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En los últimos días, el Centro Democrático presentó una propuesta que busca invalidar las resoluciones y actos administrativos por medio de los cuales se recuperaron baldíos ilegalmente ocupados. Se debe rechazar de plano este proyecto de ley que avalaría de algún modo el despojo de tierras, epicentro del conflicto armado del país.
El campo colombiano presenta serios problemas estructurales que han impedido su desarrollo y si bien la política de adjudicación de baldíos ha permitido el acceso a la tierra a los pobladores rurales, no ha sido suficiente para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios.
Las históricas brechas de desarrollo urbano-rural persisten año tras año pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional. En el año 2015 la pobreza multidimensional rural era de 40% mientras que en áreas urbanas alcanzaba el 14%. De otro lado, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA), sólo el 16% de los productores tienen acceso a maquinaria, el 18% a sistemas de riego y, el 10% a asistencia técnica y crédito, lo cual evidencia la baja capacidad de los productores rurales en tener acceso a activos productivos que les permitirían mejorar su nivel de ingresos.
Adicionalmente, las desigualdades en el acceso a la tierra y la inseguridad jurídica en su tenencia han sido una constante. Según datos del CNA, el 71% del total Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) tienen menos de 5 hectáreas y ocupan cerca del 2% del área rural, mientras que las UPA de más de 1.000 hectáreas equivalen al 0,2% del total y ocupan el 73% del área censada. Aún más preocupante es la informalidad en la tenencia de tierra, que de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2011, afecta el 59% del total de los predios rurales en el país. Así entonces, es claro que la tierra está altamente concentrada y gran porcentaje de los hogares rurales no tiene un título de propiedad, lo cual restringe su explotación en términos agropecuarios.
En los últimos días, el Centro Democrático presentó una propuesta que busca invalidar las resoluciones y actos administrativos por medio de los cuales se recuperaron baldíos ilegalmente ocupados, ya sea porque estaban en zonas no adjudicables, o porque se obtuvieron a través de la violencia, o porque la tierra tenía una extensión mayor a la permitida por Unidad Agrícola Familiar o porque la persona no cumplía con los requisitos para se le adjudicara. Se debe rechazar de plano este proyecto de ley que avalaría de algún modo el despojo de tierras, epicentro del conflicto armado del país. Esto, sin embargo, no es suficiente: la discusión sobre este tema debe ir más allá porque no basta con recuperar los baldíos que han sido indebidamente ocupados y entregarlos a la población más vulnerable del campo.
Lo anterior se evidencia en la “Evaluación a la Titulación de Baldíos” realizada por DNP en 2015, la cual muestra que el 91% de los baldíos adjudicados tienen extensiones menores a una Unidad Agrícola Familiar; solo el 44% de los hogares que recibieron un predio lo explota; cerca del 45% de los adjudicatarios de baldíos no han registrado sus predios y cerca del 13% de los beneficiarios vendieron, abandonaron o arrendaron el baldío, principalmente por la falta de productividad de los mismos y la necesidad de pagar otras deudas. De igual manera evidencia que la principal fuente de ingresos, no proviene de las actividades agropecuarias, y que los ingresos totales solo alcanzan a cubrir gastos mínimos, lo cual quiere decir que la percepción del mejoramiento de la calidad de vida no está asociada a la adjudicación de un predio de la Nación.
Lo anterior evidencia graves problemas; en primer lugar, no basta con garantizar el acceso a la tierra, es indispensable que este acceso se dé en condiciones tales que le permitan a la familia beneficiaria subsistir, remunerar su trabajo y aportar en la formación de capital. Adicionalmente, este tipo de iniciativas no se pueden realizar de manera aislada: el acceso a la tierra debe estar acompañado del acceso a otros activos productivos como los son la asistencia técnica, el crédito agropecuario y el riego. Sólo de esta manera los habitantes rurales contarán con los medios necesarios para explotar los predios de manera adecuada y eficiente. Esto se evidencia en el punto 1 de los Acuerdos de La Habana, en el cual es claro que la tierra no es suficiente para lograr una transformación estructural del campo colombiano.
Finalmente, el hecho de que el proceso no termine en todos los casos en el registro del predio, es un factor de riesgo, ya que a futuro se podría incentivar el despojo. Todos los instrumentos que promuevan el acceso a la tierra deben culminar en el registro del predio, garantizando así la seguridad jurídica y contribuyendo a la correcta identificación, asignación y titulación de las tierras rurales.
Aunque no se desconocen los avances que el país ha tenido en materia de tierras en los últimos años, aún hace falta mucho para trascender de las medidas de acceso a una política integral que impacte de manera significativa al desarrollo rural de nuestro país. Para revertir las desigualdades, es necesaria una política que promueva el acceso pero que garantice la protección de los derechos de propiedad, impulse su utilización como activo productivo y no como un recurso para acumular riqueza y sea eficiente en la administración de las tierras rurales.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de Amazon Conservation Team (ACT)
