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Faltan acciones judiciales contundentes. Con la movilización y las mesas de trabajo se logra solo la mitad del trabajo, pero un monstruo no se mata a cachetadas, se requiere una decisión judicial que permita al Gobierno Nacional decirle no a la multinacional.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga no ha iniciado acciones judiciales contundentes destinadas a defender su insumo más importante: el agua.

Puede tener a un grupo de expertos calificados revisando el Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, el asunto se resume en una cosa; no existe igualdad de armas entre el fondo de inversiones dueño de Minesa y los expertos contratados por el acueducto de la ciudad. 

Las mesas de trabajo y reuniones de delimitación han sido importantes para conocer en detalle el alcance del proyecto y terminar de confirmar que la minería en los páramos matarán de sed y hambre a millones de personas, ahora o en unas décadas, pero recuerden una cosa, mientras se han realizado todos estos procesos de delimitación y socialización, los trámites para lograr una victoria administrativa que les permita tener licencia ambiental han seguido adelante. 

De hecho, recuerdo mis lecciones de litigio estratégico con Víctor Abramovich y Viviana Krsticevic, y su enseñanza es muy simple: no solo basta con la movilización, es importante y fundamental pero no es suficiente; tampoco es suficiente tener solo acciones judiciales; se requiere de un movimiento de base, y finalmente la presión administrativa y política. Esto quiere decir que a los políticos de la región les quede impresentable decir que sí a la minería.

Esos tres elementos: la movilización, el litigio y la presión administrativa, logran generar la mezcla necesaria para ganar una batalla titánica como esta.

Estoy seguro que los cientos de ciudadanos que se han movilizado por más de una década en defensa del páramo conocen mejor que nadie la falta de voluntad real y de compromiso de los gobiernos. Deben estar cansados de reuniones donde reiteran el discurso obvio, la minería en un ecosistema de alta montaña a cielo abierto o con un túnel daña de forma irreversible el ecosistema y los servicios que presta a la vida.

También saben las respuestas obvias y los lugares comunes de esta discusión, como es la necesaria compensación a comunidades locales por los servicios ecosistémicos de sus propiedades, pero sobre todo, pone en evidencia el problema del ordenamiento del territorio, porque así como la minería daña, la ganadería y la agricultura de alta montaña también mata al páramo. 

En conclusión, sin demanda abordo, no tenemos como sentar en la mesa a todos los actores de este problema, es más, les adelanto la consulta, debe ser un especialista en protección de derechos e intereses colectivos, esto no evitará la demanda internacional en contra del Estado colombiano por no cumplir con sus obligaciones en materia de protección de inversión extranjera directa y contratos de seguridad jurídica, más sin embargo es simple, acá la primera tarea es salvar el páramo pero por donde estamos tomando estamos desarmados y no tendremos cómo defendernos, nos están echando el cuento. 

Finalmente, esa demanda no puede ser gratis, salvo que alguien filantrópicamente decida revisar todo el expediente ambiental, identificar variables técnicas, pactar peritajes gratis con expertos, y litigar por muchos años este proceso que seguro no saldrá en menos de 24 meses como establece la estadística, toca a diario presentar solicitudes de medidas cautelares, y abrir el litigio a muchas acciones judiciales accesorias tales como tutelas, nulidades y demás, mejor dicho deshacer los problemas siempre es más complicado que armarlos, por el momento el camino abierto por Rodolfo Hernández fue muy importante, puso el tema en la mesa nacional y logró unificar a los defensores del páramo, ahora toca el paso siguiente que no se ve por ningún lado, y estamos a un par de meses de que suceda la crónica de una muerte anunciada.