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El año 2017 marcó un quiebre institucional y consolidó el autoritarismo llano y plano en el vecino país.
El 2017 fue un año de mayor consolidación del autoritarismo en Venezuela. Uno en el que la grave crisis económica y social obligó al gobierno a quitarse la máscara, a dejar atrás las formas con las que se había cuidado hasta entonces de ser catalogado simple y llanamente de puro autoritarismo, de ser un régimen autocrático.
La necesidad de crear empresas mixtas de hidrocarburos sin tener que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional en manos de la oposición fue lo que condujo a que el gobierno comenzará el año con el uso y abuso de un poder no independiente como el Tribunal Supremo de Justicia, que emitió dos sentencias, con las que anulaba a la Asamblea Nacional opositora, y se advocaba las facultades del parlamento y las compartía sin ningún reparo con el presidente.
Un acto inédito desde que el chavismo llegó al poder. En ninguno de los gobiernos de Chávez un poder público, de los cinco que integran el poder público nacional en Venezuela, había intentado usurpar las funciones de otro. Si bien es cierto que en varias ocasiones el gobierno tanto a alcaldes como a gobernadores de oposición les creó instituciones o reglas para vaciarlos de poder y limitar sus actuaciones abusando de su condición, nunca lo había institucionalizado como ahora: el abuso como sistema. Un comportamiento sintomático de un régimen político que nunca fue plenamente democrático, y que por ello se le catalogaba de autoritarismo competitivo. Es decir, Un régimen híbrido que por un buen tiempo se caracterizó por poseer rasgos democráticos, así como autoritarios. Sin embargo, las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia denotaron un quiebre claro en la naturaleza del mismo hasta convertirlo, sin discusión, en un régimen autoritario.
Tan fue así, que generó la primera ruptura radical entre quienes se consideraban seguidores del legado de Hugo Chávez pero se volvían críticos a la gestión de Maduro y su gobierno. Quien hubiese sido Fiscal General desde el año 2008, Luisa Ortega Díaz y ratificada por el parlamento en 2014 lo expresó públicamente y señaló la ruptura del orden constitucional. Esta declaración hizo rectificar en breve al gobierno, devolviendo las facultades al parlamento; sin embargo, la primera fractura, de lo que hasta ese momento se llamaba la “hegemonía chavista” fue real a los ojos del mundo: La fiscal se convirtió en traidora para el régimen, un personaje molesto, fue perseguida y terminó huyendo del país. Sus declaraciones más sus actuaciones la han convertido en una persona relevante y representativa del ala moderada del chavismo en momentos de retroceso democrático en Venezuela desde entonces.
En este contexto, la comunidad internacional reaccionó dejando atrás su indiferencia ante las múltiples denuncias hechas en el pasado por distintos actores sobre los grados de abuso legal e institucional, y de autoritarismo de los gobiernos de Chávez. De manera simultánea, espontáneamente surgieron las protestas en medio de una oposición desarticulada denunciando al régimen y exigiendo un cambio político. La represión terminó con un saldo que superó el centenar de fallecidos, y unos miles de heridos y detenidos, pero nada sobre lo que se protestaba cambió.
Es este escenario difícil, en el que se conjugaba al mismo tiempo una fuerte presión interna y externa, es que el presidente Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Una idea en la que venía trabajando después de la derrota de las elecciones parlamentarias de 2015 que el partido de gobierno consideró de “circunstancial”. El momento era más que propicio: en medio de la grave crisis, la convocatoria era un llamado a la “Pax chavista”, entre los chavistas radicales y los moderados para crear las instituciones que generasen consensos entre ellos.
En realidad, era otro acto más de autoritarismo. Su convocatoria fue cuestionada sobre su falta de legalidad, y su organización- por sectores promovidos por el chavismo – hacían de ella una elección segura que sería favorable al régimen como un intento corporativista de eliminar finalmente la democracia, y avanzar hacia la construcción del Estado comunal. De esta manera, en el 2017 comenzamos a ver en Venezuela ejercicios electorales en los que participan solamente las fuerzas chavistas organizadas, porque como en este caso la oposición, sin organizaciones sociales estructuradas, no tendría manera de alcanzar ningún resultado.
Claramente la Asamblea Nacional Constituyente no era una propuesta, como la presentó el gobierno, que condujese a una paz entre todos los venezolanos, por cuanto millones la rechazaron, y la vieron como una radicalización del proyecto político para perdurar en el poder. La comunidad internacional de manera amplia no la reconoce por considerarla ilegítima.
En un régimen de autoritarismo competitivo las elecciones son centrales. Es por ello, que el chavismo, hoy en su versión madurista, siempre se ha vanagloriado del número de procesos electorales que han tenido lugar en los 18 años de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, también por primera vez en este año, en el que tuvieron lugar las cuestionadas elecciones a gobernadores y las recientes de alcaldes en las que no participaron los principales partidos de oposición, se puso en evidencia que es un régimen en el que las elecciones ya no le sirven para legitimarse y mostrar un “lado democrático” como había ocurrido hasta entonces. Sino todo lo contrario, a partir de este año y en medio de la grave crisis económica y social, las elecciones son utilizadas para avanzar en el autoritarismo con un sector de la sociedad controlado a través de instrumentos como el carnet de la patria. De manera pública en las elecciones municipales del 10 de diciembre altos funcionarios del gobierno anunciaban por distintos medios a los ciudadanos que después de votar pasaran a los puestos dónde debían presentar su carnet de la patria, instrumento con el que hoy entregan las bolsas de comida, las prestaciones, los bonos de navidad, un conjunto de servicios, para que ellos supieran quién había votado y cuándo.
Por último, las mayores dosis de autoritarismo se dan a medida que avanza la presencia de los militares en la política, la economía y la vida social del país. Y esto es lo que ocurrió. El 2017 termina con un militar de presidente de la empresa que es la columna vertebral del Petro-estado: Pdvsa
Es por todo lo anterior, que a medida que se ha ido atornillando el autoritarismo en el vecino país, se va gestando sin serlo aún una especie de “gobierno en el exilio”, junto con miles de venezolanos que por represión, persecución política, búsqueda de oportunidades de vida y de libertad salen de su país hacia otros destinos, entre ellos Colombia por ser la vecindad compartida.
Desde entonces, y como resultado de la difícil situación que padecen los ciudadanos y que algunos consideran de crisis humanitaria, las desavenencias entre figuras chavistas se han hecho más evidentes, recurriendo actualmente el gobierno a purgas internas entre los distintos grupos. Otro síntoma de consolidación del autoritarismo.
