Un reconocimiento a quienes trabajan por los pequeños productores

La Agencia Nacional de Tierras -ANT- en 2019 otorgó títulos de propiedad a 6,576 pequeños productores (técnicamente conocidos como poseedores). Una cifra muy superior al periodo de 2012-2018 donde el promedio anual de formalizados fue de 939 poseedores.

El 23 de diciembre el académico Leopoldo Fergusson escribió en Twitter “Paso por acá para agradecer a los buenos políticos y funcionarios públicos que (pagando un costo personal y criticados por la generalización que todos son malos, corruptos, capturados) trabajan duro por nosotros”. Desde entonces sus palabras merodean mi cabeza.

Resulta fácil desde una columna señalar y criticar la ausencia o el mal funcionamiento de las políticas públicas. Muchas veces pasando por alto el esfuerzo de los funcionarios y sus resultados que logran mejorar la vida de miles de colombianos. Mi modo de agradecer a los buenos servidores es reconociendo por ejemplo, la labor de la Agencia Nacional de Tierras ANT en formalizar la propiedad de pequeños campesinos que poseen una tierra privada pero no tienen el título de propiedad (conocidos técnicamente como poseedores).

Es que los resultados de formalización de la ANT en 2019 han sido muy favorables. En ese año se dieron títulos de propiedad a 5,654 poseedores sobrepasando la meta del Plan de Desarrollo de 5,600. Lo más destacable es que en 2019 se hizo un poco menos de lo hecho en los siete años anteriores, donde apenas se formalizaron 6,576 poseedores de 2012 a 2018, un promedio de 939 por año. Incluso los beneficiario en 2019 pudieron superar los 7,500 títulos de propiedad para poseedores, pero problemas operativos en las oficinas de registro retrasaron el proceso. Por eso se estima que al menos 2,000 poseedores más serán formalizados en el primer trimestre de 2020.

La informalidad de la propiedad rural es una de las principales causas por los que el desarrollo rural está estancado. Sin formalidad de la tierra es muy difícil acceder a créditos. Además, se espanta la inversión y la posibilidad de realizar alianzas productivas. Muy pocos asumen el riesgo de establecer cultivos de alto valor en un terreno informal. El campesino sigue condenado a sembrar productos de bajo valor, y en consecuencia sus ingresos son tan escuetos que ni siquiera están cerca de un salario mínimo.

La magnitud del problema demuestra la ausencia histórica del Estado. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI al menos 59 por ciento de los predios rurales pertenezcan a poseedores o ocupantes, es decir que sean informales? Así mismo, resulta inaudito que este dato no se haya actualizado, y que incluso el tema de la informalidad fuera excluido del Censo Nacional Agropecuario por razones presupuestales. Una evidencia más de la miopía de los políticos con el sector rural.

Es que la alta cifra de informalidad es herencia de los gobiernos del pasado que ignoraron este tema. Por décadas la formalización de tierras de privados fue ajena de la política pública. En ese entonces con indolencia se decía, “La formalización es un problema de los privados, que ellos deben resolver en los estrados judiciales”. De ese modo los campesinos quedaban excluidos, pues no es un secreto que para acceder a la justicia se necesitan recursos económicos de sobra. Pero esto cambió con el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015 y con el Decreto-Ley 902 de 2017 que le dio dientes e instrumentos a la ANT para ayudar a pequeños campesinos a formalizarse sin ningún costo gracias a la intervención de la ANT.

Los resultados del año pasado se dan gracias a que la ANT cuenta con los instrumentos jurídicos y el presupuesto para realizar esta tarea, un tema que parece simple pero es complejo. Lo primera parte del proceso consiste en un barrido predial en donde se levanta la siguiente información: i) Un plano topográfico del predio (Acá se podrían usar drones para captura de datos topográficos); ii) Un acta de colindancia predial (Donde los vecinos firman un acta donde reconocen los linderos del predio); y iii) Un documento técnico-jurídico donde se demuestre que el poseedor obtuvo el predio de manera pacifica, es de público conocimiento que ese terreno le pertenece y lo ha tenido de forma ininterrumpida por diez años.

Después siguen unos procesos formales donde se abre la posibilidad que un tercero reclame posesión sobre esos predios, y otros procesos de forma que son complejos y requieren tiempo. Insisto, suena fácil, pero llevar a buen término este proceso de formalización en la Colombia profunda es un reto enorme.

Una mirada crítica puede señalar que la ANT apenas está trabajando en 86 municipios del país y que otorgar 6,000 títulos de propiedad a poseedores son pañitos de agua tibia en comparación a la magnitud del problema. Pero acá lo importante es mostrar que esta política pública de formalización va por el camino correcto, y que se logró gracias al trabajo que se inició en el gobierno anterior y que continuó en éste, gracias a la permanencia de un equipo técnico y robusto. Lo que nos demuestra una perogrullada pero que pocas veces se cumple en el sector público: para poder dar resultados se necesitan recursos y tiempo.