemos el Diálogo (ReD) y Karen Arteaga Garzón*, directora de ReD.
La crisis cocalera tiene dos caminos: ser una oportunidad para consolidar la paz total y buscar salidas económicas lícitas o ser un tránsito hacia la minería ilegal. El que siga Colombia depende principalmente de lo que haga el gobierno Petro.
Fuente: Fotografía Karen Arteaga Garzón. Cultivos de coca, Nariño. Julio 2023.
El 12 de julio de 2023, el ministro de justicia Néstor Osuna anunció que en las primeras semanas de agosto el presidente Gustavo Petro presentaría la nueva política de drogas.
La propuesta del gobierno emerge de un proceso participativo llevado a cabo con más de 2.500 personas en 16 departamentos del país. Esta política es un complemento indispensable para la “paz total”, teniendo en cuenta que los cultivos ilícitos son clave para la financiación de los grupos armados ilegales.
Mientras el país espera esa nueva política de drogas, los territorios cocaleros enfrentan una grave crisis económica.
Tres elementos para entender la crisis cocalera
La crisis se inició en los primeros meses del 2022. Según El País, en el departamento del Cauca, entre 2021 y 2023, el precio de la hoja de coca ha caído más del 32 por ciento. De acuerdo con las cifras que recolectamos en Bajo Cauca en el último mes, el precio de la pasta base de coca ha oscilado entre los $3.300.000 y $2.200.000 por kilogramo.
El año pasado eran pagados unos $25.000-$30.000 por arroba, ahora son pagados solo $8.000-$10.000. En Nariño, por ejemplo, un kilogramo de pasta base que anteriormente se compraba en efectivo a $3.600.000 ahora se compra por $1.600.000 y el pago es posfechado.
Esta crisis es el resultado de tres hechos que se entrelazan en la coyuntura actual.
Primero, la decisión de Petro de cambiar a los altos y medios mandos militares en el marco de una política de defensa y seguridad enfocada en la “seguridad humana”. Estos cambios en la cúpula militar habrían ocasionado una interrupción en las redes de colaboración entre las fuerzas armadas y los narcotraficantes, que garantizaban las rutas de exportación de la pasta base de coca.
Líderes sociales en Bajo Cauca relatan que los cambios de mando se han dado principalmente en las zonas fronterizas donde hoy ocurren los represamientos de mercancía ilegal.
Asimismo, líderes sociales del pacífico nariñense y cordillera afirman que la rotación de los mandos medios y el cambio de los altos mandos en esta región ha limitado el ingreso de compradores y reducido la demanda. Y, por ende, ha bajado casi a la mitad el precio de la pasta base de coca.
Aunque el gobierno Petro ha sido acusado por sus adversarios políticos de tener una política militar y de seguridad débil, los esfuerzos de interceptación de las cadenas de exportación han sido efectivos.
Segundo, el aumento del precio de uno de los insumos fundamentales para la transformación de la hoja de coca en pasta base: la gasolina. Hoy es más costoso producir la pasta base, lo que ocasiona que la producción sea menos rentable.
De acuerdo con el informe del 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), para las 1.228 toneladas de cocaína que anualmente produce Colombia se necesitan alrededor de 520 millones de litros de gasolina.
Por lo tanto, la decisión del presidente Petro, tomada el 11 de septiembre de 2022, de aumentar de manera paulatina el precio de la gasolina para evitar que siguiera creciendo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha afectado directamente la economía relacionada con la producción de cocaína.
Tercero, lo que pasa fuera del país también ha jugado un papel en la crisis cocalera. Por ejemplo el fortalecimiento del mercado de la coca mexicana, por la producción y el mayor control de los grupos mexicanos se ha disminuido la demanda de pasta base colombiana.
Los campesinos cocaleros de Nariño relatan que hay muchos menos compradores de pasta base, además analistas regionales consideran, tal como lo han reportado algunos medios de comunicación, que el aumento del consumo de nuevas drogas como el “tusi” disminuye la demanda de cocaína.
Crisis cocalera, grupos armados y minería ilegal
Fuente: Fotografía Chiara Chiavaroli, Bajo Cauca, Diciembre 2022.
La crisis cocalera afecta de forma diferente a los grupos armados ilegales que están involucrados en la cadena de producción de cocaína. En el Bajo Cauca Antioqueño, el clan del Golfo (autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o AGC), junto con las disidencias de las Farc-EP (Estado Mayor Central-EMC) y el ELN, tienen un papel preponderante en el control de las exportaciones de la pasta base de coca.
A la espera de que el precio vuelva a subir, las AGC han dado la orden de no sembrar más matas, pero de “mantener” los cultivos existentes. Por otro lado, la caída del mercado de la coca causa que haya una falta de recursos para sostener a las estructuras militares de este grupo armado, lo que las debilita porque no hay cómo pagar a los bajos mandos que a veces entran en huelga o deciden abandonar el grupo.
La dificultad en mantener a sus hombres localmente parece ser una presión positiva para que las AGC participen en el proceso de “paz total”. Con este fin, se está presentando como un actor político y no solo criminal-militar, buscando ser incluido en negociaciones con el gobierno.
Sin embargo, este proceso de posicionamiento político de las AGC ha implicado el señalamiento de organizaciones de base consideradas “de izquierda”, lo que pone en riesgo a los líderes sociales.
Por otra parte, ahora en muchos laboratorios de coca en Bajo Cauca se trabaja con un porcentaje mayor de agua para bajar los costos por el aumento en el precio de la gasolina. Además, los grupos armados buscan controlar el transporte de combustible desde las zonas urbanas a las veredas, donde se procesa la hoja de coca.
Impedir el transporte de gasolina a territorios bajo el control del grupo armado adversario es actualmente un catalizador de conflictos y una estrategia para afectar la producción cocalera del otro grupo.
A nivel territorial esto acarrea riesgos de seguridad y afectaciones importantes para las comunidades locales, por ejemplo su confinamiento, como sucedió en el caso de la crisis humanitaria en Cáceres.
Mientras tanto, las comunidades de Tarazá y Cáceres siguen a la espera de las decisiones que el gobierno tomará sobre el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (Pnis), que se puso en marcha en estos dos municipios desde el 2017 y que los líderes sociales consideran una derrota, ya que la mayoría de los subsidios previstos por el programa no han sido desembolsados.
Además, en el Bajo Cauca algunas fuentes locales también señalan un aumento del reclutamiento forzado de menores por las dificultades que están pasando muchos hogares de campesinos cocaleros.
Por la fragilidad del mercado de la coca en Nariño, al igual que en Bajo Cauca, se ha empezado a migrar a la minería ilegal para compensar las pérdidas económicas. En la cuenca del Río Patía la presencia de “dragones” para la extracción de oro es cada vez mayor, controlada por el EMC y la Segunda Marquetalia, según la zona.
La participación de otros actores, que antes competían en la economía de la coca, es evidente en zonas como Magüi Payán, donde las dragas están a las afueras de la cabecera municipal.
En otros municipios de Nariño, como Leiva y Policarpa, la escasa implementación del Pnis ha contribuido a que los campesinos sean incrédulos frente a la sustitución de cultivos y busquen ingresos económicos dedicándose al monocultivo de coca.
En el marco de la actual crisis cocalera los negocios legales (cantinas, tiendas, restaurantes, etc.) tienen menos ventas e ingresos, y a pesar de que existe gran cantidad de hoja de coca y pasta base, que dicen “se está pudriendo”, los campesinos están sufriendo hambre porque en los últimos años habían reemplazado los cultivos de pancoger por más matas de coca.
Los efectos de la crisis cocalera en Nariño son tan grandes que se sienten incluso en Pasto, donde varios constructores se han quebrado y los comerciantes se quejan de la disminución en el consumo.
No obstante, la expectativa de muchos habitantes nariñenses, vivan o no en zonas cocaleras, es que se reactive el negocio, ya que según muchos pobladores el 60 por ciento de la economía del departamento está permeada por la coca.
Esta expectativa, según un líder de Samaniego, parece estar cumpliéndose porque en los primeros días de agosto han empezado a circular grandes sumas de dinero provenientes de la comercialización de la coca.
Esto alimenta una crisis humanitaria marcada por asesinatos y desplazamientos en una zona controlada tradicionalmente por el ELN, pero que quieren controlar el EMC y la Segunda Marquetalia para llegar fuertes a una eventual negociación política.
Sin embargo, muchas personas consideran que la crisis cocalera llegó para quedarse, y están buscando nuevas alternativas económicas.
Crisis cocalera: una oportunidad para la agricultura
Fuente: Fotografía Karen Arteaga Garzón. Cultivos de coca, Nariño. Julio 2023.
La crisis de la coca es una oportunidad para recuperar la vocación agrícola del campesinado cocalero. El monocultivo de la coca ha fracturado la autosuficiencia alimentaria, las prácticas de producción campesina y ha profundizado el despilfarro y las compras ostentosas.
Entonces, el gran reto es transformar la cultura mafiosa que se ha instalado en zonas cocaleras para que la minería ilegal no despegue con fuerza y acabe afectando irreparablemente el medio ambiente.
Para evitar este escenario, el gobierno debe apoyar económicamente a las comunidades cocaleras para que superen esta crisis y transiten a una economía lícita sostenible.
En lo inmediato, es importante garantizar la seguridad alimentaria de estas comunidades y unos ingresos mínimos para que comiencen nuevos proyectos productivos.
La noticia de que el gobierno Petro estaría evaluando la opción para soportar comunidades indígenas y campesinas en la producción de productos alternativos con base en la hoja de coca es alentadora para quienes no saben como recuperar la inversión que hicieron en los cultivos de coca ante la crisis.
La crisis cocalera demuestra que en las negociaciones con los grupos armados ilegales es necesario incluir el diseño de una solución económica que replantee la dependencia de negocios ilícitos.
Hoy hay una ventana de oportunidad de corto plazo para negociar con estos grupos, ya que tienen menores ingresos y más problemas para presentarse como “benefactores” de procesos comunitarios, pero se necesita de una estrategia sostenible en el tiempo.
Esa estrategia debe alinearse con la política de seguridad humana del gobierno, así se podría enfrentar la crisis humanitaria que se vive por cuenta del interés de algunos grupos de mostrarse como actores político-militares fuertes para participar en las negociaciones.
En el largo plazo, la “paz total” implica desmantelar las economías de guerra que han financiado y sostenido el conflicto armado. El reto es invertir en los territorios para consolidar circuitos económicos legales.
Una inversión fundamental debe ocurrir en las vías terciarias, y en el mejoramiento del transporte marítimo para garantizar que los productos cultivados en las áreas alejadas a los cascos urbanos puedan salir de allí.
En el Bajo Cauca, el desarrollo del Distrito Minero podría ser clave para este proceso de reconversión. En Nariño, la recuperación y protección de la cuenca del Río Patía podría ser un motor de transformación económica basado en el alto potencial turístico de la zona.
Repensar las modalidades de ejecución del Pnis, tanto en Bajo Cauca como en Nariño, es otro punto importante que puede soportar la reconversión económica, y que se necesita para cumplir al Acuerdo firmado con las Farc-EP, reconociendo los esfuerzos de sustitución voluntaria llevados a cabo por las comunidades cocaleras.
Si el anunció del ministro Osuna se materializa es probable que la política de drogas del gobierno y la crisis cocalera sirvan para consolidar rápidamente una economía legal en zonas históricamente marginadas, que deberían ser epicentro de la “paz total”.
Chiara Chiavaroli
Antropóloga y estudiante de doctorado del departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics (LSE). Miembro de Rodeemos el Diálogo (ReD). Ha sido consultora del instituto de investigación Chatham House y del Centro de Derechos Reproductivos.
Karen Arteaga Garzón
Directora de Rodeemos el Diálogo (ReD) en Colombia. Politóloga y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Su experiencia se concentra en el análisis de dinámicas de conflicto armado, participación de la sociedad civil en procesos de paz y en metodologías de diálogo. Ha trabajado en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz-Oacp, la Fundación Ideas para la Paz-FIP, Transparencia por Colombia, entre otros.
