Un voto solidario con los habitantes del mundo rural disperso

La gente de las ciudades definirá el futuro de la del campo, de la gente que ha sufrido de primera mano el conflicto. 

Las colombianas y los colombianos nos encontramos mayoritariamente habitando en las ciudades o cabeceras municipales[1], mientras los escenarios del conflicto armado son zonas rurales apartadas, que no cuentan con vías de acceso, donde no llega la oferta de servicios sociales básicos del Estado. Es preocupante que seamos las mayorías urbanas quienes definamos en el referendo del 2 de octubre, la continuidad o no del conflicto que se vive y padece en el territorio del mundo rural disperso[2].

Es incoherente con el enunciado constitucional que define a Colombia como una nación descentralizada que seamos los habitantes urbanos de la zona andina quienes definamos el fin o la continuidad del conflicto en la Costa Caribe, en el Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), en la Orinoquía y en la Amazonía, zonas marginadas caracterizadas por la falta de presencia del Estado.

Hay que decir que un plebiscito nacional tiene un inmenso valor político y jurídico para el futuro del conjunto de los colombianos, pero nos debe convocar a revisar el excesivo centralismo imperante en la toma de las decisiones que nos afectan como sociedad, que va en contravía del enunciado constitucional que caracteriza a Colombia como un estado social de derecho, descentralizado.

Otra reflexión, que es necesario abordar en la toma de decisiones que nos afectan como país, es el ejercicio de los derechos de las minorías étnicas que conforman nuestra nación, quienes tienen el “derecho fundamental a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”[3].  Al observar el mapa de los territorios de los 102 pueblos indígenas y de las comunidades negras y afrocolombianas[4], se puede establecer con toda claridad que sus territorios en un alto porcentaje han sido el escenario del conflicto armado.

También es el momento de reflexionar sobre el compromiso de los cerca de cinco millones de colombianos que por causa del conflicto, o como consecuencia de éste, se encuentran viviendo en el exterior.  Ellos más que nadie han sabido de los rigores del conflicto y de la falta de oportunidades que genera el tener que financiar una guerra tan prolongada e inútil.

Me atrevería a pensar que en un Estado con una democracia menos imperfecta, se podría reconocer el valor que tiene la toma de decisiones por las mayorías (urbanas), pero valorando los derechos de las minorías (rurales, indígenas y afrocolombianas) afectadas por el conflicto. 

Atendiendo al espíritu descentralista de la constitución de 1991, al derecho que tenemos a participar en las decisiones que nos afectan, y la construcción de la paz con un enfoque territorial, lo ideal sería que se hubieran expresado en el plebiscito los habitantes del mundo rural disperso, que según estudio realizado por la Fundación Paz & Reconciliación[5], se encuentra localizados en 281 municipios que históricamente han tenido presencia de una o ambas guerrillas, y por lo tanto se consideran como los municipios focalizados para las acciones del denominado postconflicto.

Creo que el plebiscito del 2 de octubre, lo debemos asumir los habitantes de las ciudades y los colombianos en el exterior, como un acto de solidaridad, de consideración y de justicia con nuestros campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos, que día a día han tenido que padecer los horrores del conflicto armado interno más prolongado del mundo.

También creo que debemos votar el plebiscito pensando en las generaciones de jóvenes de los barrios humildes de las grandes ciudades, que son la carne de cañón que alimenta a los diferentes ejércitos del conflicto, y en especial en los colombianos que aún no han nacido y que no se merecen que por nuestra decisión, queden condenados a padecer otros 52 años de soledad, de odio y de violencia.

#SiALaPazConTodos.