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La situación de orden público en las regiones de Colombia se encuentra en alerta roja. Solo han pasado dos meses del 2022 y ya se registraron 13 masacres, 13 líderes asesinados e incrementos en el desplazamiento forzado similares a los de hace una década. Lastimosamente, la situación no parece mejorar. Por el contexto electoral actual, se avecina un espiral de violencia en contra de la sociedad civil y Fuerza Pública, en la cual las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son los principales responsables por sus constantes enfrentamientos.
El ELN, grupo armado no estatal activo en el país, ha incrementado su capacidad militar y sus acciones ilegales desde el 2018. Luego del fin de los diálogos en el 2019 por el ataque atribuido por ellos a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, su presencia se ha robustecido y expandido. Según información de la OEA en Colombia, en su último reporte semestral, el ELN aumentó las acciones ilegales de control social y violencia, principalmente en la región del Catatumbo.
Asimismo, según Indepaz, este grupo cuenta actualmente con unos 3.000 integrantes armados. Sumado a lo anterior, en enero del presente año, la Dirección Nacional del ELN informó una serie de acciones violentas en contra de la Fuerza Pública, en donde se registran: policías heridos, soldados muertos, población civil perjudicada y ataques a diferentes estructuras públicas, en donde también están impactados los principales oleoductos petroleros del país.
Desde octubre del 2021, el campo petrolero La Cira Infantas, ubicado en Santander, ha sido escenario de estos ataques, y en ese mismo mes el ELN se atribuyó esas acciones violentas. Igualmente, el balance para el inicio del 2022 no es positivo; actualmente, se registran cuatro ataques a esa infraestructura, e instalaciones de pegas ilícitas en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en Norte de Santander.
No se puede olvidar que estos hostigamientos por parte del ELN no solo responden a su discurso inicial de nacionalizar los recursos del Estado. Ahora, el hidrocarburo robado, a través de las válvulas clandestinas y ataques, es la tercera fuente de financiamiento para sus actividades ilegales, después del narcotráfico y la minería ilegal.
Además, sumado a los hostigamientos y pegas surge otro fenómeno: las refinerías ilegales de gasolina. Estas son estructuras utilizadas para el procesamiento del petróleo hurtado y posteriormente para el procesamiento de cocaína. La fuerza pública ha informado que el ELN tiene ganancias alrededor de 7.500 dólares mensuales por estas infraestructuras ilícitas.
Sin duda alguna y por la alerta roja de violencia que está atravesando en país, el próximo mandatario debe reanudar de manera urgente, los diálogos con el ELN. Y a diferencia del Gobierno actual, el predecesor debe cambiar la estrategia y el discurso para lograr un avance en estas conversaciones.
Junto con lo anterior, el próximo gobierno debe tener en cuenta el contexto regional y la tensión local donde tiene presencia el ELN; cada particularidad puede contribuir a restablecer los diálogos. El desafío no es fácil y más si tiene en cuenta el paro armado decretado hace dos días por este grupo. Definitivamente, discurso de “mano dura” debe cambiar y si ambas partes tienen la disposición de negociar, la anhelada paz puede llegar.
