La línea verde del gobierno Duque: El Centro Democrático y las tierras (Parte 2/3)

En el análisis a continuación, me referiré a las posturas, decisiones y acciones del sector político de donde emerge el gobierno Duque que son contrarias a los derechos de las víctimas, campesinos y pueblos étnicos en materia de tierras y territorios.

La expresión “línea roja” es utilizada para definir los límites que no se pueden traspasar en un determinado asunto. En el análisis a continuación, me referiré a la “línea verde” en los temas de política agraria que no pueden ser transgredidos por el gobierno Duque pese al sector político que lo respalda.

Este análisis está compuesto de tres partes: la primera, donde retomaré las propuestas de política de tierras realizadas por el candidato Duque en la campaña pre electoral; la segunda, donde resumiré las posturas del Centro Democrático frente a las principales políticas de tierras; y la tercera, donde trazaré la “línea verde” que no puede ser traspasada por el gobierno Duque.

En este segundo artículo se abordará la el siguiente análisis:

El Centro Democrático y las tierras

El Centro Democrático, sector político desde donde emerge Duque ha estado relacionado en numerosas ocasiones con políticas agrarias contrarias a los preceptos constitucionales, ha defendido posturas negativas a los derechos de las comunidades campesinas indígenas y afro, y se ha opuesto permanentemente a la restitución de tierras despojadas a las víctimas del conflicto. Junto con el Centro Democrático, el sector político que respaldó a Duque y le permitió ganar la presidencia es un sector con grandes intereses en la apropiación de baldíos, acaparamiento de grandes extensiones de tierra, acumulación de tierras despojadas y expansión del modelo agroindustrial.

A continuación, una síntesis de algunas de las posturas, decisiones y situaciones que este sector político ha asumido históricamente frente a las políticas agrarias:

Desplazamiento forzado y despojo

Hace una semana la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)[1] sostuvo que Colombia, con 7,7 millones de personas desplazadas al 2017, volvió a ubicarse como el país con más desplazados internos en el mundo, por encima de países que enfrentan intensos conflictos armados como Siria, República del Congo, Irak y Somalia.

Analizadas las cifras de víctimas de desplazamiento forzado por periodos presidenciales, encontramos cuatro picos de incremento significativo: i. Año 1997 gobierno de Andrés Pastrana, ii. Año 2002 primer gobierno de Álvaro Uribe, iii. Año 2007, segundo gobierno de Álvaro Uribe, iv. Año 2011 primer gobierno de Juan Manuel Santos. (Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica “Una Nación desplazada”, con base en RUV- UARIV, corte 31 de diciembre de 2014[2])

Lo anterior muestra como los gobiernos del sector político de donde emerge Duque fueron en los que se cometieron el mayor número de desplazamientos forzados y otras conductas graves de violaciones de derechos humanos. Y pese a ello hubo una actitud omisiva y en un importante número de casos hubo acciones permisivas y hasta determinantes de dichos gobiernos frente a esta grave situación. Basta con recordar los casos de la masacre del Aro en Ituango cometida por paramilitares del Bloque Mineros de las AUC que involucra al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe[3], la masacre de Mapiripán en Meta cometida por paramilitares de las AUC apoyados por las fuerzas militares[4], el desplazamiento forzado masivo y despojo de las comunidades afro de Curavaradó y Jiguamiandó cometido por la Brigada 17 en coordinación con los paramilitares[5], entre otros.

Fue permanente el descontento de los dos gobiernos de Álvaro Uribe frente a la responsabilidad del Estado en reparar a las víctimas. Por ese entonces fue sólo la Corte Constitucional quien desde el 2004[6] y a través del seguimiento permanente que hizo a la situación de derechos humanos de la población desplazada obligó al Estado colombiano a proteger y reparar a las víctimas; fue reconocido el malestar que esto generaba al gobierno en el que se prohibía hablar de “conflicto armado”, gobierno que se opuso al primer intento de ley de víctimas el cual hundió en el 2009[7].

Estatuto de Desarrollo Rural sin consulta previa

En 2007 el gobierno de Álvaro Uribe expidió su Estatuto de Desarrollo Rural, muy criticado porque buscaba imponer un modelo de privatización de los bienes públicos (como las tierras y los recursos naturales) y el vaciamiento de los territorios colectivos, para expandir un modelo de desarrollo excluyente de las comunidades y un reordenamiento del control sobre los territorios estratégicos del país favorable a la agroindustria y economías extractivas.

En 2009 y nuevamente gracias a la Corte Constitucional, se declara inconstitucional esta norma por no haber respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y afros[8].

Acaparamiento de tierras despojadas en Los Montes de María

Los Montes de María es una región que agrupa municipios de Sucre y Bolívar con una ubicación geográfica estratégica que se convirtió en una zona de enorme valor para las FARC y la Casa Castaño de las AUC, en donde se cometieron las más aberrantes violaciones de derechos humanos, como masacres (El Salado[9], Mampuján y Chengue), homicidios selectivos de líderes comunitarios, desplazamientos forzados masivos y despojo de tierras.

Gracias a las medidas de protección de tierras de la población desplazada ordenadas por la ley 387 de 1997 y por las sentencias de la Corte Constitucional, en esta región en donde se presentó un abandono de tierras masivo por la población víctima, se adoptaron numerosas medidas que salvaguardaban la propiedad de las tierras en cabeza de los campesinos que se vieron forzados a salir desplazados. Casos como el municipio del Guamo fue protegido en el 100% de su territorio por la gravedad de la situación.

Con posterioridad, tras el Plan de Consolidación territorial, el gobierno de Álvaro Uribe propició el proyecto de expansión agroindustrial en esta región, promoviendo en los empresarios antioqueños la compra y acumulación de tierras que por la época se podían comprar a bajo costo a las víctimas que se encontraban en los círculos de miseria de las principales ciudades costeñas. Para promover esta acumulación, en el Estatuto de Desarrollo Rural del 2007 también incluyó una reforma que eliminaba las restricciones temporales que la ley agraria imponía a la transacción de tierras que habían sido originalmente adjudicadas a campesinos con el fin que pudieran ser compradas por estos empresarios.

En su afán por imponer el modelo agroindustrial a cualquier precio, el gobierno de Álvaro Uribe ejerció presión en funcionarios del INCODER, de la Superintendencia de Notariado y Registro y de la Gobernación de Bolívar para que levantara las medidas de protección de tierras de la población desplazada permitiendo así que se consumara el despojo. Prueba de ello es el video del entonces Ministro de Agricultura Andrés Fernandez quien defendía a la “gente honorable uno a de Medellín” que querían comprar las tierras, ordenando al gerente nacional de INCODER Rodolfo Ocampo, resolver el “problema” que la gobernación estaba poniendo mediante “una figura de ‘inadmisión que no permite que las tierras legítimamente compradas sean inscritas” [10]. Pues esta figura era la medida de protección de tierras a las víctimas a las que ese gobierno jamás quiso proteger ni reparar.

AIS

Durante el gobierno de Álvaro Uribe se cometió uno de los desfalcos patrimoniales más grandes de la historia en el sector agrario colombiano. A través de los subsidios de Agro Ingreso Seguro, se robaron más de 280 mil millones de pesos[11] que fueron entregados a patrocinadores de las campañas políticas del uribismo quien por ese entonces promovía al candidato Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por este hecho al cometer todo tipo de fraudes e irregularidades entre el 2007 y el 2009 para otorgar subsidios para el desarrollo del campo a familias acaudaladas del país.

Modelo Carimagua

Carimagua, una emblemática finca de más de 22 mil hectáreas en Puerto Gaitán (Meta), que inicialmente había sido adquirida por el Estado para la reforma agraria y dotación de tierras a familias víctimas de desplazamiento forzado en la región, por decisión del gobierno de Álvaro Uribe fue destinada para empresarios bajo la excusa que las tierras eran malas, que los desplazados no estaban interesados y que sólo los empresarios ricos saben hacer producir la tierra. Este modelo fue señalado por todos los expertos del agro como un modelo desplazador[12] que desconocía el deber del Estado frente a la reforma agraria y violaba derechos de las víctimas.

Bajo este modelo de desarrollo agrario, que es el que mantiene el sector político de Duque, sólo es posible el desarrollo productivo cuando la tierra está en manos de los grandes empresarios porque el Estado no puede cumplir con sus obligaciones; en este proyecto sólo es viable la agroindustria de grandes extensiones, el monocultivo acaparador, y la privatización de recursos (tierra, agua, subsidios, etc); en él las comunidades campesinas y étnicas sólo pueden hacer parte como jornaleros subordinados, o socios “aliados” en alianzas inequitativas en la que pierden sus derechos de dominio y propiedad plena sobre sus territorios.

Campaña Ordoñez Lafaurie

Para el Centro Democrático la restitución de tierras a los despojados por el conflicto es una amenaza a la ansiada “seguridad jurídica” de las inversiones que se quiere promover a toda costa; desde el momento en que la ley de víctimas y restitución de tierras comenzó a implementarse, la oposición de ese partido ha sido férrea en escenarios políticos, en los territorios y en los procesos judiciales. Colombia no puede olvidar la campaña de desprestigio y oposición que durante el 2015 el ex procurador Alejandro Ordoñez junto con el presidente de Fedegan José Felix Lafaurie[13] impulsaron contra la restitución de tierras, con la intención de salvaguardar las apropiaciones de tierras arrebatadas a sangre y fuego. Frente a la restitución de tierras el Estado tiene una obligación de respeto y garantía, ante lo cual un gobierno del Centro Democrático es una amenaza inminente.