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Hay un camino en el que podemos crear un mercado de tierras para desarrollar la agroindustria y, a la vez, obtener recursos para acelerar la reforma agraria –en particular para mejorar la redistribución de la tierra.
Tal vez la persona más idónea para liderar este camino es Jhenifer Mojica, la nueva ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Ella se ganó su nombramiento por su trayectoria profesional de promover y defender la restitución de la tierra a pequeños campesinos, así como los derechos de organizaciones campesinas y comunidades étnicas. Ha cumplido una labor que requiere carácter y sensibilidad social, dos virtudes esenciales que todo servidor público debería tener.
Por eso ella cuenta con la autoridad para liderar el camino donde se permite alquilar grandes extensiones para la agroindustria y con esos recursos acelerar la compra y redistribución de la tierra.
Suena anacrónico hablar de la tierra en 2023 cuando a nivel mundial el debate de la agricultura se centra en “blockchain”, “IoT”, “big data”, información satelital y automatización. Pero en Colombia no tenemos otro camino. Acá nunca se ha resuelto el problema de la distribución de la tierra, una deuda con la que cargamos desde la Conquista.
Según un reporte de Oxfam, en Colombia el 1% de las fincas de mayor tamaño ocupan el 81% de la tierra, mientras el 99% restante de las fincas ocupa el 19%. Otro dato que demuestra la dimensión del problema es que, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 70,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) está por debajo de las 5 hectáreas, una escala insuficiente para obtener ingresos dignos con el desarrollo de la agricultura.
Por eso el gobierno de Petro insiste en una reforma agraria. Aunque la reforma abarca un mayor número de factores, la idea central es comprar tierra a grandes terratenientes para dársela a pequeños campesinos.
El cuello de botella es que este tipo de reforma demanda importantes recursos públicos, recursos que siempre son escasos. Pero, reitero, hay un camino para lograrla.
Así se resuelve el cuello de botella
Existe un escenario gana-gana en el que se puede concretar el potencial de la agroindustria y a la vez obtener los recursos para acelerar la distribución de la tierra.
La propuesta es alquilar grandes extensiones de los baldíos en la altillanura por un periodo de al menos 20 años para desarrollar proyectos de agroindustria y, con los recursos obtenidos por ese alquiler, acelerar la reforma agraria, brindando tierras con potencial agropecuario y que estén cerca de las ciudades para reducir la intermediación. La ministra Mojica tiene la autoridad moral y política para ajustar el marco regulatorio que permita esto.
Si alquilamos grandes extensiones de tierra a inversionistas, creamos un mercado que permita el desarrollo de la agroindustria. Por ejemplo, se podrían alquilar baldíos y proveer seguridad jurídica a un proyecto de soya y maíz. Esto se traduciría en una reducción de los costos de producción de los huevos, carne de pollo y carne de cerdo.
Este proyecto podría llevar a sustituir las importaciones de maíz que en 2021 alcanzaron los 1.560 millones de dólares. Y, de ese modo, se evitaría la volatilidad de los precios por la depreciación del peso, lo que significa mayor estabilidad e incluso una disminución de los precios para el consumidor. Al mismo tiempo, con los recursos provenientes de ese alquiler, podemos catalizar la redistribución de tierras. Es un escenario donde todos ganamos.
Uno de los grandes problemas que tiene Colombia para desarrollar la agroindustria es el acceso a grandes extensiones de tierra. Tenemos un potencial de 31 millones de hectáreas de frontera agrícola sin aprovechar, en gran parte porque no existe la información que permita establecer un mercado de tierras ni la seguridad jurídica para poner estas hectáreas a producir cereales, frutas y verduras.
Otro factor fundamental es la inversión. Por ejemplo, para su aprovechamiento, la tierra de la altillanura requiere de importantes inversiones, dado que es una tierra ácida y por ello es necesaria su adecuación.
En una reciente entrevista de Jaime Liévano, presidente de Aliar (el grupo dueño de la Fazenda que tiene el proyecto agroindustrial más importante de maíz en Colombia) señaló que estos suelos contienen gran cantidad de aluminio, es decir, son suelos ácidos con un pH entre 4 y 4,5, y por eso necesitan primero adecuarse.
Esto implica que estas tierras difícilmente podrían ser aprovechadas por la agricultura familiar, pues no tienen la capacidad de invertir y esperar dos o tres años sin recibir ingresos, tiempo estimado que necesita esa tierra para ser productiva.
Reitero que el camino de permitir el alquiler de baldíos, con su respectiva garantía de seguridad jurídica, podría destrabar esta situación. Colombia es muy atractiva para atraer inversión y tecnología para el desarrollo productivo y sostenible de los distintos cultivos. Además, esta estrategia representaría recursos adicionales para el Ministerio de Agricultura.
La tarea
En manos de la ministra Mojica está construir un marco regulatorio para permitir el alquiler de baldíos. Adicionalmente, debería eliminar la ambigüedad del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, que no permite determinar si la acumulación de las Unidades Agrícola Familiar (UAF) se predica exclusivamente a partir de predios originalmente baldíos adjudicados en programas de reforma agraria a campesinos por el Incora/Incoder/ANT, o a partir de la totalidad de predios rurales del territorio Nacional.
Con la creación de este marco para el alquiler de baldíos y aclarando el artículo 72 se despejarían, en gran parte, las dudas que se ciernen sobre los inversionistas quienes se abstienen de venir a Colombia ante las limitaciones en el mercado de la tierra.
Insisto en que la ministra Mojica tiene la autoridad y la capacidad para dejar un legado. Recuerdo una conferencia en la que Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, dijo que un estadista es aquel que se preocupa por las personas y por el mercado.
Ministra, usted puede convertirse en esa política virtuosa. En sus manos está destrabar el desarrollo de la agroindustria y, a la vez, aumentar los ingresos del Ministerio de Agricultura para acelerar y mejorar la distribución de la tierra para pequeños productores.
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