Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Nos regresamos en Colombia a los oscuros tiempos del narcotráfico y los carteles de la droga. Fueron años de terror en donde se pagaba por la cabeza de policías en ciudades como Medellín. Fue una intimidación al Estado que pensábamos no volver a vivir, pero que ha regresado en las últimas semanas con el Plan Pistola implementado por el Clan del Golfo. Una deleznable política que ha producido la dolorosa perdida de 26 efectivos de la fuerza pública entre mujeres y hombres.
Aunque no es una práctica nueva en su repertorio de actuación, esta última oleada de asesinatos ha sido la más cruenta (Trejos) y, al parecer, viene acompañada de un nuevo Paro Armado. El Clan del Golfo se ha fortalecido y, según los expertos (Trejos y Badillo), algunas posibles causas de su arremetida tienen que ver con: una vengativa actuación frente a la persecución a sus miembros (muerte, captura, extradición), mandar un mensaje de intimidación a las fuerzas del orden para moverse mejor en el territorio, o una forma de mostrarse fuertes para una eventual negociación.
Cualquiera de las posibles explicaciones, demuestra una pérdida gradual y sostenida del control de la seguridad en el territorio.
La tan controvertida idea que el Clan del Golfo encontró un incentivo perverso en el anuncio del nuevo gobierno de una eventual negociación para un sometimiento a la justicia no es más que una aceptación del fracaso del gobierno en controlar el orden público en diferentes áreas geográficas.
Si los violentos ponen en jaque al país por un anuncio es porque la incapacidad del Estado en controlar las regiones es patética. La cosa es más compleja y sigue golpeando con fuerza las regiones, en especial al Caribe Colombiano.
Será por eso que el presidente en ejercicio, desde una parranda vallenata en Valledupar y en un tono entre folclórico y soez, mandó una vez más una amenaza al Clan de Golfo. Duque se la ha pasado cuatro años en un discurso vacuo, lleno de una retahíla de bajas y capturas, que no ha tenido efectos significativos en los grupos armados.
Al gobierno le quedo grande el problema del conflicto en los territorios. En medio del vacío de la inexistencia de una estrategia y la no implementación de los acuerdos (Duran); en la Costa Caribe, siguen latentes 5 conflictos subnacionales. En donde el Clan, es una de las fuerzas más potentes y en crecimiento, sobre todo en las ciudades, ha aumentado su poder.
En Barranquilla, su operación se basa en la subcontratación con agentes armados locales (Badillo). En el último paro armado, quemaron un bus mostrando quienes mandan en la ciudad. Una señal macabra, que al igual que la política nacional, no encuentra respuestas claras por parte de las autoridades locales.
Llevamos 14 años de improvisación en el tema de seguridad durante los gobiernos de Cambio Radical (Alex Char, Elsa Noguera, Alex II y Pumarejo). Es alarmante el crecimiento de fenómenos de violencia que tiene a la ciudad contra la pared con cifras alarmantes de asesinatos, desmembrados y la desatada extorsión, que día a día acrecienta en número de víctimas inocentes como los choferes de buses.
Al igual que el gobierno saliente (Duque), los ciudadanos nos sentimos a la deriva. Los alcaldes no han hecho más que repetir el mantra de sacar al ejército a las calles (propuesta populista e inviable), haciendo shows mediáticos con los (pasajeros) golpes a la delincuencia y ocultando la realidad mirando para otro lado. Muchas veces, culpando a la policía o alcaldes del área metropolitana. Se volvieron expertos no en combatir a los criminales, sino en evadir su responsabilidad como primeras autoridades distritales.
El desespero ciudadano en el Caribe por la seguridad explica en parte la masiva votación por el cambio representado en Gustavo Petro. Es por eso que el reto del nuevo gobierno hacia esta zona del país es gigantesco frente a un fenómeno que ha venido mutando del campo a las zonas urbanas.
Necesitamos recuperar el tiempo perdido y frenar la violencia. La paz total requiere, además de la mano tendida de la negociación, la defensa integral del territorio con políticas sociales y garantía de derechos, sobre todo hacia los jóvenes quienes ponen las víctimas de la violencia en el país. Una verdadera gobernanza para la seguridad basada en una nueva relación con los gobiernos locales y fuerzas vivas de la sociedad.
