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Entre Colombia y Filipinas existen grandes diferencias, pero el Decreto 1844 del 1 de octubre las disminuye, acercando a sus gobernantes en el uso arbitrario del poder en políticas de drogas.
La Oficina contra las drogas y el delito (UNODC), siguiendo la política de la prohibición y su estrategia de guerra contra las drogas, señala en distintos informes que los gobiernos deberían tomar decisiones de política pública sobre esta materia basados en evidencia científica.
En el Acuerdo de paz el punto solución al problema de las drogas ilícitas está elaborado en ese sentido. De hecho, allí aparece la necesidad de realizar una conferencia internacional sobre la cuestión con el propósito de recabar información científica para guiar la toma de decisiones públicas.
De atenernos a estas orientaciones, resulta evidente la contradicción del actual gobierno colombiano al emitir el decreto 1844 del 1 de octubre que autoriza a la policía para confiscar las cantidades de drogas establecidas como dosis personal.
El decreto tiene como una de sus principales justificaciones “salvar” las vidas de niños y jóvenes que supuestamente han sido acabadas por las drogas ilegales como la marihuana y la cocaína. Sobre este supuesto, el Ministerio de Salud del gobierno Duque suscribe los contenidos del decreto.
Si realmente importara la salud, el gobierno Duque, y especialmente su ministro de salud, deberían estudiar y analizar los informes que presenta la Oficina contra las drogas y el delito, que él mismo gobierno suscribe como miembro de la ONU, entre ellos el informe 2018.
En ese informe es notorio que en el mundo nadie ha muerto por consumo de marihuana. Y, según ese mismo informe, en USA, un país que tiene aproximadamente 325 millones de habitantes y el mercado más grande de drogas del planeta, durante 2013 y 2016 murieron al año cinco mil personas presumiblemente por sobredosis de cocaína.
Cifras que contrastan con los tres millones de personas muertas en el año 2016 por consumo excesivo de alcohol, una droga legal. Ilegalizar el alcohol, valga advertir, no disminuiría la cifra, todo lo contrario.
Frente a la evidencia que presentan los informes elaborados a petición de los Estados, sigue auspiciándose por gobiernos como el actual la prohibición y la guerra contra las drogas. Que la evidencia sea dejada de lado o manipulada para intentar legitimar una medida como el decreto 1844 es un rasgo distintivo del ejercicio arbitrario del poder.
Arbitrario porque en vez de regirse por la razón y los datos científicos está sujeto al capricho del mandatario quien en tono populista juró acabar con las drogas en las calles. Pero la arbitrariedad de la política de la prohibición y su guerra no es nueva.
Anteponiendo el prejuicio y el oportunismo político a la razón científica, distintos gobernantes ejercen el poder con la intención de erradicar del mundo unas drogas (las ilegales) y sus respectivos consumidores.
Persisten en ese objetivo declarado desde la convención de Shanghái (1909) hasta el día de hoy, a pesar de los informes sobre producción y consumo de drogas que siguen mostrando, año tras año, la misma tendencia: más consumidores y más y nuevas drogas.
Entre los prohibicionistas existen niveles de arbitrariedad en el uso del poder en políticas de drogas. Por ejemplo, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, abandera los primeros puestos en violación de derechos humanos en la guerra contra las drogas en aras, como diría el presidente colombiano, de “salvar” a la sociedad.
He aquí una de las célebres frases del presidente filipino que caracteriza su enfoque político para solucionar el problema del consumo: “Si conoces a algún adicto, ve por él y mátalo tú mismo porque conseguir que sus padres lo hagan será muy doloroso”.
En Colombia el estigma contra el consumidor de drogas ilegales, como puede constatarse en distintas investigaciones, ha sido un elemento justificador para su persecución e incluso asesinato a manos de los llamados grupos de limpieza social.
Los actores de este tipo de violencia conciben al consumidor como “un adicto, un enfermo que perdió el control sobre sí mismo”. Esta mirada compasiva, sin embargo, muta a odio porque “el adicto es mal ejemplo para nuestros hijos”, por tanto debe morir.
Padres consumidores de alcohol preocupados por la salud de sus hijos persiguen a consumidores de marihuana ¿será buen ejemplo para los hijos –niños y jóvenes- que los padres asesinen a consumidores de drogas? ¿Será bueno para la salud que algunos padres propongan a sus hijos que dejen la marihuana –que no mata a nadie- por el alcohol?
Entre Colombia y Filipinas existen grandes diferencias, pero el Decreto 1844 del 1 de octubre las disminuye, acercando a sus gobernantes en el uso arbitrario del poder en políticas de drogas.
