Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Este Paro Nacional no tiene precedente en la historia reciente del país. La indignación, inconformidad y reclamos por el mal manejo del gobierno en diversos temas, la respuesta violenta por parte de las autoridades contra quienes se manifiestan de manera pacífica que ha dejado, hasta la fecha, un saldo de más de 44 personas asesinadas y cifras alarmantes de heridos y heridas y vulneraciones a derechos, siguen presentes en quienes marchan, quienes resisten en los puntos de concentración y en un gran sector de la sociedad.
Si bien se pueden atribuir grandes logros a este paro, como el retiro del proyecto de reforma tributaria para plantear una nueva, el hundimiento de la reforma a la salud que se llevaba en el Congreso y la renuncia de dos funcionarios (el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; y la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum), el cambio que se exige es mucho más estructural y profundo. Reforma a la Policía, a la salud, mayores y verdaderas oportunidades laborales para todos los colombianos, en especial para los y las jóvenes, compromiso con la educación y no solo promesas como la “matricula cero” que termina siendo solo un contentillo para poder decir que se están escuchando y atendiendo los reclamos sociales.
Las conversaciones entre el Gobierno nacional y el comité del paro no han conducido a nada porque la sociedad no se siente representada por el Comité. El Gobierno no ha querido entender que no puede instar al diálogo en el día y disparar por la noche. La estrategia de dilación y espera para aprovechar el cansancio de manifestantes ha sido evidente, así como la renuencia de algunos y algunas gobernantes a abrir espacios de diálogo con la juventud que se ha mostrado dispuesta a conversar y proponer opciones y soluciones a la crisis social que estamos viviendo.
Además de todo lo anterior, el estallido mediático que han causado los enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública, los ataques violentos de esta y las innumerables vulneraciones a derechos humanos, hay algunos aspectos sobre los que vale la pena reflexionar.
Recientemente, el escenario político se ha agitado con todo lo ocurrido. Por un lado, hemos visto cómo, por ejemplo, con lo ocurrido con la moción de censura, las alianzas y favores entre el partido de Gobierno y otros partidos se hizo más evidente con el respaldo al ministro Molano. Por su parte, algunos sectores políticos de izquierda han intentado evidenciar nacional e internacionalmente lo ocurrido y responsabilizar al Gobierno por los abusos de las fuerzas. Lo anterior, más allá de poner la situación social en el panorama político, ha generado una politización de la protesta social y unas disputas y divisiones entre quienes apoyan la protesta y quienes defienden el actuar de las autoridades, divisiones que se sienten también en la sociedad.
Por otro lado, se ha evidenciado como el paro nacional ha servido para endilgar culpas, reclamar responsables y comenzar a vender salvadores. La situación del país ha sido un excelente caldo de cultivo para las elecciones presidenciales del 2022.
Sectores de la izquierda hacen responsables al Gobierno y a todas sus instituciones y funcionarios por todo lo que está ocurriendo en el país, y prometen que el cambio que necesita el país viene con el triunfo de su respectivo candidato en las próximas elecciones. Por su parte, la derecha tradicional culpa a la Petro-izquierda de encabezar, instigar y financiar a los “vándalos” y a las estructuras organizadas delincuenciales y terroristas, responsables no solo de los desmanes ocurridos en el marco de las manifestaciones y protestas para sabotear la gestión del gobierno, sino también de otros hechos ocurridos en el país como la explosión del carro bomba en la Brigada del Ejército en Cúcuta el pasado junio, y el atentado contra el helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque unos días después. Aunque guardando las proporciones, la instrumentalización de la protesta ha sido un punto en común.
Más allá de los discursos convenientes y de miedo promovidos por miembros de ambos sectores, tenemos una sociedad que confía muy poco en sus instituciones debido a los múltiples episodios en los que sus miembros se han visto envueltos en escándalos de corrupción, por sus nexos con actores ilegales y por la postura que han asumidos muchos funcionarios y funcionarias frente a lo que ocurre. Un país “democrático” en el que no se pueden ejercer libremente los derechos, en el que no se respetan las garantías mínimas y en el que se desvaloriza y relativiza cada vez más el valor de una vida.
Hoy tenemos un país dividido. Una sociedad que no concibe puntos medios ni matices. Un sector de la sociedad que cree que legitimar la protesta y los reclamos es querer un país comunista y guerrillero, y otro que considera que respaldar a la fuerza implica per se facultarla para cometer violaciones de derechos y un “centro” que parece no querer condenar una ni otra por no caer en el juego de los extremos, cuando la verdadera lucha debe ser vista como la de quienes están abajo contra los que están arriba. Esas personas oprimidas, invisibilizadas, excluidas, relegadas, encapsuladas en esas zonas y territorios del país en los que sí puedes protestar pero de los que no pueden salir a incomodarles se cansaron y están levantando la voz y reclamando del Estado y del Gobierno que les garantice sus derechos en igualdad de condiciones a las de los demás.
Seguir reduciendo este estallido social a extremos políticos, al candidato “x” o “y”, o las manifestaciones y protestas a ser un instrumento que solo tiene como objetivo entorpecer la gestión de uno o ganar adeptos pensando en las presidenciales, es invisibilizar los reclamos legítimos de sectores históricamente marginados, invisibilizados y estigmatizados. Toda la polarización y violencia social beneficia a quienes quieren un país dividido para lograr sus objetivos a corto, mediano y largo plazo; desviando la atención de otros hechos para seguir ocultando las canalladas que ocurren y que benefician a las élites ancladas en posiciones de poder.
Para algunos expertos, como la internacionalista y politóloga Laura Gil, lo que podemos hacer en estos dos años que quedan es reflexionar sobre lo que queremos para el país y ser consecuentes con eso en las próximas votaciones. Aunque concuerdo, creo que hay un punto importante que vale la pena resaltar y al que me quiero aferrar. Tenemos una sociedad mucho más despierta y atenta al ocurrir político del país y sus instituciones, lo que se está discutiendo en el Congreso, la postura de los congresistas frente a los diferentes temas coyunturales y de interés, lo que genera que quienes utilizan su posición de poder para beneficios personales piensen dos veces lo que van a hacer y lo que quieren apoyar.
Si algo positivo nos han dejado estos dos meses de paro es el despertar de una sociedad colombiana, liderada por jóvenes, vigilante del actuar de empleados públicos que están a su servicio, porque no está de más recordar que su labor es en función del pueblo y no viceversa. Una sociedad que está tomando atenta nota de las acciones de sus elegidos y elegidas y que está más que comprometida y dispuesta a pasar factura y apostar por un verdadero cambio en aras de mejorar la situación del país.
