¿Por qué y cómo darle un segundo aliento a nuestro reformismo agrario?

El reciente análisis de la distribución de la propiedad de la tierra que viene de sacar la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) confirma viejas tesis, pero al mismo tiempo complejiza de manera indudable el ordenamiento rural de nuestro territorio. Este trabajo es importante por varias razones que a continuación intentaré sintetizar: 

Ya que no solamente conviene fijarse en aquellas poblaciones que no tienen acceso a la propiedad, sino también en aquel campesinado que se está volviendo inviable a causa de la reducción de su espacio material de reproducción. 

1. Nos permite apreciar una frontera agropecuaria que no es una barrera monolítica, sino que más bien es de constitución porosa en un ir y venir entre mercado privado de tierras, áreas ambientales condicionadas y territorialidades colectivas. 
2. Es interesante la aproximación histórica y los ritmos desiguales de las titulaciones colectivas étnicas, sus enormes restricciones biofísicas para la producción, pero al mismo tiempo su valor inestimable para los recursos naturales de las generaciones porvenir. 
3. Clave para el conservadurismo ambiental, el acercarse a la presencia del pequeño campesinado en zonas ambientalmente sensibles. Contrario a la propaganda que asocia al campesinado con la destrucción de bosque y zonas ambientalmente protegidas, este trabajo permite evidenciar que, en su gran mayoría, el campesinado habita en zonas de protección ambiental se encuentra por debajo de la UAF a través de pequeñas parcelas agrícolas.
4. La validación de la desigualdad inherente al interior de nuestra frontera agropecuaria con tendencia a complejizarse. Por último, y quizás lo más importante, este estudio permite atestiguar hasta que punto, ni la Ley 160, ni el decreto Ley 902 de Reforma Rural Integral que se desprendió del proceso de paz, han significado un retroceso en el coeficiente de Gini (utilizado para medir técnicamente la desigualdad estructural en la propiedad rural de nuestro país). Por el contrario, al fenómeno anterior se le viene sumando de manera preocupante el fraccionamiento antieconómico de la propiedad.

Revisemos a continuación las anteriores tesis de nuestra desigualdad territorial por medio de los datos aportados por el estudio de la Upra anteriormente referido, esto para luego analizar las principales barreras identificadas en la redistribución de la tierra, y, por último, plantear algunas recomendaciones para darle un segundo aliento a nuestro reformismo agrario.

Frontera Agropecuaria: ¿porosidades de la formalización?

En primer lugar, este trabajo muestra una Frontera Agropecuaria de 39.600.143 hectáreas, que representan el 34,7 por ciento del área continental. 

Contraria a la visión esquemática de años anteriores, el presente trabajo de la Upra nos permite distinguir al interior de nuestra frontera agropecuaria entre: de un lado, áreas condicionadas, donde las actividades agropecuarias pueden ser permitidas, restringidas o prohibidas de acuerdo con las condiciones impuestas por la Ley; y, de otro lado, áreas de exclusión, donde no se permiten las actividades agropecuarias. (ver gráfico abajo).

Adicionalmente, el trabajo nos ayuda a seguir la traza de evolución de la Frontera Agropecuaria (FA) en sus versiones 2018 a 2021. En el gráfico (abajo) podemos observar una disminución progresiva de la FA sin condicionamientos. 

Mientras que, para el caso de las exclusiones legales, se presenta un leve aumento de área 2,40%. Por otro lado, en los condicionamientos de la frontera agrícola se observa un aumento de 4,67% entre 2018 y 2019, mientras que en el 2021 el aumento es de 19,24%.

Un dato importante para los proyectos de Reforma Agraria Integral, en el ítem de formalización, es la distribución departamental de la FA sin condicionamientos. 

De acuerdo con el gráfico (arriba), “los departamentos de Vichada, Casanare, Meta y Antioquia presentan la mayor cantidad de área dentro de FA sin condicionamientos, lo que permite inferir que son los departamentos con mayor potencialidad para actividades agropecuarias en términos de área. Los departamentos con menor cantidad de área en la FA sin condicionamientos son Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y San Andrés y Providencia, y no superan las 50 mil hectáreas, en estos departamentos predominan las áreas de bosque y de zonas de exclusión, en las cuales se restringe la actividad agropecuaria; pero, tienen una alta potencialidad de recursos ambientales”.

Actores Étnicos: con tierra, pero en su mayoría para la conservación

Al año 2019 se evidencia que el 93 por ciento de los territorios étnicos constituidos se encuentran fuera de la Frontera Agropecuaria (FA) con un total de 35.875.475 hectáreas (ha), dejando solo 2.905.947 ha de estos territorios dentro de la FA. 

En este contexto, como puede apreciarse en la cartografía (abajo), el 79% de los territorios étnicos constituidos al año 2019 (30.473.690 ha) se ubican en la categoría de bosques naturales y áreas no agropecuarias, mientras que las exclusiones legales tienen una menor representación porcentual, con el 14% (aproximadamente 5.401.785 ha). 

Las anteriores dos categorías que se encuentran por fuera de la FA totalizan el 93% de los territorios étnicos.

Resguardos: relación inversa entre número de figuras y extensión territorial

Con corte al 2019, la Upra contabilizo 759 actuaciones administrativas que benefician a 763 comunidades indígenas en igual número de resguardos constituidos (ANT, 2021). La vigencia 2019, permite observar que esta figura de ordenamiento se encuentra presente en 288 municipios, lo que corresponde al 25,7% del total de municipios del país, en un total de 28 departamentos, con un aproximado de 33.056.020 ha, lo que equivale al 29% de la superficie continental e insular del país. 

Así mismo, los datos desagregados por departamento y los rangos de tamaño (figuras arriba), permiten observar una relación inversa entre área y número de resguardos constituidos. 

De esta manera, se tiene que el rango con mayor representación respecto del número de resguardos es el tamaño más pequeño, de 0 a 1.000 ha, con un total de 341 territorios comunitarios, los cuales representan el 45% del total de los resguardos constituidos. 

En contraste con lo anterior, los rangos de mayor cantidad de área, en donde, por ejemplo, los rangos de área mayor a 1 millón ha registran la menor cantidad de resguardos y, en conjunto, representan el 1,4% de estos territorios constituidos (siete resguardos entre los dos rangos).

Particularmente, estos mismos rangos representan la mayor cantidad de área en resguardos constituidos, casi la mitad de estos territorios con aproximadamente el 53%.

Un profesor mío, Christian Gros, me decía que le llamaba mucho la atención que los resguardos para el caso colombiano, si los apreciamos con respecto a su área representativa, constituyen un tejido de nuestras fronteras internacionales. Los datos anteriores atestiguan la apreciación del veterano etnógrafo.

Territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, rizales y palenqueras

La figura de titulación colectiva para comunidades afrocolombianas se estructuró en torno a un total de 203 actuaciones administrativas que benefician a un total de 202 comunidades en Tccn constituidos, los cuales se ubican en once departamentos, sobre un total de 92 municipios, que representan el 8,21 por ciento del total de municipios del país, con una fuerte concentración pacífico-céntrica. 

El área aproximada de estos territorios es de 5.725.401 ha, que a su vez representan el 5,02 por ciento de la superficie continental e insular del país. Es importante remarcar como un alto porcentaje de constitución se dio en el lapso de 6 años (1997 a 2002) con cerca de 5 millones de ha.

Comparando la velocidad de adjudicación, área y acceso de los últimos años, es palpable un desbalance entre el acceso territorial entre las comunidades étnicas, claramente desfavorable (en el último decenio) para las comunidades afrocolombianas.

En este contexto, por fuera de la FA se tiene que el 84% de estos territorios se encuentran en la categoría de bosques naturales y áreas no agropecuarias, con 4.835.247 ha, mientras que, en una representación porcentual considerablemente menor, está la categoría de exclusiones legales, con el 7% y 418.063 ha. 

Esta condición restringe los Tccn a contar con aproximadamente 472.091 ha dentro de la FA.

El balance histórico departamental respecto de la distribución del territorio bajo la figura de Tccn evidencia una fuerte espacialidad pacífico-céntrica, en la medida que el 95,2% se encuentra distribuido en cinco departamentos así: Chocó (53,7%), Nariño (21,3%), Cauca (12,5%) y Valle del Cauca (7,7%). 

Por su parte, y particularmente los otros siete departamentos en los cuales se constituyen los Tccn (Antioquia, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Putumayo y Risaralda) se encuentran por fuera de la cuenca del Pacífico, pero con asignaciones considerablemente menores.

Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y campesinado en zonas de protección ambiental

El análisis de la Upra excluye las últimas 4 Zonas de Reserva Campesina constituidas en diciembre del año pasado, por lo tanto, su ejercicio solo se focaliza en las 7 ZRC anteriores, cubriendo un total de 895 mil ha. 

Sin embargo, el trabajo de la Upra ratifica el lugar liminal del campesinado como pobladores con un pie a cada lado de nuestra Frontera Interior: 412 mil ha de ZRC quedan por fuera de la FA, mientras que 482 ha de las mismas ZRC quedan dentro FA. 

Es interesante el análisis de la estructura de propiedad dentro de las ZRC (tabla abajo). Existen 1.315 predios de menos de 0,5 ha, y un solo predio ubicado en el rango entre 5000 ha y 10.000 ha. A su vez, el rango que presenta la mayor cantidad de predios es el comprendido entre 20 ha y 50 ha con 1562 predios, lo que, en área, comprende 51.363 ha, es decir, el 18,78 por ciento del total de los predios ubicados en ZRC que cuentan con información predial.

Otro aspecto que permite evidenciar la liminalidad campesina es que, dentro de las ZRC se encuentran zonas no agropecuarias y bosques naturales que comprenden un área de 348.483,94 ha, así como un área de 63.838,37 ha. relacionadas con exclusiones legales.

Siguiendo con la habitación del campesinado en zonas de importancia ambiental, el análisis de la Upra permite profundizar el estado de habitación en zonas de páramos, humedales, DMI, DCS y ZRF de Ley 2a de 1959. 

Un gran hallazgo, que confirma la necesidad de formalizar bajo criterios ambientales esta habitación histórica del campesinado, es que se trata de pequeña propiedad. En su gran mayoría, 70%, son predios menores de 1 Unidad Agrícola Familiar (UAF). Mientras que al interior de las ZRF de Ley 2da los predios menores de 1 UAF llegan al 81%. 

Descripción de la distribución predial en la Frontera Agropecuaria

La Upra se encarga de realizar un juicioso análisis de las características principales de los predios, específicamente en torno a su rango de tamaño, propietarios y poseedores dentro de frontera agrícola (FA). La información catastral es el principal insumo para el presente análisis. 

Para la vigencia 2019, el estado catastral rural nacional presenta un aumento en la desactualización, sobre todo en departamentos como Guainía y Guaviare, para los cuales en la totalidad de sus municipios en la zona rural aún no se cuenta con el proceso de formación catastral, seguidos de Vaupés, Chocó y Amazonas, que presentan altos porcentajes de municipios sin formación catastral con 66,66%, 68,96% y 81,81% respectivamente. 

Por otro lado, el único departamento que se encuentra actualizado catastralmente en el país en su totalidad es el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Seguramente que el anterior estado de cosas habrá avanzado del 2019 al 2022, pero en general el estado de avance es francamente decepcionante.

Teniendo clara la información sobre la cual se van a proporcionar los datos en adelante, el universo de referencia es el siguiente: 4.491.4878 predios rurales para la vigencia 2019, entre las 101.542.238,82 ha del territorio continental e insular de Colombia. La Upra, para dar consistencia al ejercicio, le restó las mejoras al total de predios y, luego, dentro de la FA encontró 2.610.666 predios sin condición especial, los cuales ocupan 36.835.277,35 ha. 

Los anteriores predios tienen un destino económico sectorial: agropecuario, agrícola, pecuario, agroindustrial o forestal. Así mismo, pueden pertenecer a personas naturales o jurídicas privadas.

De los anteriores, 2.266.838 predios tienen destino agropecuario, de los cuales 2.212.222 son privados (30.367.216 ha). Estos predios representan el 84,76% del total en la FA del país y el 97,6% de los predios agropecuarios.

La estructura desigual de nuestra propiedad rural se observa en la tabla abajo. Allí la Upra muestra que la distribución de los predios privados agropecuarios exhibe un comportamiento donde la mayor representatividad por número de predios se encuentra en los rangos de menor tamaño (rangos menores a 2,5 ha), mientras que los rangos de mayor tamaño (rangos entre 20 ha y 500 ha), agrupan pocos predios, pero con la mayor representatividad en área. 

Lo anterior significa que hay muchos predios pequeños y pocos de tamaño grande, donde los últimos ocupan la mayor superficie. 

La tabla anterior y el grafico (abajo) permiten observar que el 13,1% del área de los predios rurales privados con destino agropecuario dentro de la FA tienen menos de 10 ha, pero representan el 79,49% del total de propietarios.

Las siguientes cartografías permiten aterrizar espacialmente las anteriores cifras. El primer mapa nos muestra los rangos de tamaño predial de los predios rurales privados con destino agropecuario dentro de la Frontera Agropecuaria. 

Este segundo mapa nos permite visualizar los rangos de tamaño predial de los predios rurales privados con destino agropecuario fuera de la Frontera Agropecuaria.

El análisis de la Upra permite afirmar que Boyacá presenta el mayor número de predios y de propietarios de predios rurales privados con destino agropecuario (18,91% y 17,65% respectivamente). Sin embargo, este departamento representa apenas el 4,04% del área total del país. 

Este comportamiento es similar en Cundinamarca y Nariño. En términos de porcentaje de predios y propietarios, respectivamente de estos departamentos, Amazonas y Vaupés tienen los valores más bajos (0,00% en ambos casos).

Por otro lado, los departamentos que tienen mayores extensiones de área rural privada de destino agropecuario dentro de la FA son Norte de Santander (14,06%), Putumayo (9,77%), Antioquia (9,62%), Cauca (6,10%) y Tolima (4,74%) (gráfica abajo).

Departamentos como Chocó, Amazonas, Vaupés y Vichada tienen baja representación en términos de predios, propietarios y áreas en predios con destino agropecuario en Frontera Agropecuaria.

Pero ojo, la Upra es muy cuidadosa en precisar que toda la información suministrada corresponde al estado de actualización o formación catastral, en este sentido, debe recordarse la explicación sobre las entidades que no reportan o tienen desactualizado su catastro rural.

Como vemos en la tabla (arriba), la transformación de los valores del índice de Gini de la propiedad rural a nivel nacional entre 2016 al 2019 toman valores entre 0,861 y 0,869, lo que quiere decir que el país sigue presentando un alto nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad rural.

Con base en la información anterior para la Upra, a 2019 el nivel de desigualdad en la distribución de la propiedad continúa en niveles altos, con un valor del índice de Gini de área de propietarios de 0,864 a escala nacional, para los predios privados, con destinos agropecuarios dentro de la FA.

Como vemos en la gráfica (arriba) dicha medida sigue siendo jalonada por departamentos como Meta, Valle, Antioquia, Casanare, Caldas y Arauca. Sin embargo, es de rigor insistir que la información en los departamentos con mayor área por fuera de la frontera agropecuaria o con catastros deficientes como Vichada y Vaupés es incierta.

Fraccionamiento antieconómico: una ventana poco observada en los reformismos agrarios

El trabajo emprendido por la Upra brinda una interesante ventana de análisis para observar uno de los fenómenos que puede complejizar aún más nuestra desigualdad estructural: el fraccionamiento predial. 

El fraccionamiento se convierte en antieconómico cuando la superficie trabajada se divide gracias a repartición hereditaria de la tierra u otras contingencias, llegando a un punto en el que el área disponible para trabajar ya no soporta el requerimiento de sostenibilidad de la unidad productiva.

El fraccionamiento se examina por medio de la variación del número de predios de un año base (2019 en este caso) Vs. el área (en hectáreas) municipal respecto a la UAF. 

A nivel de número de predios, en 2019 se destaca una mayor cantidad en los tamaños prediales de hasta 2,5 ha, que equivalen, en su conjunto, a 396.671 predios (64,11%). Este mismo comportamiento se observa en 2014, cuando en esos rangos de tamaño predial el número de predios equivalía al 63,64% del total considerado dentro del universo de predios con señales de fraccionamiento. 

La variación entre 2014 y 2019 en tamaños prediales hasta 2,5 ha fue, en promedio, de 9,97%. En consonancia con el aumento de la desigualdad, la mayor variación se dio en el rango de tamaño predial de entre 5000 ha y 10.000 ha (33,33%). 

También se destacan variaciones de más del 10% en rangos prediales entre 50 ha y 1000 ha. Mientras tanto, el fraccionamiento antieconómico se ubica en los predios menores de 0.5, 1 y 2.5 ha, que tuvieron variaciones de 12.5%, 8.8% y 8.4% respectivamente (ver tabla abajo).

Al realizar el análisis de número de predios con señales de fraccionamiento por departamentos,

destacan Cundinamarca (81.565 predios, 13,18%), Nariño (79.697 predios, 12,88%), Boyacá (73.536 predios, 11,88%), Antioquia (55.329, 8,94%) y Cauca (44.477, 7,19%). 

En su conjunto, estos cinco departamentos representan el 54,08% del total de predios con señales de fraccionamiento en 2019. Ver figura (abajo).  

Dado que en la tabla 42 se encontró que el tamaño predial que más participa es hasta 0,5 ha (28,48 por ciento), se realiza también un análisis de número de predios con señales de fraccionamiento predial por departamento en ese rango de tamaños prediales. 

Se encuentran 176.220 predios, y se destacan los departamentos: Nariño (45.202), Boyacá (33.931), Cauca (18.600), Cundinamarca (16.051) y Valle de Cauca (10.447). Estos departamentos concentran el 70,50 por ciento de los predios con señales de fraccionamiento en ese rango predial en 2019.

El fraccionamiento antieconómico configura una segunda ventana de observación para los procesos de reforma agraria en nuestro país. 

Ya que no solamente conviene fijarse en aquellas poblaciones que no tienen acceso a la propiedad, sino también en aquel campesinado que se está volviendo inviable a causa de la reducción de su espacio material de reproducción. 

¿Cuáles son las barreras que nos impiden intervenir la desigualdad en la distribución?

Aunque es una prioridad del gobierno actual, es una verdad de a puño que revertir nuestras medidas de inequidad y desigualdad en la propiedad rural no es una tarea fácil. 

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), parece siempre estar corriendo una carrera contra reloj en la implementación de una serie de programas para cambiar la situación de la desigualdad en la propiedad territorial de la tierra rural en Colombia. 

Estos programas incluyen: 

1. El Programa de Formalización Rural (PFR), que busca regularizar la propiedad de la tierra de los campesinos sujetos de ordenamientos social de la propiedad rural.
2. Las iniciativas de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (Ospr), que buscan promover el ordenamiento y la planificación territorial para el acceso a la propiedad y el desarrollo rural. 
3. Las herramientas de Titulación Colectiva de Tierras y Zonas de Reserva Campesina, que buscan titular las tierras a territorialidades históricas de campesinos vulnerables, indígenas y afrocolombianos. 
4. En el último gobierno se propone, con esperanza, un ambicioso programa de compra de tierras privadas con fines redistributivos.

Sin embargo, de una parte, la percepción avalada por las estadísticas que presenta la Upra, al menos a 2019, es que los ítems 1, 2 y 3 mencionados anteriormente no acaban de profundizarse. De otra parte, las cifras de 4 referidas a cuanto ha logrado comprar el actual gobierno del presidente Petro aún son grises, a la espera de un arranque decidido en el año en curso.

Sin embargo, para que la compra de tierras y la reforma agraria despegue, el gobierno deberá franquear problemas asociados a:

• Disponibilidad de tierras idóneas para la compra: El ambicioso programa de compra de tierras rurales parece enfrentar desafíos para encontrar tierras disponibles para la compra. Esto se debe a que la mayoría de las tierras en Colombia están en manos de grandes terratenientes, y no hay muchos propietarios dispuestos a vender sus tierras al gobierno. Y los que históricamente parecen dispuestos, casi siempre quieren vender las áreas menos productivas, o solucionar por esta vía líos con apropiaciones de baldíos o denuncias de despojos anteriores. 
• Mercado inflacionario de las tierras: Aunque la mayoría de propietarios paga impuestos irrisorios por la propiedad rural atados a los avalúos catastrales, a la hora de la venta es necesario por medio de avalúos comerciales que indiscutiblemente producen un mercado inflacionario de la tierra. Por lo tanto, cuando el Estado decide intervenir el mercado de tierras de manera invariable, el precio de las tierras en Colombia aumenta, lo que a modo de bucle ocasiona que sea difícil para el gobierno comprar suficientes tierras para satisfacer la demanda.
• Identificación dispersa y desordenada de los beneficiarios: La cantidad y dispersión de los registros agrarios, y la ausencia de una base de datos consolidada en los años y gobiernos anteriores, produce que las diversas iniciativas de acceso a la tierra y el desarrollo rural, por lo general, enfrenten fuertes desafíos para identificar correctamente a los beneficiarios potenciales de las tierras. La construcción de un registro actualizado de la población rural en Colombia será determinante para conocer quiénes son los más necesitados de tierras.
• Titulación de las tierras: Los procesos de titulación han demostrado que se tratan de dinámicas complejas y pueden llevar mucho tiempo. Por lo tanto, la titulación, que era la bandera de los años anteriores, ahora de manera inequívoca es vista como un ítem superfluo en la estructura agraria. Parece propagarse una idea errónea según la cual compra y formalización son procesos que no se comunican entre sí, cuando en realidad son dos caras de una misma moneda. 

¿Cómo darle un segundo aliento a la Reforma Agraria?

Aunque sobre el papel todo parece realizable, desde la barrera me atrevo a plantear las siguientes recomendaciones al respecto:

Seguir Fortaleciendo la visión estereoscópica de la Upra

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) es el think-tank de nuestro sistema agrario. De manera indudable, por allí debería fluir la mayoría de los requerimientos técnico-analíticos de nuestro ordenamiento territorial y desarrollo rural. 

El valor de esta entidad es indudable a la hora de proveer de información precisa para la toma de decisiones del sector, no en vano en sus manos está la gestión del Plan Estadístico Agropecuario. Sin embargo, existía la impresión en la opinión pública sectorial que su actuación históricamente lucia muy inclinada a proveer interpretaciones técnicas que favorecían de manera indirecta un modelo agroexportador y gremial. 

Con menos fervor se tenía un interés por la pequeña agricultura campesina familiar, los circuitos cortos de la alimentación local y menos aún la territorialidad y producción de los actores étnicos de nuestra nación. 

Lo anterior parece decidido a cambiarse por parte de la actual administración que, sin desmontar lo andado, parece decidida a salirse del límite engañoso de la Frontera Agropecuaria, mostrándonos sus matices, escalando su mirada a los actores étnicos y a los pequeños campesinos de agricultura familiar.

 Documentos, como el que se refirió a lo largo del presente texto, de manera indudable permiten que el Ministerio de Agricultura, ANT y ADR, afinen su mirada y aumenten su capacidad de lectura contextual para la toma de decisiones.

Usar sensores remotos y “machine learning” para la identificación del latifundio improductivo 

La Upra y la ANT pueden usar tecnología de punta por medio de sensores remotos y aprendizaje de máquinas para identificar tierras disponibles para la compra. Por ejemplo, el gobierno puede usar imágenes satelitales para identificar tierras que no están siendo utilizadas de manera productiva. El gobierno también puede incrementar la escala de sus sistemas de información geográfica (SIG) para mapear la disponibilidad de tierras.

Trabajar con organizaciones campesinas, étnicas y comunitarias para la identificación territorial

El gobierno puede trabajar con organizaciones campesinas, étnicas y comunitarias para identificar tierras disponibles para la compra. Estas organizaciones tienen un conocimiento profundo de las comunidades rurales, y pueden ayudar al gobierno a identificar tierras que son adecuadas para el desarrollo agrícola.

Cruzar el Censo Nacional Agropecuario y las próximas Encuestas Nacionales Agropecuarias para fines de Reforma Agraria

La Upra, el Dane y la ANT pueden desarrollar un plan de análisis sistemático de identificación de actividad agropecuaria productiva. Para tal fin se puede tomar como base las UPA del CNA, y actualizar su mirada en regiones especificas por medio de las próximas ENA. Idéntico fin se podría proyectar para las Evaluaciones Agropecuarias (EVA).

Anclar los Pospr y los Barridos prediales a las metodologías de avalúos comerciales

Uno de los cuellos de botella grande para aumentar la rapidez de la compra una vez identificados los posibles oferentes son los procesos de avaluó comercial. Para el país es fundamental ir concluyendo las decenas de barridos prediales en marcha dentro de municipios estratégicos. 

La gran cantidad de información que una API bien manejada de un Pospr o de un Barrido Predial concluido se podría convertir fácilmente en evaluación primordial para los avalúos comerciales dirigidos a la compra de tierras rurales en territorialidades focalizadas.

Incorporar de manera decidida la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Sistema de Reforma Agraria

Las mejores tierras del país compradas con dineros del narcotráfico permanecen en manos de diversos sujetos de la ruralidad. La tarea de ponerlos al servicio de los sujetos de reforma agraria apenas comenzó con la administración presente. 

Por lo tanto, la ANT debería ir decididamente por esas tierras, bien sean extintas o a través del recurso de enajenación temprana que después del Plan Nacional de Desarrollo permitiría un proceso especial cuando se trata de utilizarlas para la Reforma Agraria, respetando la debida reserva técnica.  

A modo de síntesis provisional:

Una síntesis casi siempre provisional en materia de reforma agraria nos llevaría a concluir que desde finales del siglo XX el Estado colombiano ha venido combinando diversas estrategias: apoyar a los campesinos pobres por medio de un subsidio de tierras (génesis de la Ley 160), transformar la institucionalidad agraria para ganar en eficiencia y ejecución (disolución de Incoder), implementar el ordenamiento social de la propiedad (Decreto Ley 902), la compra masiva de tierras privadas (actual Plan Nacional de Desarrollo). 

Sí, todo lo anterior falla y no existe la voluntad política de los grandes detentores de la propiedad rural para distribuir lo improductivo, lo único que teóricamente quedaría por intentar es utilizar las herramientas vigentes y legales para expropiar con fines de distribución equitativa de la tierra.