Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Cientos de repartidores de distintas plataformas son bloqueados diariamente de las aplicaciones con las que obtienen un ingreso para vivir. Las razones para este despido pueden ser múltiples, como puede ser ninguna. Puede ser una pizza que llegó fría, un helado que se derritió, un cliente que no recibió el pedido, entre otras cosas que están lejos de ser culpa del repartidor.
Pero la aplicación bloquea al repartidor con un corto y frio mensaje: “Bloqueado por términos y condiciones”.
Lo cierto es que no hay términos ni condiciones que especifiquen claramente las razones por las que un repartidor es echado de la aplicación. Todo es muy genérico, arbitrario y no existe procedimiento ni espacio para que el repartidor se defienda del bloqueo y demuestre lo que en realidad pasó con ese desafortunado pedido que lo dejó con chaqueta, gorra y maleta comprada y sin con qué pagar el arriendo y la comida de ese mes.
Contrario a lo de dicen las empresas de estas plataformas de reparto, los repartidores no tienen varios trabajos ni varias aplicaciones en las que trabajen al tiempo.
La realidad, según un estudio de Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, es que más del 80 por ciento de los repartidores se dedican a una sola plataforma llamada Rappi, la misma plataforma que ha sido demandada ante la Superintendencia de Industria y Comercio más de 400 veces por no cumplir las normas de comercio electrónico y derechos del consumidor.
Hoy, tanto colombianos que han perdido sus empleos, como inmigrantes venezolanos que no encuentran oportunidades de empleo, descargan la aplicación y se inscriben como repartidores, hacen todo lo que la empresa les dice a través de su algoritmo. Lo que no saben es que cualquier día serán bloqueados sin justificación alguna.
No todas las aplicaciones funcionan igual, pero esta, en la que trabajan más del 80 por ciento de los repartidores en el país, siempre está dispuesta a dejarte ser un repartidor más, pero a cambio bloquea otros. Esto pasa cuando las empresas entienden que hay una masa de trabajo disponible dispuesta a trabajar por 2 mil pesos o menos, que pueden precarizar y desechar cuando quieran equilibrar la oferta y la demanda o simplemente cuando quieran desmejorar aun más las condiciones de trabajo.
Los jueces constitucionales ya han empezado a evidenciar en estos casos lo que llaman una violación al debido proceso por parte de estas empresas al no ser claras ni tener procedimientos para el bloqueo de cuentas a los repartidores. Mientras tanto, los trabajadores han aprendido a defenderse de estos despidos, que, según la Unión de Trabajadores de Plataformas –Unidapp– llevan un año presentando acciones jurídicas ante estas empresas para desbloquear cuentas de repartidores que injustamente fueron echados de la aplicación. A la fecha han presentado más de 700 acciones y han logrado desbloquear más del 50 por ciento de estas cuentas.
Se esperaría que fuera el Ministerio de Trabajo quien actuara para proteger estos repartidores y que pusiera en cintura a estas empresas que hacen lo que quieren, no solo con los consumidores, sino con los repartidores sin que haya mayores consecuencias.
