La mujer rural participativa

La mujer rural como ciudadana debe recoger un mayor empoderamiento y al mismo tiempo fortalecer los procesos dentro su comunidad.

La mujer rural en Colombia se enfrenta a múltiples desigualdades, en relación con los hombres y con las mujeres que habitan en las zonas urbanas. Esto se respalda con algunos de los datos presentados por el “Observatorio de Género: Mujeres y territorio” de Rimisp.

Las principales las desigualdades se evidencian en aspectos como: pobreza por ingreso, tasa de participación laboral, desempleo, horas laborales remuneradas, años de escolaridad e ingresos por ocupación principal. Las diferencias más grandes se observan en las horas laborales promedio.

Tal como lo expone el observatorio, las mujeres rurales dedican en promedio 13,7 horas menos que los hombres rurales al trabajo remunerado, entre otras cifras que apoyan la afirmación sobre las disparidades entre hombres y mujeres rurales.  

Sin embargo, dentro de las múltiples desigualdades también se pueden observar en los espacios de participación de la mujer rural.

Esto ocurre porque las mujeres aún no logran ejercer su papel como actoras de desarrollo. Desde esta perspectiva, es posible comprender las dificultades y desigualdades a las que se enfrentan las mujeres rurales, pero también las potencialidades de las mujeres en cuanto a la reivindicación de oportunidades y del ejercicio pleno de su ciudadanía colombiana.

Por consiguiente, es necesario comprender las diferencias a las que se ve sujeta la mujer, principalmente ligadas a aspectos socioculturales, políticos, religiosos, económicos y geográficos.

La idea anterior se refuerza en la cartilla presentada por ONU MUJERES junto con Rimisp sobre el “Enfoque de Género para la Planeación Territorial”, donde hacen alusión al enfoque intersectorial con el fin de resaltar que la combinación de identidades acentúa aún más la desigualdad.

De manera que, si no se consideran los desafíos a los que se enfrenta la mujer rural se corre el riesgo de invisibilizarla como actora a partir de la vulneración de sus derechos.

Por ello, los esfuerzos deben estar concentrados en visibilizar a la mujer rural como gestora, y esto inicia con una promoción y ejecución de la participación.

Del apartado anterior se destaca la necesidad de creación de condiciones para la participación ciudadana, como también de dotaciones de capacidades particularmente dirigidas a las mujeres rurales.

Esto implica que la mujer rural debe participar activamente de las decisiones de su territorio, puesto que, de acuerdo con Función Pública, a finales del año 2017 solo el 36% de las mujeres participaron en el máximo nivel decisorio de la rama ejecutiva del orden nacional (REON).

Por otro lado, en 56 entidades no tuvieron cargos previstos, esto de acuerdo con lo dispuesto por la ley de Cuotas. Es claro que existe una desigualdad marcada entre hombres y mujeres y más aun con mujeres rurales.

Por lo tanto, la mujer rural como ciudadana debe recoger un mayor empoderamiento y al mismo tiempo fortalecer los procesos dentro su comunidad, esto con el fin de generar una mayor influencia de las decisiones locales en los procesos gubernamentales.

Finalmente, en la medida en que la mujer rural sea reconocida como actora participativa, la perspectiva de desarrollo rural deberá por dos conceptos importantes: el enfoque territorial y el enfoque de género y mujer.

El objetivo entonces debe ser garantizar el papel de la mujer como sujeto de derecho en los procesos e intereses de los distintos sectores que integran el territorio en el que habitan.

Se debe proponer una sinergia entre el desarrollo de los territorios y el papel que tiene la mujer en éste para potenciar las políticas públicas orientadas a abarcar la inclusión de la mujer rural participativa.