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Las discusiones sobre reforma política en nuestro país no son nuevas. Durante décadas se ha abogado por medidas que hagan los procesos electorales más transparentes y democráticos. Sin embargo, gracias al Acuerdo de Paz estamos en la coyuntura perfecta para hacer posible una reforma estructural de nuestro sistema político-electoral.
Por esta razón, son varias las iniciativas legislativas de reforma política tramitadas por el nuevo Congreso de la República. Entre estas iniciativas se encuentra la del Gobierno nacional, radicada en cabeza del ministro Alfonso Prada el mes pasado, la cual modifica sustancialmente algunos aspectos clave de nuestro sistema político-electoral.
Este proyecto de reforma introduce principalmente dos grandes cambios: el primero, el cual busca modificar la forma de financiación de las campañas políticas, las cuales serán financiadas exclusivamente con recursos estatales en donde el 50 % será vía anticipos y el otro 50 % vía reposición de votos.
El segundo se refiere a la obligatoriedad de las listas cerradas con paridad de género para la presentación de candidatos a cargos de elección popular. La gran pregunta que queda en el aire es sobre los beneficios para la democracia que traen estas modificaciones.
Financiación de campañas políticas
La financiación estatal de las campañas políticas es un punto que no encuentra mayor resistencia en el Congreso. Esto, debido a que la forma actual deja mucho qué desear. En la práctica, son los candidatos con mayores ingresos quienes tienen más probabilidades de ser elegidos. Esto ha generado toda una competencia desmedida de cientos de miles de candidatos que hacen campañas electorales de forma individual para llegar a los diferentes cargos de elección popular.
Este hecho no solo ha incrementado el costo de las campañas políticas, sino que ha abierto la puerta para que recursos ilícitos entren en juego sin ningún tipo de control, tanto por falta de capacidad técnica de las entidades encargadas como por la dificultad de ejercerlo.
Adicionalmente, existe el riesgo de una captación indebida por parte de los financiadores de campañas políticas, los cuales cobran indirectamente su apoyo a posteriori a través de la contratación pública. Esto se evidencia en que uno de cada tres financiadores de campaña se queda con un contrato estatal, los cuales, en su mayoría, son adjudicados de forma directa.
En suma, establecer la financiación estatal en su totalidad también aumenta las posibilidades de ejercer mayor control sobre los recursos, dado que se sabe exactamente cuánto recibe y gasta cada una de las campañas electorales. Aunque, por supuesto, debe existir un control efectivo que no permite que otro tipo de recursos no estatales ingresen a las campañas.
Listas cerradas
Este segundo punto, a diferencia del primero, ha sido el eje de la discusión sobre la reforma política. Los ciudadanos ya no podríamos votar por un candidato en específico, sino que el voto sería por el partido político.
La razón principal de esta modificación es, precisamente, mitigar los efectos de la competencia desmedida de cientos de candidatos que acuden a prácticas irregulares a como de lugar para resultar elegidos. Esto no solo incluye prácticas como las mencionadas en torno a la financiación con recursos de origen ilícito sino también todo tipo de prácticas y delitos como la compra y trasteo de votos, siendo algunos de los delitos más conocidos y cometidos.
Con esto también se busca un fortalecimiento de la democracia a través de los partidos y movimientos políticos que, en teoría, son el puente entre la ciudadanía y el Estado. Para que esto se de en la práctica, es necesario construir mecanismos verdaderamente democráticos al interior de estos, que si bien se mencionan en la reforma, no están claros cuáles son y cómo se aplican. Esto evitaría caer en la dictadura del bolígrafo, en donde las directivas del partido son las que “dedocráticamente” escogen a los candidatos.
Por último, otro aspecto positivo que implican las listas cerradas es que traen consigo la paridad de género, dado que deberán ser listas cremallera (intercaladas entre mujeres y hombres). En la práctica, esto se traducirá en lograr un Congreso con aproximadamente 50% de mujeres, y que en la actualidad estas no superan el 30%.
La reforma, por supuesto, contempla otros puntos a los que también debemos prestarles atención. Unos no tan positivos, como la oportunidad para poder cambiar de partido político en los dos meses siguientes a la aprobación de la reforma, entre otros puntos que no es fácil ni claro intuir el beneficio que conllevan. Por el contrario, quedan unos puntos de reforma importantes por fuera, como la reforma sobre la arquitectura electoral, sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral (CNE).
