Nuestras “inseguridades” alimentarias

Gran discusión ha suscitado en nuestro país el informe “Puntos críticos de hambruna, alertas tempranas sobre inseguridad alimentaria”. Seguramente lo que más llamó la atención fue que un organismo de la talla internacional de la FAO haya puesto a Colombia en el mismo mapa de inseguridad alimentaria junto a países como Haití, Siria, Afganistán, Sudan o la región del Sahel africano.

Como espero poder demostrar más adelante, el presente mapa no es muy exacto a la hora de servir como ejercicio comparativo. Sin embargo, en un contexto electoral como en el que nos encontramos, es inevitable que tanto los candidatos presidenciales como el mismo Gobierno se empeñen en distorsionar este debate con fines políticos.

Por lo anterior, es necesario buscar herramientas que nos permitan dar una discusión que lejos de ser coyuntural seguirá siendo estratégica para la gobernanza nacional en los años porvenir.

En este sentido, los datos que la FAO pone sobre la mesa son relevantes para pensar la seguridad alimentaria de nuestro país a partir de un enfoque multidimensional. El presente texto buscará desarrollar dicho enfoque, así como sus principales cuellos de botella.

Algunas precisiones conceptuales

Primero, la FAO define la seguridad alimentaria cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.

Segundo, en términos de la misma FAO, se puede estar en condición de inseguridad alimentaria por factores de orden físico o económicos. La falta de acceso físico se da cuando los alimentos no están disponibles en cantidad suficiente allí donde se necesita consumirlos. Mientras que desde un punto de vista económico, el acceso se encuentra restringido a partir de la imposibilidad de pagar los precios de los alimentos dado el bajo poder adquisitivo de la población.

En este sentido, como buscaremos desarrollar a lo largo del presente texto, la información proporcionada por la FAO nos permite concluir que nuestras inseguridades alimentarias son bidimensionales.

De una parte, nuestra inseguridad alimentaria se expresa en barreras de orden físico, motivadas por factores de orden público y aislamiento geográfico. De otra parte, la información de la FAO, corroborada por los mismos datos del Dane, nos permiten dimensionar hasta que punto factores de orden sociopolítico y de política macroeconómica se traducen en restricciones económicas para porcentajes significativos de la población colombiana, quienes no pueden comprar la cantidad de alimentos necesarios.

La magnitud de nuestra hambre

Muy seguramente en los periodos de mayor confinamiento de la pandemia recordamos los trapos rojos suspendidos a lo largo de barrios enteros, los cuales evidenciaban que en dichos hogares no se tenia acceso a un mínimo vital de alimentos. Idéntica situación, de profunda emergencia alimentaria, estuvo detrás del poder desestabilizador que adquirieron los paros y manifestaciones sociales en el 2021.

Pues bien, debería alarmarnos, y mucho que, en plena época electoral, el informe de la FAO proyecte que la seguridad alimentaria en nuestro país puede deteriorarse aún más.

Para adelantar dicha profecía, la FAO toma como referencia las cifras de la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). De acuerdo con el informe serían 7,3 millones los colombianos que sufrirían inseguridad alimentaria en 2022.

Adicionalmente, cerca de 1,1 millones de migrantes venezolanos fueron reportados en situación de inseguridad alimentaria a julio de 2021. Por lo tanto, sí sumamos los 7,3 millones de colombianos más el 1,1 millones de migrantes nos arroja una cifra conjunta de 8,4 millones de personas en inseguridad alimentaria como desafío para el 2022.

Valdría la pena remarcar que Colombia no ingresó a este incómodo lugar en la presente vigencia 2022, sino que lo hace, por segundo año consecutivo, como se puede verificar en el informe anterior correspondiente a 2021.

En 2020 de acuerdo con este informe el número de colombianos en inseguridad alimentaria era de 3,5 millones de personas a los cuales había que sumar 460 mil migrantes venezolanos en situación de inseguridad alimentaria severa.

Como es posible analizar en la diferencia de ambos informes -producidos bajo idéntica metodología- la cifra de inseguridad alimentaria en el país casi que se dobló entre 2021 y 2022.

La dispersión global del hambre

Para producir las cifras anteriores la FAO utiliza la metodología de Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria (R-CARI por sus siglas en ingles). Este método busca ubicar cada hogar encuestado en diversos niveles de seguridad alimentaria (Fases de Clasificación Integrada para la Seguridad Alimentaria – IPC); los cuales correlacionan el consumo efectivo de alimentos y la capacidad de afrontamiento del hogar frente a elementos de vulnerabilidad económica y agotamiento de activos.

Las anteriores metodologías se expresan finalmente en la siguiente tabla de referencia de la inseguridad alimentaria aguda:

Ahora bien, el informe de la FAO -objeto de debate- realmente nos aporta muy poco con referencia a cómo está nuestro país dentro de la anterior tipología. Por eso, los invito a revisar el completo Mapa Mundial del Hambre realizado por la misma FAO. 

A diferencia del mapa que se difundió masivamente y que corresponde al informe de Puntos Críticos del Hambre 2022, en el que las alertas nacionales se colocan todas bajo una misma tonalidad azul oscura, en este mapa (arriba), se observa una aproximación comparada mejor ajustada; en la medida que se pueden observar las tipologías de inseguridad alimentaria aguda con sus respectivos marcadores de color diferenciadores.

Este mapa combina metodologías de seguimiento continuo en tiempo real a los vectores de inseguridad alimentaria a través de llamadas telefónicas en todo el mundo, con modelos predictivos basados en máquinas de aprendizaje automático (machine learning).

De este Mapa de Hambre Mundial podemos observar que difícilmente se puede afirmar que la inseguridad alimentaria aguda del caso colombiano se acerque a la de los países del Sahel Africano, Siria, Afganistán, Somalia, El Congo o Myanmar, donde el reporte corresponde a la categoría de “Catástrofe / hambruna”. Una situación menos grave que las anteriores, pero todavía un escalón superior a nosotros es la Fase de “Emergencia”, en la que se encuentran países como la India, Haití y Filipinas.

Llama la atención la ausencia notable de la India del mapa que corresponde a las Puntos Críticos del Hambre 2022, que en el Mapa Mundial del Hambre aparece toda iluminada bajo la categoría de “crisis”, que como veremos a continuación es la misma que predomina en la cartografía de nuestro país.

Vale la pena consignar que la ausencia de Venezuela de los reportes en cuestión se debe a que dicho Gobierno no proporciono los datos oficiales a la FAO para adelantar el análisis; lo cual es un indicador aún más funesto dentro del ejercicio comparado.

Para que podamos dimensionar mejor la situación de nuestro país en el contexto de los estudios de la FAO, miremos cómo aparece el reporte de un país en estado de “Catástrofe / hambruna”, como es el caso de Afganistán. En el mapa abajo puede apreciarse que el conjunto de la división político-administrativa de este país aparece coloreada en rojo.

El caso colombiano

Al efectuar un zoom en el Mapa Mundial del Hambre, para el caso colombiano nos aparece la siguiente información.  

En la infografía asociada al mapa anterior puede observarse con corte al 10 de febrero del 2022 se confirman los 8,5 millones de personas que en nuestro territorio se encuentran en condición de inseguridad alimentaria aguda. Ahora bien, la mayor parte de los departamentos aparecen bajo la categoría de inseguridad alimentaria aguda Fase 2 “acentuada” o moderadamente baja, mientras que el Atlántico y la totalidad de departamentos del corredor Pacífico aparecen en un nivel superior de inseguridad alimentaria aguda, que corresponde con la categoría moderadamente alta o Fase de “Crisis”.

Sí escarbamos un poco más en profundidad, descargando el reporte diario del Mapa Mundial del Hambre, nos encontramos además con los siguientes datos que corresponden a los rastreos en tiempo real de la FAO: i) de las 8,5 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda 4,4 millones padecen de hambre crónica y desnutrición; ii) que los 8,5 millones reportados no son el nivel más alto, sino que venimos de un pico anterior de 10,5 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda registrado en noviembre de 2021; iii) en nuestro país cerca de 22,7 millones de personas (casi la mitad de nuestra población) se encuentra en situaciones de crisis y por lo tanto recurren a estrategias de afrontamiento basadas en alimentos.

Para aquellos que puedan dudar de los datos de la FAO, algunas de los patrones allí identificados pueden rastrearse en los resultados de la Encuesta de Pulso Social realizada por el Dane en 23 ciudades del país. Vale la pena advertir que, aunque las cifras cambian en su magnitud debido a metodologías de rastreo diferentes (Danem lo hace por numero de comidas/día y FAO por un indicador multidimensional), es posible identificar algunas de las tendencias señaladas anteriormente.

Por ejemplo, en el último reporte de esta encuesta, el director del Dane mostró cómo a diciembre 2021 puede observarse que se ha venido vulnerando el número de personas que comían 3 veces o más en el país.

En la tabla abajo se aprecia que, de los 7,9 millones de hogares representativos de la Encuesta, antes de la pandemia 6.7 millones comían tres veces al día, pero casi el 20 % de esta población (1,3 millones) pasaron en diciembre de 2021 a comer dos veces al día.

La siguiente gráfica es más diciente, en la medida que permite analizar esa correlación entre pandemia e inseguridad alimentaria. Estos datos permiten verificar que antes de la pandemia entre el 85 % y el 90 % de los hogares reportados tenían la posibilidad de consumir tres comidas al día, mientras que durante la pandemia y en el reporte de diciembre ese porcentaje se ubicó en un promedio del 70 %.

Por último, los datos del Dane también registran algunas de las oscilaciones de la seguridad alimentaria colombiana a lo largo del 2021. En la gráfica (abajo) es observable el pico de inseguridad alimentaria de noviembre de 2021 cuando el 68,8 % de la población tuvo la oportunidad de consumir tres comidas al día, comparado con el mes anterior de octubre donde ese porcentaje era mayor 71,2 %.

Esta situación tuvo altibajos fuertes a lo largo del año, como la registrada en el mes de mayo del 2021 en pleno Paro Nacional, donde dicho porcentaje disminuyó al 63 % de la muestra representativa. 

Los factores multidimensionales de nuestras inseguridades alimentarias

De acuerdo con la metodología de la FAO nuestra inseguridad alimentaria expandida tiene causalidades diversas y sus resortes potenciadores pueden buscarse en la combinación peligrosa de inestabilidad sociopolítica, políticas económicas que profundizan la brecha de desigualdad, un conflicto armado que encontró la manera de reciclarse; además del impacto continuo de la crisis migratoria regional, amplificado por el desplazamiento forzado interno.

Revisemos algunos de estas dimensiones amplificadoras de nuestra inseguridad alimentaria.

Aspectos biofísicos

Un primer vector de análisis que podría influir en nuestra producción agroalimentaria esta constituido por la combinación de estado de las coberturas vegetales y el promedio de lluvias estimado. Abajo vemos dos de las gráficas que el Geovisor de Hambre Mundial produce para el caso colombiano.

Coberturas Vegetales

Precipitaciones

Cómo puede apreciarse en las anteriores cartografías, el estado de las coberturas vegetales del país es bastante aceptable en comparación con el resto del planeta.

Sin embargo, existen regiones desérticas -de sobra conocidas- donde las restricciones a la actividad agraria son severas como es el caso de la Guajira. También comienza a ser relevante en la información satelital y de trabajo de campo el impacto de la ganadería extensiva en las coberturas vegetales de los departamentos de nuestro piedemonte amazónico (Caquetá, Meta y Casanare).

Así mismo, el Boletín diario, señala como preocupante para la seguridad alimentaria de sus pobladores, el cambio de cobertura vegetal (10 % por debajo del estándar aceptable), en los departamentos de Guaviare y Valle del Cauca; lo cual, seguramente refiere a dos tipos de monocultivo como son el de la coca y la caña de azúcar.

A nivel de precipitaciones la situación podría ser mucho más preocupante a lo largo de este 2022. En el caso de la isla de San Andrés, el Boletín Diario del Mapa del Hambre proyecta una anomalía de lluvia de 3 meses 20 % por debajo de lo normal. Mientras que en las cartografías es posible observar que regiones enteras de nuestro país como la Guajira y Norte de Santander estarán cerca de 40 % por debajo del promedio de lluvias; mientras que fenómenos de sequia menos fuertes también podrían presentarse en las regiones de Montes de María, Sur de Bolívar, Antioquia y Buenaventura.

De manera opuesta, regiones como Putumayo, Nariño, el Urabá y algunos sectores de la región cafetera podrían enfrentar precipitaciones por encima del promedio.

Seguramente que un análisis pormenorizado de los aspectos biofísicos de nuestra seguridad alimentaria, sin duda que permitirá correlacionar y anticipar los efectos del cambio climático sobre nuestros sistemas alimentarios y de producción agropecuaria. 

Desigualdad y política macroeconómica

Una de las principales causas de conflictividad social esta vinculada al aumento de la desigualdad social. En este ítem la FAO reitera que la pandemia de covid ha amplificado aún más las disparidades existentes y sus efectos económicos seguirán sintiéndose en los hogares vulnerables, a pesar de un repunte económico en 2021 y un crecimiento esperado del PIB de 5,5 % en 2022.

Si bien las pérdidas de empleo relacionadas con la pandemia se han venido recuperado, la tasa de desempleo sigue siendo alta, en más del 11 % en octubre de 2021.

Igualmente los datos del Dane para 2021 permiten corroborar el aumento de la brecha de desigualdad en nuestro país. La pobreza monetaria nacional subió 6,8 puntos y llegó al 42,5 %, lo que significa que 21 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza. Igualmente, la pobreza extrema aumentó en 5,5 puntos y llegó al 15,1 %. Y el desempleo para 2021 tuvo una tasa del 13,7 % (2,2 puntos porcentuales menos de lo registrado en 2020, pero 3,2 % más que en 2019).

Indudablemente que la política económica afecta la vulnerabilidad de la población para adquirir y comprar alimentos. El poder de compra y consecución alimentaria esta determinada de una manera importante de acuerdo con la FAO por cuatro variables: 

i) La Dependencia de las importaciones de alimentos, ítem en el cual nuestro país es profundamente vulnerable (importamos el 72% de los cereales);

ii) La tasa de cambio entre el peso y el dólar que en enero del presente año se ubico por encima de los 4 mil pesos;

iii) La balanza comercial que en el último trimestre registra una caída de 2 puntos porcentuales, con tendencia preocupante a la baja; y

iv) Quizás el mas evidente para el consumidor, la relación entre inflación general e inflación de los alimentos. Como puede verse en la gráfica de abajo, la suma de los elementos anteriores producen que variaciones no tan representativas en la inflación general signifique un impacto más representativo en la inflación de los alimentos.

Conflictos sociales

Esta dimensión de análisis es proyectada por la FAO como su mayor fuente de preocupación con relación a la seguridad alimentaria de nuestro país. Como vemos, en las convenciones de la cartografía del Mapa del Hambre, ellos colocan bajo esta misma dimensión de análisis, las acciones colectivas asociadas a la movilización social con los diversos repertorios de violencia letal y no letal que se desprenden de nuestro conflicto armado interno. 

Uno de los aspectos mas preocupantes en este orden de cosas es el remontamiento de los índices de desplazamiento forzado interno. De manera muy coherente el informe de la FAO correlaciona desplazamiento forzado con Retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las Farc. 

De acuerdo con los datos del sistema de la ONU este retraso ha incidido de manera evidente en la generación nuevas oleadas de ataques violentos, con 61 mil nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021: tres veces los niveles de 2020.

Como puede observarse en la siguiente gráfica generada a partir del Registro Único de Víctimas los picos de desplazamiento forzado interno del 2018 y 2021 superan a otros periodos de recrudecimiento de nuestro conflicto armado como los que sucedieron en la primera década del 2000. 

La migración internacional

Por último, en este ítem de aproximación multidimensional, es necesario considerar que Colombia sigue albergando el mayor número de migrantes venezolanos en la región. De acuerdo con los datos de la FAO a agosto de 2021, más de 1,8 millones de migrantes de Venezuela (República Bolivariana de) fueron reportaron estar en el país, lo que representa un aumento de 100.000 personas desde principios de 2021, a pesar de los cierres oficiales de fronteras entre los dos países hasta octubre de 2021.

La Protección Temporal otorgado a migrantes venezolanos en febrero de 2021, junto con la reciente apertura de las fronteras, podría impulsar un mayor aumento de flujos migratorios en los próximos meses. Además, el número de personas en tránsito desde América del Sur y el Caribe a través el cruce de Darién a Panamá aumentó considerablemente en 2021; se proyecta a aumento adicional en 2022, principalmente debido a las repercusiones económicas de la Pandemia en Colombia. Entre enero y septiembre de 2021, más de 91 mil migrantes cruzaron el Paso del Darién, tres veces el número récord anterior de 30 mil en todo 2016.

La expresión bidimensional de nuestra hambre

Por último, en este ítem, el boletín diario de la FAO en el Mapa Mundial del Hambre, nos permite acercarnos a la manifestación bidimensional de nuestra inseguridad alimentaria, la cual se traduce en causalidades y espacialidades diferentes.

Hambre por el aumento de brechas de desigualdad

De una parte, podemos observar, en la tabla (abajo), las Regiones con alta prevalencia de insuficiente consumo de alimentos. Llama poderosamente la atención que en este registro aparezcan varios de los departamentos con las ciudades más grandes del país, las cuales, a su vez, jalonan índices aceptables de pobreza multidimensional.

Seguramente, como lo analice -en este texto anterior- de las causas estructurales del Paro Nacional en la ciudad de Cali, en estas grandes aglomeraciones urbanas han aumentado de manera preocupante las brechas de desigualdad.

De manera paralela, nuestras metrópolis sufren de una fuerte dependencia con el empleo informal, el cual sería fuertemente castigado por las restricciones a la movilidad asociadas al manejo del covid. Los diversos análisis, como el de Cali referenciado anteriormente, indican que la situación anterior terminó por generar un acceso deficiente a la alimentación y un poderoso malestar social asociado al aumento de la pobreza monetaria.

Estas regiones concentran el 71 % del total de personas con insuficiencia en el consumo de alimentos en Colombia, que a febrero de este año asciende a 6,05 millones de personas aproximadamente. 

Hambre por emergencias humanitarias crónicas

De otra parte, ahora en la siguiente tabla podemos observar las Regiones con alta prevalencia de estrategias de supervivencia alimentaria motivadas por situaciones de crisis o Coping Strategies Index – CSI. Este es quizás el indicador más complejo que la FAO utiliza y tanto por su conformación multivariada como por su aproximación rural, es una de las dimensiones que menos estamos en capacidad de evaluar a partir de la aproximación del Dane.

El (CSI) es un indicador de seguridad alimentaria que se mide por hogares y que parte de una premisa según la cual, en situaciones de crisis, es mucho más rápido, sencillo y económico recopilar información sobre estrategias de supervivencia que en los niveles reales de consumo de alimentos. El CSI construye su batería de herramientas desarrollando como eje vertebrador la pregunta: “¿Qué haces cuando no tienes suficiente comida y no tienes suficiente dinero para comprar comida?”. Como es posible apreciar, el CSI es una herramienta apropiada para situaciones de emergencia cuando otros métodos simplemente no son prácticos u oportunos.

Como podemos observar, la tabla (arriba) nos muestra las regiones con problemas crónicos de acceso alimentos o que se encuentran en situaciones masivas de emergencia humanitaria con corte a febrero 2022. La suma de población que desarrollan estrategias de supervivencia alimentaria en estos departamentos se estima en 3,28 millones.

Una revisión que debería profundizarse a futuro, nos indica que en estas regiones se presentan de manera compleja presencia de cultivos ilícitos, disputas de actores armados que inciden en desplazamientos forzados; así como la presencia de enclaves productivos minero energéticos y agroindustriales.

Conclusiones

Como espero haber podido mostrar, si bien nuestra situación no es la de “catástrofe/hambruna”, no por eso estamos bien.

El que el mapa del reporte de Puntos críticos del hambre no haya sido muy afortunado, el resto del trabajo y los datos de la FAO muestran que estamos preocupantemente lejos de un estándar aceptable de seguridad alimentaria. 

Como apunta el análisis de la información, es probable que la inseguridad alimentaria se deteriore aún más en nuestro país durante los próximos meses debido a una combinación de inestabilidad política, economía. Los desafíos y el impacto continuo de la crisis migratoria regional amplificada por el desplazamiento interno.

Por lo tanto, aunque el estado de nuestra “inseguridad alimentaria”, no es aún catastrófica, indudablemente sí es generalizada y preocupantemente expandida, no solo para las miles de familias venezolanas que migran y pasan por nuestro territorio, sino para millones de colombianos.

La afirmación anterior puede verificarse tanto en los datos de la FAO como en los del Dane (30% en promedio de la población de la Encuesta Pulso Social consumen menos de dos comidas al día).

Los números anteriores, a partir del enfoque multidimensional de la FAO, nos llevan a concluir que nuestras inseguridades alimentarias se expresan de dos maneras: de una parte, el elevado precio de los alimentos y el aumento en las brechas de desigualdad impiden el acceso a los alimentos por razones monetarias; mientras que, de otra parte, existe un hambre más silenciosa que escapa a los grandes centros urbanos y que podrían correlacionarse con la perdida de soberanía alimentaria y la reducción en la diversidad de estrategias de producción alimentaria en nuestra ruralidad.

Así mismo, una valoración somera de los datos de inseguridad alimentaria nos permite concluir que, aunque útil y relevante el método utilizado por el Dane; al depender de un indicador unidimensional, como es la capacidad de acceso a las comidas diarias, y al estar focalizado en niveles de precisión limitado por parámetros urbanos (23 ciudades); puede quedarse corto a la hora de producir insumos para la toma de decisiones multinivel.

En ese sentido, urge aproximaciones más integrales, que integren diversos niveles de análisis, para incrementar tanto el alcance territorial (urbano-rural) como la capacidad analítica-predictivo de nuestra política pública alimentaria.

En ese sentido, es francamente inentendible los pasos que da hacia atrás el responsable de la FAO en nuestro país, al pedir disculpas al gobierno colombiano por el informe en cuestión. Con esas disculpas pareciera que el problema alimentario se redujera al problema de la migración venezolana en nuestro país, cuando los datos apuntan a que tenemos problemas de orden estructural que con la pandemia podrían tornarse en catastróficos.

En cuanto a las posibles soluciones, que han sido objeto de debates preelectorales, podríamos sintetizarlas en dos campos.

El mantra neoliberal de la agricultura

Seguir haciendo más de lo mismo, recitando la misma formula de cada cuatro años, la cual invariablemente y de manera ingenua a estas alturas, apela a seguir compitiendo con los protegidos mercados alimentarios mundiales, en una carrera francamente risible, si no fuera por la tragedia que significa para nuestros pequeños productores.

Bajo este recetario neoliberal, se afirma que es necesario incrementar la capacidad productiva de nuestro agro por la vía del monocultivo industrializador, cuando el 70 % de nuestra seguridad alimentaria depende de la pequeña agricultura familiar.

Así mismo, se asegura que cualquier política macroeconómica que se tome seria una especie de atentado contra nuestro modelo alimentario. Sin embargo, la diatriba anterior parece desdibujarse, sí se tiene en cuenta que en el país existen hace tiempo políticas macroeconómicas de corte proteccionista como los Fondos de estabilización de precios del azúcar y el café; las cuales funcionan como poderosas herramientas regulatorias que protegen estas industrias y a sus proveedores agrarios. ¿Por qué para algunos sectores técnica, política y financieramente se puede y para otros no?

Igualmente, conviene recordar que países como los europeos y el mismo EE.UU., en la medida que entienden la seguridad alimentaria como una cuestión de seguridad y gobernanza nacional, implementan políticas altamente proteccionistas e interventoras del mercado como son la Política Agraria Común – PAC y la Farm Bill estadounidense.

Fortalecimiento y protección progresiva al campesinado y a la pequeña agricultura familiar

Otra perspectiva de la cuestión alimentaria apuntaría a que es estratégico, cambiar de manera progresiva, la dependencia alimentaria que parece estar implantándose -en nuestro país- con respecto a las importaciones de alimentos. Lo anterior, de ninguna manera quiere decir que de un día para otro se coloquen aranceles a todos los alimentos, lo cual seria devastador para los consumidores ya de por sí profundamente afectados por el modelo actual.

Lo que sí implica, esta segunda visión del problema, tal y como ya lo había propuesto en este texto del año pasado es una progresiva metamorfosis agropecuaria. Que en síntesis significa una política -no prejuiciosa- de protección al campesinado y a la producción de alimentos; esencialmente aquellos alimentos que son relevantes para la canasta familiar. Lo anterior a largo plazo beneficiaría tanto a consumidores como a campesinos.

Para finalizar, pero directamente relacionado, conviene recordar que diversas organizaciones de campesinos en Colombia lograron introducir el articulo 253 sobre “Política Pública del Sector Campesino” en el actual Plan de Desarrollo (Ley 1955).

Lamentablemente el Gobierno ha elegido convocar a esta discusión a partir de los engranajes de nuestro clientelismo político, como son las secretarías departamentales de agricultura; mientras, al mismo tiempo, hace caso omiso a las organizaciones campesinas que promovieron dicha política y a la misma Comisión de Expertos del Campesinado convocada por la Sentencia 2028/18. Lo peor de todo, es que la FAO se esta prestando para dicho juego, borrando con la mano de su diplomacia acrítica, lo que su trabajo y alta experticia técnica producen con la otra.