Los Pozos: la punta del iceberg

La movilización social que se dio en marzo pasado por parte de las organizaciones campesinas en la inspección de Los Pozos y las zonas aledañas en San Vicente del Caguán se convirtió en noticia por los enfrentamientos entre los campesinos y la Undemo, antes Esmad. Estos dieron como resultado dos campesinos y un policía fallecidos, decenas de heridos, daños materiales y más de 70 policías contenidos en lo que el gobierno reconoció como “cerco humanitario”.

Dos meses después, es importante revisar con lupa lo ocurrido pues esta es solo la punta del iceberg de un conflicto que se ha configurado durante al menos 17 años desde la llegada de la petrolera Emerald Energy al Caquetá a través de la adjudicación del bloque Ombú.

La tensión entre los campesinos y la petrolera ha transitado por varios episodios desde 2012, alimentados por las denuncias de infracciones ambientales —incluyendo captación de aguas no autorizada, vertimiento de aguas residuales en quebradas cercanas al proyecto, deforestación y quemas a cielo abierto para construir locaciones no autorizadas— y el incumplimiento de las licencias ambientales, del Plan de Manejo Ambiental y de los Programas de Beneficio a las Comunidades.

A raíz de ello se impusieron medidas preventivas de cierre de las operaciones de Emerald Energy en 2012, hubo una continuación del proceso sancionatorio en 2013 y una sanción económica en 2014. Teniendo en cuenta estos episodios, retomemos los hitos más recientes.

En diciembre de 2022, los medios locales reportaron un plantón sobre la vía que conduce a Los Pozos. Los campesinos impidieron la movilización de tractocamiones con crudo debido, en principio, al mal estado de la vía que conduce de San Vicente del Caguán (cabecera municipal) al centro poblado Las Delicias.

Esta pavimentación, así como la variante de San Vicente del Caguán, era un compromiso adquirido por Emerald Energy en años anteriores. En diciembre se logró instalar una mesa de diálogo con delegados de la petrolera, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y las autoridades locales.

En esta se llegó a acuerdos exploratorios con respecto a la pavimentación de la vía y también se programó una reunión en febrero para socializar la respuesta del gobierno Nacional frente a la asignación presupuestal para cumplir los compromisos.

A inicios de febrero, ya con la Undemo de la Policía desplegada en la zona, el gobierno se reunió con las comunidades que mantenían la protesta. En ese encuentro, acordaron solucionar la problemática a través de una mesa de diálogo y el gobierno se comprometió a pavimentar la vía.

Sin embargo, por el incumplimiento constante de acuerdos por parte del Estado, las comunidades vieron como insuficiente esta propuesta, por lo que se acordó otra reunión (aplazada en una ocasión) hasta el 23 de febrero.

En ese nuevo espacio participaron los campesinos, la Emerald Energy y representantes del gobierno. De allí surgieron acuerdos para garantizar la movilización social, permitir el tránsito de tractocamiones con crudo, retirar la Undemo e instalar una mesa para que la petrolera ampliara su oferta social a partir de las necesidades de las comunidades.

Una nueva reunión fue acordada para el 28 de febrero, cita que incumplió el gobierno nacional y a la que le aplicaron la silla vacía por su ausencia. No obstante, como gesto de buena voluntad, los campesinos dejaron movilizar 53 tractocamiones con crudo, esperando que retiraran a la Undemo.

Ante los incumplimientos e inacción del gobierno, la madrugada del 2 de marzo decidieron realizar una toma pacífica de las instalaciones de la petrolera, lo que produjo la respuesta armada por parte de la Policía y llevó a los enfrentamientos que inician esta columna.

El fantasma de Artemisa

Además de los motivos que en el corto plazo permitieron el escalamiento de la tensión con Emerald Energy, revisemos cuáles fueron los motores que aumentaron la conflictividad con la Fuerza Pública y que dieron como resultado los enfrentamientos.

San Vicente del Caguán duró cuatro años siendo priorizado para los operativos militares desplegados en la operación Artemisa, estrategia militar contra la deforestación creada por el gobierno de Iván Duque en 2019.

Los resultados de los operativos incluyeron capturas de líderes indígenas y campesinos, como Reinaldo Quilcué Quebrada, destrucción de infraestructura comunitaria, campesinos heridos y, al menos, un homicidio.

Pero no solo eso. Para las comunidades y organizaciones campesinas, Artemisa también generó tensiones en los procesos organizativos y desgastó la capacidad de diálogo y mediación de los campesinos. 

A la par de la movilización social en ciudades como Florencia, Villavicencio y Bogotá, en las que los campesinos de San Vicente del Caguán y de la Amazonía noroccidental se reunieron para rechazar públicamente la estrategia de militarización para la protección ambiental y la vulneración de derechos, también participaron de varios espacios de diálogo con el gobierno nacional.

Por ejemplo, participaron en la Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular, la Mesa de Altamira durante el Paro Nacional de 2021, y otros espacios para dar respuesta a vulneraciones específicas y reiteradas en el propio municipio.

Algunos de estos espacios, como el de Altamira, dieron frutos. De allí surgieron los Acuerdos de Altamira, que contienen compromisos asumidos por el gobierno nacional —a través de los Ministerios de Ambiente e Interior— de priorizar el diálogo, la concertación, la pedagogía y la socialización respecto a determinantes ambientales, restricciones productivas, alternativas de producción sostenibles y la construcción colectiva de acuerdos de sostenibilidad, entre otros temas relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, luego del Paro Nacional se retomaron las operaciones de Artemisa que generaron los impactos más graves en términos de derechos humanos.

Esta suerte de “memoria” es relevante porque evidencia que los campesinos de San Vicente del Caguán han vivido recientemente y de forma prolongada una situación de violencia y estigmatización por parte de la Fuerza Pública y del Estado debido a las problemáticas ambientales.

A su vez, han participado en diversos espacios de diálogo y concertación, de los cuales han surgido acuerdos que han sido constantemente incumplidos. Todo ello ha debilitado la confianza entre el Estado y las comunidades e incrementado la tensión territorial.

No es gratuito que, en los acuerdos de Los Pozos que surgieron entre los campesinos y la delegación de ministros que llegó a la vereda luego de los enfrentamientos del 2 de marzo, se retomaran los Acuerdos de Altamira para que “se visibilice y organice su cumplimiento” y haya quedado explícito que Artemisa dejó de ser una estrategia del gobierno Nacional.

Las guardias campesinas

Un actor relevante por su papel en la movilización social y la estigmatización de la que son objeto las comunidades rurales son las guardias campesinas. Estas son una figura civil, no armada y autónoma de autoprotección.

En el caso de San Vicente del Caguán, están conformadas por miembros de las Juntas de Acción Comunal y su acción se enmarca en las normas de convivencia, de defensa del territorio, del ambiente y de los derechos humanos.

En esta región, a diferencia de la trayectoria que tiene, por ejemplo, la guardia campesina del Catatumbo, se han venido consolidando recientemente mientras se forman en derechos humanos, diálogo y mediación.

Como sucede con las guardias indígenas y cimarronas, la guardia campesina acompaña las expresiones políticas y movilizaciones sociales para servir de interlocutor y para salvaguardar y brindar garantías a las comunidades campesinas que representan. Sin embargo, no es reconocida como un mecanismo de autoprotección como sí lo son las guardias indígenas. Eso mismo sucede con los obstáculos para el acceso y tenencia de la tierra en contraste con otras comunidades rurales, en parte por la falta de reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos que derivan, a su vez, en la estigmatización.

Las guardias indígenas son reconocidas no solo por las mismas comunidades sino por las autoridades gubernamentales e incluso por agencias internacionales como cuidadoras, símbolo de gobierno propio y autonomía. Como ha sido evidente, estos mismos calificativos no aplican para las guardias campesinas, cuyos integrantes son fuertemente estigmatizados y violentados, poniendo en riesgo su integridad física y la de los procesos organizativos locales.

Debido a estas asimetrías que enfrentan los campesinos en la ruralidad, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos —y el de las guardias campesinas como mecanismo de autoprotección— es hoy una de las mayores reivindicaciones de la lucha campesina. Tanto así que ocupó parte de las discusiones y propuestas elaboradas durante la Convención Nacional Campesina de diciembre de 2022 que actualmente movilizan representantes y senadores de la bancada de gobierno en el Congreso de la República. El proyecto de reforma constitucional que reconoce al campesinado como sujeto de derechos fue aprobado recientemente en sexto debate en la plenaria del Senado, aunque con ajustes de algunos partidos políticos durante el quinto debate en la Comisión Primera.

Este contexto constituye una ventana de oportunidad para el diálogo, el reconocimiento de la potencialidad de las guardias campesinas para garantizar los derechos campesinos y territoriales, y su regulación como mecanismo de autoprotección.