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En 2023 no tendremos la bondad del efecto rebote que en materia económica se produjo en 2021 y 2022. Las contradicciones que se generaron en gran parte de los países del mundo por la financiación del desmedido gasto público con endeudamiento público pasó fuerte factura.
Lo anterior se evidencia en altos niveles de inflación, empinadas tasas de interés y disminución de la dinámica económica, con nefastas manifestaciones en el crecimiento económico de los países de economías avanzadas y emergentes.
En el escenario internacional, las entidades multilaterales han realizado sus pronósticos para 2023 sobre la base de un crecimiento económico mundial de 2,5% y con una desaceleración del crecimiento mundial de 1,3%, en el que las economías emergentes crecerán al 1,8% y las avanzadas en un 1,7% en promedio.
Igualmente, ni Estados Unidos ni China jalonarán el crecimiento económico mundial, puesto que su dinámica económica también será menor en 2023, con crecimientos del PIB de 1,7% y 5,0% respectivamente, lo que consolida el panorama global de desaceleración económica.
Al observar las cifras económicas del país se encuentra que en Colombia la economía creció en el primer trimestre de 2023 en 3,0%, que es 5 puntos porcentuales menor al crecimiento del primer trimestre de 2022.
Igualmente, el comercio y la industria crecieron por debajo del 1% anual; las ventas se contrajeron en un -3% en marzo, la formación bruta de capital fijo descendió al -10%; la agricultura tuvo expansiones menores al 1% y la construcción pasó al plano negativo -3.1%. Con esta información se puede afirmar clara y contundentemente que la inflación nuestra no es de demanda, sino de costos.
Asimismo, es evidente que la dinámica económica viene en descenso y que se deben adoptar medidas diametralmente distintas a las que se han adoptado hasta el momento. Lo que se está requiriendo es que el Banco de la República tome atenta nota de estas señales locales y de los vientos que soplan de USA en relación con el reciente acuerdo sobre el techo de la deuda en la Cámara de Representantes y de la sostenibilidad de tasas de la FED en este mes.
Entonces, es necesario que en la próxima sesión de Junta Directiva del Emisor no se incremente la tasa de intervención en nuestro país para que la inflación de costos también comience a ceder terreno.
De otra parte, las huellas de la desaceleración de la economía también se sienten en el desembolso de los créditos para vivienda, que además de ser los más bajos desde el segundo trimestre de 2020, sufrieron una caída del 40%.
La peor parte de este fenómeno lo han sentido las familias que han acudido a créditos para financiar la compra de vivienda social con subsidio, pues el desembolso de estos créditos ha tenido una caída del 69,2%, según lo registra el Dane.
Igualmente, según fuentes de la Superintendencia Financiera, la demanda de crédito se ha disminuido ostensiblemente y la cartera morosa se ha aumentado en más de un 40%, lo cual de suyo ha generado la baja en la tasa de usura en 0,77%.
Todo lo anterior es convergente con una línea que armonice la intervención del Estado en la economía, orientada a la ejecución del gasto público de inversión para empujar la dinámica de la demanda agregada e impulsar el crecimiento del PIB con la ejecución efectiva de las apropiaciones de 2023.
Esta intervención debe complementarse con las recientes líneas de política pública, que resulten del aprobado plan de desarrollo y en estricta consonancia con la aplicación de la adición presupuestal, que ahora es $8 billones más pequeña. Es decir, $14 billones y no $22 como lo había advertido el exministro Ocampo en abril de 2023.
Así las cosas, nuestra economía en 2023 puede tener un crecimiento entre 1,8% y 2,0% si el Estado ejecuta el presupuesto de inversión y si se supera la etapa de incertidumbre que mantienen tres reformas como las de salud, la laboral y la de pensiones, que según la dinámica de estudio y debates en el legislativo, no alcanzarán a ser aprobadas en la legislatura ordinaria y requerirán con toda seguridad al menos un mes de sesiones extraordinarias en el Congreso de la República.
Colombia depende de la aprobación de estas tres reformas para saber de una vez por todas el monto del déficit fiscal y despejar la manera en que se financiará el gasto público para la vigencia fiscal 2023 dentro de un criterio de sostenibilidad fiscal, como lo solicitan los artículos 334 y 346 de la Constitución Política.
Asimismo, es necesario darle continuidad al mejoramiento reciente de algunos indicadores económicos y sociales, tales como el incremento histórico de la inversión extranjera directa en marzo de 2023, impulsados por petróleo y minería; la disminución en 5 puntos de la pobreza multidimensional a nivel nacional y Bogotá; el aumento de la ocupación formal en 830.000 personas y la tendencia de la tasa de cambio a buscar su valor real de $700 menos de lo que hoy ostenta.
