La inclusión femenina en la democracia es una batalla que nuestras madres y abuelas empezaron a ganar desde 1957. El apoyo a esta causa es incontrovertible. El debate debe ser jurídico, sobre la precisión normativa del artículo 3 ° del Acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá. Los demás argumentos, aunque culturalmente oportunos, denotan cierta manipulación política.

Una acción de cumplimiento, sobre un tema aparentemente trivial, como es corregir un ‘error’, o quizás un “error” de redacción, ha propiciado un apasionado debate. El lema de la Alcaldía de Bogotá ha generado inusual controversia.

Podría ser tan solo un ‘error’ de palabras (comilla sencilla para resaltar importancia textual). Este error, que da a entender una equivocada aberración democrática, que fue derrotada desde hace 60 años. De hecho, ningún analista serio podría asegurar que se trató de un “error (connotación irónica de la doble comilla) voluntario”, de mentalidad políticamente ladina. Uno podría acusar de ladino al alcalde, más no de políticamente suicida, tratándose de alguien que ha sido elegido dos veces por ‘l@s’ ‘bogotan@s’.    

Pero la evaluación de pertinencia del fallo, con adherentes y detractores ‘furibundos’, como es usual en Colombia,  depende del ángulo de observación. Unos lo ven desde la perspectiva filosófica incluyente, otros desde la normatividad gramatical castellana, pero la mayoría asumen su opinión desde una posición política.

Sin embargo, pocos invocan que el sentido fundamental para decidir si se mantiene la decisión o se acepta la impugnación del fallo, sea el análisis jurídico. De hecho, cuando el juez Luis Octavio Mora falló, seguramente se concentró en los argumentos jurídicos de pertinencia, basados en un acuerdo del concejo distrital. Pero su validez jurídica es ahora motivo de revisión. 

Y no es para menos. El origen del proceso, iniciado por un representante político, delata desde el comienzo su alto interés partidista. Pero, desde el punto de vista práctico, esta acción de cumplimiento es más una de esas gestiones políticas, de efectos propagandísticos. Vale recordar, a efectos comparativos, que el tema de la inclusión femenina en la democracia sí tuvo un “revolucionario” cambio, en diciembre de 1957.

Fue en esos días cuando, al amparo del plebiscito para establecer el llamado Frente Nacional, los partidos políticos tradicionales impulsaron el derecho  al voto femenino. En realidad el tema de inclusión de las mujeres, más que un asunto jurídico o gramatical, es hoy en día un tema de derechos humanos universalmente aceptado.

El fallo aludido sirve evidentemente para caricaturizar aún más la imagen del alcalde Enrique Peñalosa. Se aprovecha el detalle, magnificando un discutible error, para caracterizar la supuesta miopía democrática y elitismo machista del personaje rechazado por reconocidos contrincantes políticos.

Pero, aunque el origen fuera maniqueo (de este lado los buenos, los incluyentes, del lado del alcalde los malos, los elitistas), la acción es oportuna. Me refiero a que, excluyendo las engañosas estrategias propagandísticas políticas, vale la pena apoyar una política cultural de inclusión femenina. Esto debe reforzar el trabajo que adelantan o han adelantado entidades como el Ministerio de Educación y el Sena.

Y, este objetivo social no es fácil de promover, pues increíblemente en Colombia si persisten subculturas religiosas y políticas, que a veces se confabulan para sostener sociedades machistas. Así que, con todos los reparos lingüísticos y de manipulación política que he hecho, me parece positivo respaldar de manera consensual la inclusión social femenina.  Cuando al menos hayamos erradicado en Colombia la discriminación de género, estaremos verdaderamente preparados para erradicar las demás discriminaciones sociales, filosóficamente inaceptables.   

En cuanto al resultado de la impugnación del fallo, solo puedo confiar en que se revisará el lema jurídicamente, pero con todo el rigor lingüístico, para que respeten los derechos de tod@s en una lengua viva.   

Es consejero del Sena, periodista y ejecutivo gremial. Estudió derecho en la Universidad de Nariño y alta gerencia en la Pontificia Universidad Javeriana.