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El 12 de julio la FAO dio a conocer el reporte 2023 sobre el Estado Global de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición a lo largo del 2022. El hambre llego a la cifra critica de los 735 millones de personas en el mundo, mientras que cerca de 2400 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave.
Aunque el panorama en América Latina ha mejorado levemente, la situación no ha logrado volver a las cifras anteriores a la pandemia, y en el 2022 las cifras regionales llegaron a 43 millones de personas en situación de hambre y 247 millones en inseguridad alimentaria.
Bajo el anterior contexto, los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos son herramientas que permiten proveer una oferta estable de alimentos, al mismo tiempo que dinamizan las economías locales, apoyan la agricultura familiar, gestionan reservas estratégicas de alimentos y abastecen a los programas de protección social y alimentación escolar.
El presente texto buscará realizar un paneo regional a las redes públicas de abastecimiento alimentario en América Latina y el Caribe, posteriormente, la mirada se fijará en algunos de los desafíos que este tema plantea para Colombia.
Por lo general existen tres grandes sistemas de abastecimiento alimentario en los estados nacionales contemporáneos. En primer lugar, los sistemas de abastecimiento convencional, constituidos por la capilaridad de los mercados privados de tiendas, supermercados y grandes superficies.
En segundo lugar, los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización, construido por los estados para atender la demanda alimentaria de sus instituciones, las reservas estratégicas de alimentos, y los programas para gestionar la inseguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables.
En tercer lugar, existe en muchos países una categoría hibrida de sistemas de abastecimiento público–privados, como sucede con nuestras centrales de abastecimiento.
La semana que acaba de pasar tuvo lugar en San Salvador la VII reunión de la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (Red Spaa).
El evento permitió hacer un balance de las políticas públicas de abastecimiento de alimentos en un contexto pospandemia, afectado por la inflación de los alimentos y las tensiones globales, tanto en los circuitos mundiales de los cereales como de los insumos agropecuarios, producto de la guerra de Ucrania.
Un vistazo regional
Revisemos de manera sintética, algunos de los elementos más sobresalientes que orientan la mirada en el panorama latinoamericano y del Caribe.
Las perturbaciones alimentarias tienen un efecto domino en la sociedad: Al menos 7 ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible están concernidos con las redes públicas de abastecimiento alimentario:
ODS-1 Fin de la pobreza, ODS-2 Hambre Cero, ODS-5 igualdad de Género, ODS-8 Trabajo Decente, ODS-10 Reducción de las Desigualdades, ODS-12 Producción y consumo responsable, ODS-13 Acción climática, y ODS-15 Vida en los ecosistemas terrestres.
Sistemas alimentarios poco resilientes: De acuerdo con Joao Intini, oficial de políticas y sistemas alimentarios de la FAO (Brasil), los Sistemas Alimentarios, en general, son sensibles a variaciones climáticas, tecnológicas, económicas, demográficas y a conflictividades políticas.
Bajo el anterior contexto, en AL y el Caribe se viene incubando una “tormenta perfecta”, por cambios en las cadenas de suministro que están incentivando la integración vertical y los oligopolios, cerrándole cada vez más, la participación a los sujetos vulnerables, y reforzando sistemas más asimétricos. Situación que puede agravarse por los efectos que se proyectan gracias a los fenómenos del Niño y la Niña en la región.
Reservas estratégicas: Frente al panorama anterior, para varios países de AL, sobre todo en Centroamérica, tienen gran importancia las Reservas Estratégicas de Granos. Las reservas son un mecanismo para contener la escasez o la subida de precios sobre alimentos estratégicos para la alimentación del conjunto de la población.
Aunque las dimensiones varían para cada país, los casos de Indeca en Guatemala, el Ihma en Honduras y de Cotrisa en Chile, podrían ser de interés para nuestra realidad colombiana y de otras naciones que carezcan de estos mecanismos con una gran variedad de opciones en torno al bodegaje, precios de garantía, o arbitrajes público–privados.
Sistemas de monitoreo desde la boca de finca hasta el consumidor: La información para la toma de decisiones es la base de la agro-logística de alimentos contemporánea.
Aunque en Colombia contamos con el Sipsa de Agronet, tenemos grandes dificultades para conocer con certitud el tamaño de la intermediación y la formación total de los precios alimentarios.
En este ámbito las experiencias de la Conab en Brasil, el Sipa de Ecuador, el IMA en Panamá o el Aserca-Sader de México podrían fortalecer el trabajo que ya el Dane y la Upra han venido cimentando.
Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) con la participación de la Agricultura Familiar: los CCC son el futuro de los sistemas agroalimentarios. Su puesta en marcha catapulta de manera decidida la agricultura familiar étnico-campesina, promoviendo las economías locales y populares, al tiempo que protegen el medio ambiente.
En este ámbito las redes de comercialización estatal desarrolladas por el Inespre en República Dominicana o de Banasupro en Honduras podrían ofrecernos muchas pistas del camino a seguir en la apuesta estatal por reinventar nuestro antiguo Idema.
Sistemas autoabastecidos y de agricultura urbana: En la región dos países han forzado al máximo su diseño institucional para atender situaciones extraordinarias en cuanto a la gestión en la escasez del acceso a la alimentación.
De una parte, la organización de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela, cuenta con 21 millones de ciudadanos carnetizados con código QR sobre un universo censal de 28 millones. Dicha red le permite al Estado tener un sofisticado sistema de trazabilidad al almacenamiento y distribución de los alimentos.
De otra parte, en Cuba, es sencillamente impresionante la capilaridad de su agricultura urbana y familiar en el marco de su política de autoabastecimiento alimentario.
La situación llega a tal nivel de importancia en ambos países que ambos cuentan con Ministerios especializados de las cuestiones alimentarias: El Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) en Venezuela.
Programas de abastecimiento públicos de alimentos: La pandemia significó un grave recordatorio de que la inseguridad alimentaria se ensaña con los más vulnerables de la sociedad. Por eso varias naciones fortalecieron sus programas de acceso de alimentos por la vía del subsidio público.
La situación anterior es la del Programa Panamá Solidario, promovido por el IMA, quien además de llevar los alimentos a los más vulnerables y buscar reducir la volatilidad de los precios en alimentos claves, también se interesa por comprarle a los pequeños productores del país.
De igual manera, y de particular interés para Colombia, es el caso del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en Costa Rica, que se acerca mucho a la arquitectura institucional de nuestra Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, pero con una coherencia institucional mucho más trasegada y con un mercado de cerca de 200 millones de dólares.
Colombia
Una conclusión general del balance anterior es que nosotros fuimos de los pocos países que, en la región, se atrevió a desmontar su arquitectura de mercadeo agropecuario. Casi todos los países tienen un equivalente a nuestro antiguo Idema.
Desde la poderosa Conab brasileña, que manda la parada en la región, hasta la reducción neoliberal del Cotrisa chileno, pero aún en este último caso, y después de los Chicago Boys chilenos, no se desmonto del todo su institución equivalente. Ese vacío en nuestra arquitectura agropecuaria cada vez se nota más, y la importancia que denotan las políticas de reducción del hambre en el mundo magnifica su ausencia.
Una buena noticia es que el país ingresó de manera oficial a ser parte de la RED Spaa (Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe).
Lo anterior evidencia la intención de nuestro país por ponerse a nota con el conjunto de políticas regionales que buscan hacer frente al hambre desde una perspectiva técnica y pública, generando los incentivos necesarios para una producción y comercialización inclusiva y eficiente al tiempo que equitativa.
La información disponible nos permite concluir que nuestras inseguridades alimentarias son bidimensionales. De una parte nuestra inseguridad alimentaria se expresa en barreras de orden físico, motivadas por factores de orden público, así como de aislamiento y desconexión geográfica.
De otra parte, la información de la FAO, corroborada por los datos del Dane, nos permite dimensionar hasta qué punto factores de orden sociopolítico y de política macroeconómica se han traducido históricamente en restricciones económicas para porcentajes significativos de la población colombiana, quienes no pueden comprar la cantidad de alimentos necesarios.
El escenario de restricciones alimentarias y de hambre en Colombia se ha venido agudizando desde la pandemia del Covid-19.
Por tal razón la compra publica de alimentos ha venido ganando en importancia, no solamente para abastecer las necesidades estatales, sino que se viene proyectando como intersección estratégica en dos componentes fundamentales del actual Plan Nacional de Desarrollo: la economía popular y la producción de alimentos bajo una perspectiva nutricional.
Máxime si el anterior proceso se fortalece, priorizando el impulso a los circuitos cortos de comercialización y la pequeña agricultura campesina.
Existen 4 grandes compradores masivos de alimento en el Estado colombiano:
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- El PAE del Ministerio de Educación.
- La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
- Las Fuerzas Armadas.
Con base en la anterior demanda, el mercado de las compras públicas de alimentos es un negocio inmenso, tasado según la ADR en alrededor de 5 billones de pesos, sobre el cual el país ha estado de espaldas, volteando a mirar cada vez que emerge un escándalo como los de la alimentación escolar o de la primera infancia.
Es clave organizar con precisión la demanda global, conociendo sus montos geográficamente localizados, así como la correcta adecuación de las minutas alimentarias.
Al mismo tiempo, es fundamental construir un registro de proveedores locales que incentiven la agricultura familiar, incentivando agro cadenas de transformación asociativa que agreguen valor, inocuidad y sana alimentación para los consumidores finales.
El país viene dando pasos precisos en dicho sentido al instalar, en abril del presente año, la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos.
Este espacio tiene como reto fundamental hacer cumplir la Ley 2046, “por medio de la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”.
El Art. 7 de esta Ley establece la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales, y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad (Nacional, departamental, municipal, sociedades de economía mixta y privadas) destinados a la compra de alimentos.
Así mismo, la Ley 2046 en su Art. 8 orienta que los programas o entidades deben priorizar los alimentos que se producen, y están obligadas a diseñar o adecuar minutas alimentarias y menús teniendo en cuenta el enfoque cultural y los hábitos alimentarios de la población de cada zona geográfica.
Mientras, el Art. 10 establece que se deberán diseñar e implementar los mecanismos financieros y contractuales necesarios para que el valor de las ventas de los productores sea recibido contra entrega del producto.
Los retos son gigantescos, pero la puesta en marcha de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y el ingreso del país en la Red Spaa, que con nosotros ya tendría 17 países afiliados, nos debe permitir dar un salto de calidad para fortalecer sistemas agroalimentarios locales cada vez más incluyentes.
Nuestros sistema públicos de abastecimiento tienen la misión no solo de proveer una oferta estable de alimentos para los programas de protección social y alimentación escolar, sino dinamizar las economías locales al fortalecer la agricultura familiar.
Quizás un Idema 2.0 se trate, sobre todo, de una Agencia de Agrologística que, mediante información precisa, permita intervenir las fluctuaciones violentas de los precios, dejando atrás el obsoleto modelo DRI de los proyectos productivos, avanzando en la creación de escenarios óptimos de producción y consumo local, reduciendo los desperdicios y fortaleciendo una alimentación sana.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de Amazon Conservation Team (ACT)
