La Política de Drogas es más que la Fumigación con Glifosato

Ahora que conocemos las nuevas cifras de Unocd es necesario pensar estos cinco puedes.

La política de drogas es más que la erradicación y la fumigación con glifosato. Ahí pareciera estar enfrascado el discurso y el debate actualmente, pero el tema es mucho más complejo y profundo. 

En el curso sobre Producción, Tráfico y Política de Drogas, ofrecido por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, donde participaron más de 30 personas de Perú, Colombia, México, Bolivia, Chile y Venezuela, con 21 expertos invitados de Bolivia, Colombia, Perú y Estados Unidos, se discutieron los diferentes aspectos de la política de drogas relacionados con la producción y el tráfico de drogas en América Latina. 

Estos son cinco elementos clave para la discusión, que vale la pena traer a la discusión ahora que las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD) presentó su informe anual sobre el monitoreo de los territorios afectados por cultivos ilícitos para el 2018.

1. En nuestros países Andinos con herencia y presencia de grupos indígenas sigue siendo importante ser muy claros en la diferencia entre la hoja de la coca y la cocaína. Y la hoja de coca para usos tradicionales y la hoja de coca para el mercado ilícito. 

En Perú y Bolivia es complejo porque hay una producción significativa para usos tradicionales y hay un excedente difícil de medir que usa el narcotráfico. 

Por ejemplo, para el caso de Bolivia con más de 24.000 hectáreas de cultivos de coca, el excedente está estimado en 2.500 hectáreas. Aquí hay una primera “resistencia” de las comunidades étnicas que luchan contra la estigmatización: la hoja de coca no es droga.  

Esta historia étnica, entre otros factores según David Restrepo, ha determinado que las políticas de drogas en estos países vecinos hayan tenido un enfoque de desarrollo rural, control social y presencia del Estado, antes que uno orientando a la erradicación forzada como en Colombia. Pero en general, la guerra contra las drogas ha hecho que las publicaciones académicas sobre usos medicínales, tradicionales y nutricionales de la hoja de coca en nuestra región sigan siendo muy limitadas, como lo menciona Pablo Zuleta. 

2. Más allá de la discusión étnica, el problema de los cultivos de uso ilícito es un problema de desarrollo rural. En Colombia la cuestión cocalera es una cuestión campesina, dice Estefanía Ciro. Responde a los problemas estructurales nunca resueltos de nuestros campesinos: falta de tierras, falta de presencia del Estado en el territorio, falta de alternativas productivas viables. 

La producción de coca para el narcotráfico ha sido un elemento de ascenso social de los campesinos cocaleros, pero difícilmente se han enriquecido. Han sobrevivido. En el mejor de los casos, han financiado aquello que el Estado no les ha dado: salud (financiar la salida al hospital para un parto) y educación (pagar el estudio de los hijos).  

Aquí Francisco Gutiérrez nos recuerda los dilemas de la política pública de los umbrales: Hay que castigar a los grandes cultivadores e incorporar a la legalidad a los pequeños. Pero ¿cuándo se pasa de “pequeños/buenos/necesitados” a unos “grandes/malos/narco-cultivadores”?  

La discusión en el congreso hoy está en 1.78 hectáreas. ¿Es decir, si tienen 2 hectáreas ya hay mano dura? Ahí tampoco son ni ricos ni narcos explica, Gutiérrez. Según sus estimaciones, con 15 o 20 hectáreas se gana lo que un profesor universitario.

En este contexto y cuando se entiende que la cuestión cocalera es una cuestión campesina, una cuestión de mujeres campesinas, es muy difícil apoyar una política de erradicación forzada, una política basada en la fumigación con glifosato. 

Son varios elementos de análisis: ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Los beneficios (lograr erradicar) superan los costos (en salud, medio ambiente)? ¿Es una política efectiva a largo plazo? 

Más allá de la respuesta a estas preguntas, para las cuales ya hay evidencia científica,  cuando se entiende que la cuestión cocalera es una cuestión de construcción del Estado, se entiende que la presencia del Estado no se puede construir fumigando la cabeza de los campesinos. Más allá del principio de precaución hay una responsabilidad del Estado con su población más vulnerable: los campesinos en la frontera. 

Aquí entonces una segunda resistencia: la de los movimientos cocaleros a la erradicación forzada pues no se han resuelto los problemas estructurales del campo. Yo en particular he llamado la atención sobre una tercera resistencia: la de las comunidades étnicas que resisten la entrada de cultivos de uso ilícito en sus territorios. Desde esta mirada, hay un llamado para reorientar la política de drogas con un enfoque preventivo e invertir en las capacidades locales y la organización comunitaria para fortalecer la gobernanza en los territorios. 

3. La oferta responde a una demanda, a un mercado. Un mercado que no ha mostrado ninguna tendencia hacia la disminución del consumo en los países “desarrollados”, y en cambio sí una tendencia al aumento del consumo en los países andinos y alrededor del mundo. 

En este contexto, la pregunta es ¿cómo pasar de un enfoque prohibicionista a uno de salud pública, de derechos humanos? Claramente el enfoque prohibicionista ha sido ineficaz pues la prevalencia del consumo ha seguido aumentando.  Aquí una nueva agenda mundial está emergiendo con la regulación del cannabis medicinal y recreativo. Pero también, en el tema de consumo hay una discusión sobre los umbrales de posesión. Por debajo no se criminaliza y por encima se debería probar si es narcotráfico, o no. Pero eso en la práctica, dice Rodrigo Uprimny, no se hace. En Colombia no hay umbral y la regulación es bastante confusa. 

4. Un cambio en el discurso de la política drogas: ¿un péndulo entre el prohibicionismo y la regulación?  Hablar de la reforma a la política de drogas era tabú hasta el 2009 dice Angélica Duran-Martínez. Pero la región ha comenzado a replantearse. 

En el 2013, Bolivia vuelve a la Convención de Estupefacientes de 1961 con una reserva sobre los usos tradicionales de la hoja coca, los cuales aún están prohibidos en esta convención en desconocimiento de los temas ancestrales de nuestros países. En 2015 el Gobierno de Santos en Colombia, legalizó la marihuana medicinal, descriminalizó el cultivo y suspendió las fumigaciones en el marco de los Acuerdos de la Habana. En Ecuador en el 2013 se cambió el código penal para descriminalizar a las “mulas” pero esto fue reversado en el 2015. 

En Colombia, nuevamente se discute la fumigación aérea. ¿Qué ha causado el cambio en el discurso de drogas? Las evidencias sobre los costos/efectividad de las políticas; la conciencia de los problemas de consumo internos y los cambios en la relación con Estados Unidos, dice Durán. Este último factor, así como las nuevas olas de gobiernos en Latinoamérica puede devolver el péndulo. 

En cualquier caso, la sobre-criminalización sigue imperando en Latinoamérica. Rodrigo Uprimny nos alerta sobre cómo en varios países de Latinoamérica, incluido Colombia, las penas para delitos asociados a drogas son hasta 200 por ciento más altas que las penas para la violación o el homicidio (datos del 2012). En Colombia y en general en América Latina, hay un aumento desproporcionado en los encarcelamientos por delitos asociados a drogas con las consecuencias de hacinamiento en nuestro sistema penal.  

En Colombia, si en el 2000 el porcentaje de la población carcelaria era de 100 por cada 100 mil habitantes en el 2015 fue de 500 por cada 100 mil habitantes. Aquí en particular sorprende el impacto desproporcionado en las mujeres y una criminalización creciente. 

En Colombia, del total de mujeres privadas de la libertad el 45% de ellas lo están por delitos asociados a drogas cuando el porcentaje para el caso de los hombres no sobrepasa el 25%, explica Uprimny. Nuevamente, como en el caso de la producción, en el tráfico y microtráfico se criminaliza a los eslabones más débiles de la cadena.

5. La política de drogas tiene olvidado un punto central que es la educación. Como dice Maria José Bermeo, la educación debería ser un punto de encuentro entre la política de drogas y de seguridad. Es importante plantear soluciones con una pedagogía crítica de las drogas. Los programas en educación no sólo deben estar orientados a la protección y prevención. También es importante construir protocolos que especifiquen cómo abordar la presencia de sustancias psicoactivas en entornos educativos y ofrecer alternativas a niños y jóvenes en situación de riesgo: ¿Cómo formar una población, unos jóvenes, que sepan cuidar su salud y su bienestar? Se pregunta Bermeo. 

Pretender que el consumo sea cero es irreal pues alterar la conciencia siempre ha sido una curiosidad de los seres humanos. Si se parte de esta premisa el enfoque es hacia la regulación y la salud pública, no hacia la criminalización. 

Varios argumentan que de hecho es más eficiente invertir en programas de tratamiento que en programas de erradicación e incluso interdicción. La educación implica también evitar la estigmatización de quienes participan en el círculo del consumo y microtráfico especialmente en barrios marginados. En este contexto, la educación de los educadores para responder a estas dinámicas también es necesaria. 

UNOCD reportó una disminución de 1,2% con respecto al año anterior. Una cifra aún marginal pues como lo dice el informe, “los cultivos permanecen en la parte más alta de la serie histórica (169.000 ha)”. 

Es positivo sin duda que los cultivos no siguieran creciendo, pero es prematuro pensar que esto representa un cambio en la tendencia. Preocupa además que aún el 30% de los cultivos se encuentran en Parques Nacionales Naturales, resguardos indígenas o territorios colectivos de comunidades negras. La política de drogas necesita reformularse con un enfoque étnico donde un punto central debe ser el fortalecimiento de las autoridades locales y la gobernanza de estos territorios. 

También preocupa que sigamos enfocándonos en hectáreas cultivadas como el indicador más relevante. Si bien es el más fácil de medir, otros como incautaciones o destrucciones de laboratorio son más relevantes para el negocio del narcotráfico. 

Desde el Cesed seguiremos con el compromiso de propiciar espacios para dar estos debates. Continuaremos contribuyendo a la discusión y evaluación de la política de drogas con evidencia científica. Necesitamos ideas frescas e innovadoras sobre la política de drogas que logren sintonía con los retos de inclusión y desarrollo sostenible.