Recolectores: un grupo olvidado en la sustitución de la coca

Esta columna fue escrita en colaboración con Lucas Marín Llanes, investigador del Cesed.

A finales del 2021, con apoyo de la Corporación VisoMutop, visitamos Guaviare y Putumayo para entrevistar beneficiaros del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) y entender los retos de su implementación. En esta columna queremos referirnos a un componente que no ha sido discutido lo suficiente: la vinculación de los recolectores de la hoja de coca.

Además de hogares cultivadores y no cultivadores, el Pnis vinculó a más de 16 mil hogares recolectores. Sin embargo, las condiciones de su vinculación y las condiciones socioeconómicas son diferentes a las de los hogares cultivadores. Aquí discutimos estas diferencias y hacemos un llamado a monitorear la situación de estos hogares puesto que, como se mostrará, están en peor situación, incluso, que los hogares cultivadores.

Recolectores en el Pnis

Según los datos oficiales del programa con corte al 2019 y reportados por la Fundación Ideas para la Paz, el 17 por ciento de los 99 mil hogares vinculados al programa lo hicieron como recolectores. Las condiciones de entrada al programa de estos hogares eran diferentes a las de los hogares cultivadores puesto que no tenían la condicionalidad en la erradicación de los cultivos de uso ilícito.

Por lo tanto, en vez de recibir 36 millones de pesos como subsidio, recibían 12 millones de pesos en un periodo de 12 meses con la condición de que se desvincularan de la economía ilícita y realizaran trabajos comunitarios que debían ser validados por las Juntas de Acción Comunal (JAC).

En nuestra visita, nos contaron que estos trabajos consistían en arreglar vías, caminos y espacios comunes, entre otros. Así, además de recibir menos recursos que los hogares cultivadores, los recolectores debían realizar unos trabajos, pensados como oportunidades de empleo, para poder recibir el subsidio.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con datos a diciembre del 2020, reportó que 5.700 recolectores en el país han sido vinculados al desarrollo de actividades de interés comunitario. Esto implica que solo el 34 por ciento del total de recolectores inscritos inicialmente han sido vinculados. Por lo tanto, solo uno de cada tres recolectores inscritos al programa ha recibido los pagos cuatro años después del comienzo de su implementación. Además, hay diferencias regionales.

En el Guaviare, por ejemplo, según la información brindada por la oficina regional del Pnis, ha habido un cumplimiento del 90 por ciento con los recolectores. Y efectivamente, la mayoría de los recolectores con quienes conversamos manifestaron que recibieron los 12 millones proyectados, pero distribuidos en tiempos más largos a los acordados. Por ejemplo, a algunos de ellos les pagaron en tres años en lugar de los 12 meses estipulados en el Programa.

Sin embargo, uno de los problemas de diseño del Pnis es que después de completar el pago de ese valor no se consideró ningún proyecto ni apoyo para construir un plan de vida o alternativa productiva de largo plazo que realmente reemplazara el jornal que generaba la recolección de la hoja de coca.

Al menos en el diseño, los hogares cultivadores sí tenían contemplado el desarrollo de un proyecto productivo. Para los recolectores, por el contrario, no se pensó una alternativa lícita a largo plazo, y pagados los 12 millones, muchos buscaron otras fuentes de ingresos, así fueran ilícitas.

Por ejemplo, en una de las veredas que visitamos, ocho personas fueron vinculadas como recolectoras y hace un año no han sido contactadas por ningún programa del Gobierno. Siendo así, no han tenido otra alternativa que regresar a las actividades ilícitas, pero en esta oportunidad con mayor riesgo por el compromiso que adquirieron de no volver a raspar. Pocos recolectores tienen la suerte de vivir en cercanías de La Lindosa, donde algunos han podido remplazar sus actividades ilícitas por actividades asociadas al turismo, como guías de la región.

En el Putumayo, por el contrario, cinco años después del comienzo de la implementación, las personas vinculadas como recolectoras y con quienes tuvimos la oportunidad de conversar afirmaron que nadie ha recibido ninguno de los pagos estipulados en el Programa.

Además, muchos recolectores quedaron por fuera del programa. En el Guaviare, por ejemplo, los recolectores miembros de la comunidad nukak no fueron vinculados. En el diseño, el Pnis contemplaba un enfoque diferencial étnico para vincularlos teniendo en cuenta su contexto cultural. Sin embargo, este Pnis a la medida nunca se implementó y los nukak quedaron sin el pan y sin el queso porque los cultivos donde trabajaban fueron erradicados y se encuentran en condiciones más vulnerables.

Antes de comenzar el Pnis, los recolectores ya estaban en peores condiciones que los cultivadores

Con los datos de la encuesta de línea base del Pnis, recogidos por Unodc, exploramos las condiciones socioeconómicas de los hogares recolectores frente a los cultivadores.

En la encuesta no es posible identificar el mecanismo de vinculación al programa de los hogares. Sin embargo, es posible identificar si los hogares, en el momento de la encuesta, habían sido o eran recolectores, cultivadores o realizaban las dos actividades. De esta manera, es posible identificar si las condiciones socioeconómicas de los recolectores han sido mejores o peores que las de los hogares cultivadores.

Según estos datos, el 2,7 % de los hogares ha sido o es únicamente recolector, el 64,9 % ha sido o es únicamente cultivador, y el 19 % ha realizado o realiza las dos actividades. Las relaciones múltiples con los cultivos de coca son frecuentes. Por ejemplo, uno de los recolectores de una vereda de San José del Guaviare nos explicó que fue cultivador hasta que su predio fue fumigado con glifosato y, a partir de eso, le pareció muy riesgoso tener su propio cultivo y prefirió dedicarse a la recolección.

En el Gráfico 1 mostramos la distribución departamental de los hogares vinculados al Pnis a partir de la relación que han tenido con los cultivos de uso ilícito. En la mayoría de los departamentos, el porcentaje de hogares correspondiente a cada relación es similar. Sin embargo, en el Meta y Norte de Santander hay mayor concentración de recolectores frente a cultivadores. En los departamentos de Bolívar, Caquetá y Nariño la relación es en la dirección opuesta.

Adicionalmente, a partir de la información de la encuesta, estimamos un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) con el propósito de medir esta variable en los hogares vinculados al Pnis. Para esto seguimos la metodología de Roberto Angulo ajustando las preguntas disponibles en la encuesta.

Encontramos que el 49,7 % de los hogares cultivadores viven en condiciones de pobreza multidimensional, mientras que ese porcentaje corresponde al 56,7 % para los hogares recolectores. Esto sugiere que la probabilidad de estar en esta situación es 14,1 % mayor para los hogares recolectores. Igualmente, los hogares que reportaron una relación múltiple tienen una probabilidad 5,6 % más alta de vivir en estas condiciones frente a los hogares que son solamente cultivadores.

Explorando las variables que componen el IPM, se resalta que la proporción de hogares recolectores con privaciones en acceso a seguridad social y hacinamiento es 37 % y 35 % mayor, respectivamente, frente a los hogares cultivadores. La relación es opuesta frente a acceso a agua potable (5 %) e inasistencia escolar (52 %). Es decir, en estas dimensiones los recolectores tienen menos privaciones que los hogares cultivadores.

A pesar de estas diferencias socioeconómicas, se encuentra que no hay diferencias en los ingresos de los hogares cultivadores y recolectores. Por lo tanto, las diferencias en privaciones de los hogares recolectores frente a los cultivadores no corresponden de manera directa a los ingresos, sino a la calidad de vida y provisión de algunos servicios básicos que captura el IPM. Esta información tiene elementos que pueden ser útiles para el diseño de una nueva política de desarrollo alternativo integral que anticipe estas diferencias entre hogares beneficiarios.

En el Gráfico 2 se evidencia que tres de cada cinco cultivadores son propietarios de las tierras que trabajan, mientras que la relación para los recolectores es de menos de uno de cada dos. En este caso, aquellos hogares que han tenido múltiples relaciones con los cultivos de uso ilícito también tienen mayor probabilidad de ser propietarios que los que han sido únicamente recolectores.

Adicionalmente, la proporción de recolectores que no tienen ningún vínculo con el predio es mayor que para los cultivadores y para aquellos con múltiples relaciones con la coca. Es posible, y no se especifica en la encuesta, que existan otras relaciones de los hogares con predios diferentes a los caracterizados. En el resto de las relaciones con el predio no se presentan diferencias significativas.

Los recolectores empezaron el Programa en una situación más vulnerable y este no le otorgó a esta población los mismos beneficios que a los cultivadores. Condicionó los pagos a trabajos comunitarios y no planteó una solución de largo plazo para hacer una transición a una economía legal. Así mismo, dos de cada tres recolectores vinculados no han sido atendidos por el Pnis.

La vinculación y condiciones de vinculación de hogares recolectores de hoja de coca deben ser analizadas en futuras políticas de desarrollo alternativo con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de estos hogares, que son los más vulnerables dentro de la cadena de producción de la cocaína.

Es necesario incluir en el diseño de estos programas componentes que generen alternativas de vida y generación de ingresos sostenibles en el largo plazo, lo cual incluye además de proyectos productivos, planes de formación y capacitación de acuerdo con sus planes de vida, especialmente para aquellos más jóvenes.

Adicionalmente, el Pnis y, sobre todo, futuros programas de desarrollo alternativo deben ser diseñados e implementados con un enfoque étnico diferencial porque miembros de comunidades indígenas (tanto recolectores como cultivadores) han quedado por fuera del programa.

Como mínimo, es necesario avanzar en el cumplimiento por parte del Estado con los compromisos adquiridos con los hogares a través del Pnis y restablecer la confianza con los beneficiarios que sienten que el Estado les incumplió. En ausencia de este cumplimiento, no va a haber confianza en las comunidades para realizar políticas innovadoras que permitan mejorar las condiciones de vida de los hogares, de seguridad en las comunidades y generar nuevas y estables oportunidades, especialmente para los más vulnerables, como los recolectores.