Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En estos días discutíamos en clase dos conceptos: pareto eficiencia y bienestar social. Los dos son muy relevantes para pensar en políticas públicas y evaluar las propuestas que venimos escuchando en esta campaña política.
Como veremos, aplicarlos nos ayuda a entender cuáles propuestas nos ofrecen mejoras reales, cuáles no y cuáles lo único que plantean es cómo repartir la torta de la sociedad, es decir, los recursos que tenemos, sin que esto implique mejora alguna.
Los dos conceptos son sencillos. Empecemos por eficiencia. Una política que logre mejorar el bienestar de un grupo de personas (o de todas) sin empeorar el de nadie es considerada una política que mejora la eficiencia. Por ejemplo, sería eficiente tomar la parte de una torta que alguien no querrá comer y dársela a alguien que sí la quiere.
Este concepto no incluye nada sobre justicia ni redistribución, pero da las bases para pensar en políticas que puedan cumplir con este criterio. También es cierto que, en muchos casos, es difícil encontrar políticas eficientes. Es decir, la mayoría de estas terminan afectando a algunos y favoreciendo a otros. Cuando esto ocurre, resulta mucho mejor pensar en cómo agrandar la torta y que todos puedan comer más de ella.
Una vez identificadas aquellas políticas que son eficientes, deberíamos pensar en cuál o cuáles serían las que mayor bienestar le dan a la sociedad. Este es el concepto de bienestar social. Dependiendo de cómo se entiendan las propiedades del bienestar, aquí deberían entrar consideraciones redistributivas que, como siempre, resultan muy importantes.
Para aplicar estos conceptos analizaré dos políticas que se han venido proponiendo, una para la agricultura y otra para el sistema de salud.
Actualmente tenemos tarifas arancelarias para muchos productos agrícolas. Unos plantean subirlas; otros, bajarlas. Si uno considerara solo esas dos políticas, ninguna de las dos logra mejoras de eficiencia. Aumentar tarifas favorece a agricultores, pero como los impuestos aumentan los precios de los alimentos, esto termina perjudicando a los consumidores. Al contrario, bajar tarifas perjudica a los agricultores y beneficia los consumidores.
Lo anterior nos permite identificar que ninguna de estas dos políticas está pensada para mejorar la eficiencia y el bienestar social. Tan solo están pensadas para decidir quién come más y quién come menos de la torta. Ojo, este no es el tipo de redistribución que necesita el país para cerrar las desigualdades. Como dijimos antes, lo mejor en este caso sería pensar entonces en cómo agrandar la torta.
En otras palabras, más allá de bajar o subir aranceles, hay que pensar en cómo aumentar la producción agrícola en productos que podamos hacer bien, que tengan buena rentabilidad para los agricultores y, en la medida de lo posible, que tengan potencial de exportación. Con esto lograríamos aumentar la eficiencia y el bienestar. Para lograr esto se requiere mínimo de dos cosas.
Primero, mucho compromiso político para facilitar la logística y mejorar la información que requieren los agricultores. Segundo, encontrar formas de potenciar la acción colectiva de los agricultores. Personas conocedoras del tema ya han aportado buenas ideas que apuntan en esta dirección. Además, se podría aprender mucho del caso peruano y de casos propios como el aguacate.
Pasemos a la salud. Hay una propuesta de eliminar las EPS y transferir sus tareas a las secretarías de salud territorial y a unos, aún por inventarse, consejos territoriales. Si esta propuesta terminara mejorando el servicio de salud, disminuyendo la corrupción, mejorando los pagos del personal de salud, etc., entonces tendríamos una mejora en eficiencia y un mayor bienestar.
El principal problema es que no hay ningún elemento en esa política que garantice esto. Por experiencias en otros servicios y experiencias pasadas, uno tendería a pensar que todos esos recursos de la salud en manos de muchos políticos locales no resolverían ninguno de los problemas mencionados anteriormente. Más allá de dificultades técnicas que seguro afrontarán esas secretarías, la propuesta no resuelve algo fundamental: el incentivo a que los políticos locales de turno capturen los recursos y no se mejore el servicio. Así las cosas, esta propuesta no tiene en cuenta ni criterios de eficiencia ni de bienestar, tan solo está pensada para quitarle la torta a unos y dársela a otros con la posibilidad de empeorar las cosas. De nuevo, este no es el tipo de redistribución que necesita el país.
Si existe una gran determinación política, sería mucho mejor pensar en crear incentivos y regulación adecuada para que las EPS mejoren sus servicios de una forma integral. Esto sería mucho menos costoso que tratar de regular a cientos de políticos locales de turno y tendría un potencial amplio de mejorar eficiencia y bienestar. Personas conocedoras del tema ya tienen ideas sobre cómo hacer esto. También hay ideas sobre algunas otras cosas que deben mejorarse: inequidades regionales, pagos de salarios, etc.
Por último, es importante decir que, dada la discusión actual y el sentimiento social en temas de salud, debe estar en el interés propio de estas EPS mejorar su desempeño. Si no lo hacen, podrían afrontar el fin de su papel de intermediación en un futuro no lejano.
