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Este lunes 13 de noviembre fue asesinade Jesús Ociel Baena, abogade de México y conocido como “Magistrade.” Ociel fue la primera persona de género no binario del país en ocupar una magistratura en el Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes.
Su activismo a favor de los derechos Lgbtiq+ era parte de su vida cotidiana. Salía a la calle de falda, corbata y tacones, asistía con los labios pintados de rojo, abanicos y pañuelos arcoíris a las sesiones del tribunal electoral, a eventos públicos e incluso de compras al supermercado. En un twit de junio de 2023 declaró: “soy persona no binaria, no me interesa verme ni mujer ni tampoco hombre, esa es una identidad, es mía y para mí. Para nadie más. No le debo nada a la cisheteronorma.”
Por transgredir las fronteras del género, Ociel sabía que era una persona incómoda y sujeta a la violencia. Recibía burlas, insultos y amenazas de muerte por su activismo a favor de la diversidad sexual en redes sociales. En virtud del clima de inseguridad y la transfobia, había solicitado medidas de protección desde hace cuatro meses.
Sobre todo después del asesinato el 15 de julio de Ulises Nava, activista de la comunidad Lgbtiq+ y también residente de Aguascalientes. Con mucha consternación sobre el crimen de Nava, Ociel declaró al diario “Milenio”: “Y por supuesto que tenemos miedo, pero más miedo vamos a tener si dejamos de alzar la voz.”
Sin embargo, nunca le ganó el miedo para denunciar actos de discriminación en contra de las personas de la comunidad Lgbtiq+ en México. Sus batallas fueron muchas, luchó por el reconocimiento de la identidad de las personas no binarias en las credenciales del Instituto Nacional Electoral, y también por la representación política de personas con orientación sexual diversa en altos cargos dentro de los tribunales.
Le Magistrade Ociel fue asesinade junto con su pareja. Encontraron los cuerpos con signos de violencia en su residencia de Punta del Cielo, en Aguascalientes. Las declaraciones del Secretario de Seguridad de Aguascalientes, Manuel Alonso García, han sido lamentables.
Calificó los hechos como un crimen “pasional”, diciendo que “muy probablemente se lastimaron entre ellos mismos.” Estas declaraciones, así como la falta de reconocimiento de la identidad no binaria de Magistrade Ociel en la prensa local y en los medios de comunicación, han provocado marchas multitudinarias en la Ciudad de México, pidiendo el respeto por su identidad de género así como la atracción de la investigación del caso por la Fiscalía General de la Nación.
Este crimen muy probablemente es consecuencia de la violencia por prejuicio, y necesita ser investigado por las autoridades mexicanas con la debida diligencia. En una sentencia de 2021 sobre el caso del asesinato de una activista trans, Vicky Hernández, durante el golpe de estado en Honduras, la Corte Interamericana consideró que este tipo de crímenes son producto de la violencia por prejuicio.
Es decir, por las percepciones sociales negativas que se tienen de las personas Lgbtiq+ basadas en su identidad, orientación sexual o expresión de género. Este tipo de violencia tiene como fin “castigar” a quienes desafían los mandatos de la heterosexualidad.
La violencia por prejuicio es una manifestación de la violencia de género, y está alimentada por los discursos de odio y las actitudes transfóbicas.
La Corte Interamericana ha considerado que los Estados, en este tipo de casos, tienen una obligación de investigar las violaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, a los miembros del colectivo Lgbtiq+ y a las mujeres trans. Pero respetando su identidad de género en todo momento.
De igual forma, la investigación debe cumplir con los estándares internacionales de la debida diligencia en aras de recolectar y asegurar todas las pruebas necesarias que lleven al descubrimiento de la verdad, es decir, “sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación.”
El Estado mexicano debe investigar si estos crímenes guardan relación con la identidad del magistrade Ociel y su pareja, debe seguir los protocolos internacionales (y nacionales) de investigación de violencia basada en género. Y tiene que evitar, a toda costa, que queden en la impunidad.
