Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
A propósito del reciente escándalo de Julián Osorio, concejal de Manizales por el Centro Democrático, debemos plantear la reflexión en varios niveles.
Más que la discusión de la legalidad o ilegalidad del trabajo de Carlos Jaime Gutiérrez (que, por cierto, no es por el uso de la aplicación propiamente, sino por una desafortunada norma de tránsito que te multa si te pilla prestando un servicio público en transporte particular), deberíamos enfocarnos en la realidad que tienen que vivir los trabajadores colombianos para decidirse a ser taxistas o a bajarse una aplicación para poder trabajar.
Todos, al fin y al cabo, son trabajadores precarizados según se den sus condiciones: unos por las aplicaciones de conducción; otros, por los excesivos formalismos y costos que implica trabajar un taxi. En el fondo, los demonios son los mismos: empresas tradicionales o las que se incluyen en la llamativa cuarta revolución (empresas tecnológicas) que se lucran sin piedad del trabajo legal de unos y otros.
La discusión entonces se vuelve caldo de cultivo para reactualizar el debate sobre la necesidad de regular las aplicaciones. Aparecen en escena congresistas y otras voces que muestran preocupaciones por la precaria situación laboral del sector.
Sin embargo, en la legislatura pasada se presentaron por lo menos tres proyectos de ley que impulsaban la regularización de las aplicaciones y hubo uno que fue hundido por los taxistas en medio de las movilizaciones del año pasado.
Los tres proyectos de ley
El primero es el Proyecto de Ley 245, propuesto por el partido Alianza Verde en cabeza del politólogo y representante a la Cámara Mauricio Toro, quien además, en época electoral muestra su preocupación por el sector.
Sin embargo, este proyecto no es muy bien recibido por el sector de los trabajadores de plataformas organizados en la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (Unidapp). Dijeron en una de las audiencias públicas que “el Proyecto de Ley 245 está muy lejos de la realidad que en este caso sería la precarización laboral que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales y debe ser modificado para que realmente se apoye a la clase trabajadora”.
El segundo, el Proyecto de Ley 388, fue propuesto por el ministro de Trabajo. En este se afirma que “se crearán mecanismos de acceso a la protección social para personas que prestan sus servicios personales a través de plataformas digitales”.
Al respecto el sindicato responde que “están dando pie a las empresas de plataformas digitales para que vulneren a los trabajadores más de lo que ya están, cuando ya existe un Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no se necesita hablar de pisos de protección social (régimen subsidiado y BEP´S) cuando se es trabajador y se debe tener derecho al régimen contributivo de seguridad social integral para trabajadores y trabajadoras”.
Y el tercero, y quizás con más ambiente político, es el Proyecto de Ley 085 propuesto por el congresista Rodrigo Lara y otros. Frente a este, Unidapp fue enfático en “no estar de acuerdo con ningún proyecto de ley, ninguno está en beneficio y protección de los derechos de los trabajadores de plataformas digitales”.
Y no es para menos, pues, haciendo un análisis del contenido de estas tres propuestas legales, todas parten de poner un manto de autonomía e independencia de los conductores y repartidores que trabajan mediante aplicaciones para llamarlos “colaboradores”, “autónomos” o, como diríamos coloquialmente, todos ellos son “sus propios jefes”.
Entonces lo que se necesita es una verdadera regulación. Pero no al trabajo de las personas que, como Carlos, solo quieren tener un ingreso para cubrir sus necesidades básicas, porque este trabajo ya se encuentra regulado: si se da subordinación, tienen un ingreso y prestan personalmente el servicio, entonces son trabajadores de una aplicación que tendría que responder por estas multas al ser ellas las verdaderas empleadoras; y, por el contrario, si esta sumatoria de factores no se da, pues es sencillo: son sus propios jefes y la aplicación no es más que un simple portal de conexión o intermediario.
Esta, por supuesto, es una discusión de largo aliento que ya se da en otros países del mundo; la tesis predominante es que son verdaderos trabajadores. Además, cada vez hay más información de cómo estas empresas, con cero costos de inversión física y de gestión de las relaciones laborales, aumentan sus ganancias en una competencia desleal con otras empresas que sí están reguladas (como las de taxi y otras).
Entonces quizás la regulación que necesitamos es una que ponga en cintura a las empresas de la cuarta revolución y no a los trabajadores, satanizándolos y señalándolos de ilegales.
