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A veces en política pública se peca por querer solucionar lo que no es problema. Me refiero al anuncio de la ministra de agricultura, Jennifer Mojica, quien aseguró estar preparando un proyecto de ley para regular el acceso de extranjeros a la tierra y garantizar que esta se quede o siga en manos de nacionales, en particular de pueblos indígenas, campesinos y afros, y sea usada para la producción de alimentos.
Enfatiza que esto es un asunto de seguridad y soberanía alimentaria.
Esto en gran parte responde a las tensiones en Puerto Gaitán (Meta), entre los menonita y los indígenas sikuani. A pesar de este caso puntual, el sector agropecuario es uno de los que tiene mayores problemas estructurales por solucionar, y entre esos problemas, a nivel macro, no está la extranjerización de la tierra.
Si le ponen a hacer un listado de los diez principales problemas del sector agropecuario en Colombia a cualquier conocedor de este, ninguno pondría “la compra de tierras por inversionistas extranjeros”.
Incluso, es muy probable que dentro de los principales problemas se identifique la restricción que tienen los inversionistas (nacionales o extranjeros) para acceder a grandes extensiones de tierra. Este es un requisito necesario en muchas cadenas, como la de cereales, para ser competitivo.
Hay cuatro problemas con la propuesta de la ministra Mojica:
El primero tiene que ver con la priorización, porque gasta el capital político y los limitados recursos humanos del Ministerio en un tema que no es prioritario, lo que implica un costo de oportunidad de centrarse en la solución de tantos problemas estructurales pendientes de resolverse.
El segundo se refiere al clima de inversión y la facilitación de los negocios. En el mundo lo que se busca es atraer la inversión privada, pero con esta política se da un sesgo antiempresa y antinversión extranjera al querer regularla, limitarla y restringirla.
El tercero es pensar que con este proyecto de ley se está estimulando la producción de alimentos para los colombianos. Es una percepción errónea.
Por ejemplo, una empresa internacional que invierte en la producción de maíz y soya está pensando en el mercado interno. Su producción abarataría el precio de estos cereales, que son la base de la alimentación animal.
Lo que esto significa para los consumidores colombianos es comprar los huevos, la carne de cerdo y la carne de pollo más baratos, lo que implicaría una mayor seguridad y soberanía alimentaria.
El cuarto es desconocer las bondades de la inversión extranjera en el sector agropecuario, pues muchas veces cierra brechas tecnológicas (Léase: Mejora en el material genético, las prácticas agrícolas y el manejo de cosecha y poscosecha).
Además, por lo general las inversiones extranjeras se enfocan en productos de alto valor y generan empresas anclas que permiten alianzas con pequeños productores, que de esa manera mejoran sus ingresos. También formalizan a sus empleados, algo importante teniendo en cuenta que el 85 por ciento de los trabajadores rurales son informales.
Antes de regular la compra de tierra por parte de extranjeros, lo que habría que hacer es dinamizar el mercado de tierras. Existen muchos obstáculos para acceder a grandes extensiones de tierra, en especial por la gran limitante de la seguridad jurídica.
En Colombia se da una paradoja, pues a pesar de tener una gran frontera agrícola y más de 40 millones de hectáreas, el 70,5 por ciento de las Unidades de Producción Agrícolas (UPA) está por debajo de 5 hectáreas.
La propuesta es que explotemos de manera sostenible esa frontera agrícola, y una manera es que el gobierno presente un proyecto de ley que permita el alquiler de baldíos por más de 20 años para poner a producir estas grandes extensiones de tierra con inversiones nacionales y extranjeras.
Sin mencionar que es posible dirigir los ingresos recibidos por este alquiler a acelerar la reforma agraria, es decir, focalizarlos en comprar tierra que esté bien conectada con los centros urbanos. De esta manera ganamos todos.
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