Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En el mes de octubre se celebran las jornadas de trabajo decente, concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, como lo señala el Ministerio de Trabajo, “significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”.
Sin embargo, cuando hablamos de personas trabajadoras de las plataformas digitales tanto del reparto como de la conducción, este concepto se diluye en el discurso de estas empresas digitales que organizan el trabajo mediante aplicaciones, algoritmos y personas llamadas emprendedores, independientes, autónomos o colaboradores, como se les dice en Colombia.
Tres ministerios son los llamados a cumplir con la propuesta del plan de gobierno del presidente Petro, el cual promete que “regularemos los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación laboral y no colaborativa, formalizando dichos trabajos, de manera que los trabajadores accedan a la seguridad social y a condiciones mínimas de bienestar”. Esto, en otras palabras, es una promesa de cumplir con los estándares de trabajo decente en un sector empresarial que se rehúsa a reconocerlo.
El Ministerio de Transporte, Ministerio de las TIC y el Ministerio del Trabajo tienen el reto de cumplir la promesa y de poner en cintura a las empresas de plataformas digitales de transporte y del reparto. Esto por supuesto no es un invento comunista del actual Gobierno; es el producto de una apuesta por la defensa de los derechos laborales que está en sintonía con la jurisprudencia de otros países que ya han condenado a estas empresas por encubrir verdaderas relaciones laborales. Proponer regulaciones a estas empresas, como lo hizo el pasado 7 de octubre el ministro de Transporte Guillermo Reyes para referirse a las empresas de plataformas de conducción y como lo reafirmo el viceministro de Relaciones Laborales Edwin Palma, no es otra cosa que estar de frente al mundo y sus regulaciones laborales.
Recordemos que la mayoría de estas empresas son multilatinas o multinacionales que funcionan con un modelo de negocio idéntico o muy parecido para todos los países. Por esta razón la ley AB5, la cual están reviviendo en EE.UU., la ley de Riders en España o la directiva que tramita en este momento la Unión Europea establecen la necesidad de regular estas empresas para que garanticen condiciones de trabajo decente a partir de crear la presunción de laboralidad para toda persona que trabaje en ellas.
Esto es reconocer que la relación entre empresas de plataformas digitales y trabajadores(as) está mediada por una relación laboral de subordinación y dependencia.
Ahora bien, el Gobierno en cabeza de estos ministerios tiene el reto, como ya lo ha anunciado, de abrir el dialogo entre empresas y representantes de las personas trabajadoras a fin de regular de la mejor forma y mediante los principios de participación, pluralismo y democracia lo que será la regulación a estas empresas.
No podemos tapar el sol con un dedo. Mientras la regulación de las empresas de plataformas digitales de la conducción pasa por una discusión de tensión con los taxistas y el dilema de que prestan un servicio público de transporte en el marco de la ilegalidad, la discusión en las empresas de plataformas digitales del reparto está en una reivindicación por los derechos laborales y mejores tarifas. Por esta razón, habrá que regular el modelo de negocio y la forma como concibe sus relaciones con las personas que trabajan allí a partir de tener en cuenta esta diferencia que abanderan sus movimientos de trabajadores y sindicalistas, pero siempre de cara al mundo reconociendo garantías de trabajo decente tanto para repartidores como para conductores.
En todo caso, este será un espacio que deberá coordinar el Ministerio de Trabajo con las otras carteras del Gobierno toda vez que, al margen de la discusión de si estamos o no ante una ilegalidad en el caso de las plataformas de conducción por llevar a cabo un servicio público o si el tema a regular tiene que ver con la cartera de las TIC y tecnología por el uso de una App, la discusión de fondo pasa por el reconocimiento de derechos laborales, tal como se ha abordado en otros países del mundo. Las reivindicaciones son: un contrato de trabajo con todas las garantías, derecho a la remuneración justa de acuerdo a las condiciones en las que se presta el servicio, prestaciones sociales, seguridad social integral en el régimen contributivo, salud y seguridad en el trabajo, ejercicio de la libertad sindical sin restricciones, derecho de formación para el empleo, transparencia del algoritmo, protección de datos, derecho a trabajar en espacios libres de violencia y acoso, inclusión laboral libre de xenofobia, derecho al descanso, a la desconexión, al pago de disponibilidades y a dotaciones, y a instrumentos o medios de labor.
Así mismo, las personas trabajadoras de plataformas digitales del reparto organizados en la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (Unidapp) insisten en garantías para llevar a cabo un trabajo digno en el espacio público. Esto significa que las empresas y sus aliadas deben garantizar espacios suficientes, seguros y saludables para las personas trabajadoras de este sector, los cuales deberán contar con acceso a agua potable para consumo, espacio para la toma de alimentos, baterías sanitarias, parqueaderos, entre otros.
Habrá que esperar al llamamiento que desde el Gobierno se haga a estas empresas, organizaciones sindicales y representantes de las personas trabajadoras para ver cómo se van concretando las solicitudes del sector del trabajo con el gremio de las empresas de plataformas digitales del reparto y la conducción.
