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Lo que ocurra con el campo es responsabilidad del Gobierno, y debe garantizarle, junto a la seguridad, las condiciones de existencia que su política económica le ha negado.
Sectores políticos y gremios rurales protestaron el 12 de octubre contra la que consideran una política económica que quiebra al sector agropecuario.
Durante la última década se han implementado doce Tratados de Libre Comercio, siendo el firmado con Estados Unidos en 2012 el que peores efectos le ha traído al campo colombiano. En 2011 Colombia importó de ese país casi 3 mil toneladas métricas de arroz. Tres años después fueron 239 mil: 8 mil por ciento más.
El maíz pasó de 287 mil toneladas métricas a tres millones 600 mil, con una variación de 1.168 por ciento. Los productos lácteos importados aumentaron en 701 por ciento, ubicándose en 536 mil toneladas métricas al año.
Dichos resultados solo pueden entenderse en razón de la enorme asimetría respecto a la economía norteamericana, que es mucho más poderosa que la colombiana. Para ellos sus exportaciones de productos de mediana o alta complejidad tecnológica representan un setenta y seis por ciento, en tanto que en nuestro caso el ochenta por ciento tienen cero o escasa transformación.
Thomas Piketty, en su libro El capital en el siglo XXI, señala con razón que “la historia del crecimiento económico es ante todo la de la diversificación de los modos de vida y de los tipos de bienes y servicios producidos y consumidos”. Con la política del libre comercio, Colombia concentra su economía en la producción de materias primas agrícolas y mineras.
Es cuestionable la necesidad de un TLC para orientar la economía a la exportación ya que muchos países que no tienen este tratado con Estados Unidos nos sobrepasan en exportaciones.
Según datos de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, Colombia se ubica en el puesto veinticinco de los países que más le venden productos. De los veinticuatro países que nos superan, solo cuatro tienen TLC con ese país: México, Canadá, Israel y Corea.
El presidente Santos en 2012, cuando anunció el inicio de la Mesa de Diálogo de Paz entre el Estado y las Farc, dijo que “el modelo económico no se negocia”. Las Farc tras los diálogos sellaron el final de cincuenta y dos años de guerra contra el Estado y se convirtieron en militantes civiles de su partido. Una guerra menos es una buena noticia para Colombia y el mundo. Caso aparte es que la política agraria sea la misma, lo que no será nunca una buena noticia para el campo.
Hoy se encuentra expuesto al narcotráfico, con grupos armados ilegales controlando la producción y distribución de drogas; la ausencia del Estado en zonas que como en Tumaco sienten ese abandono que no se revierte; los arroceros del país quebrados por las importaciones; los productores de leche trabajando a pérdida.
Lo que ocurra con el campo es responsabilidad del Gobierno, y debe garantizarle, junto a la seguridad, las condiciones de existencia que su política económica le ha negado. No vaya a ser que a ese campo que no lo ha podido acabar la guerra lo acaben los negocios mal hechos de los jefes del libre comercio.
@AmauryNG
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