Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta es una serie de reflexiones al respecto de la corrupción y de cómo combatirla; aquí va la primera.
Las personas que se han enriquecido ilícitamente no son anónimos ni desconocidos. El solo rumor popular conoce la cuadra en las que viven en sus magníficas casas, qué más tienen y cómo viven, qué más adquirieron fraudulentamente a costa del 99.9 por ciento que trabaja y vive de su salario o del rebusque.
Esto sucede por dos razones sencillas: primero, esconder el dinero y no gastarlo en nuestra cultura es imposible. Es parte de la herencia del narcotráfico y lo que premia el argot callejero: demostrar desafiantemente “que yo sí pude” y “mire lo que tengo”.
Segundo, en Colombia la corrupción, a pesar del disgusto generalizado por ella expresado vivamente en la consulta del 25 de agosto, tiene muy pocas consecuencias jurídicas, penales, pecuniarias o inclusive sociales. Tan pocas, que las reglas sociales y legales existentes y su implementación se vuelven incentivos perversos, es decir que al contrario, alientan la corrupción.
Es cierto: la justicia en Colombia no parece tener las herramientas para poder identificar, juzgar y aprehender a esos 10 o 20 mil individuos que concentran igualmente el 99 por ciento de la riqueza ilícita del país. Y menos para no solo quitarle esos “bienes” adquiridos indebidamente sino multarlos copiosamente para que nunca les dé lo mismo -ni a ellos, ni a sus familias.
De allí que tengamos que establecer un “Sisben para corruptos”** y que todos los colombianos que tengan cierto capital determinado o aparente tengan que establecer claramente cómo lo adquirieron, además de estar pagando sus impuestos respectivos.
Claro que los corruptos no declaran su capital en la declaración de renta. Por ello Colombia como país debe tener un inventario claro de sus bienes raíces y accionarios, y entender y cómo y porqué se transan. Urge además un cruce entre las bases de datos y los movimientos de Notariado y Registro y la Uiaf, además de la FGN, la PGN y la CGN.
También urge entender los flujos hacia los “Panamás” y retomar muy seriamente el cambio propuesto por el Fiscal de los billetes hacia unos con 000s menos para que todos declaren el origen de los dineros (hace mucho más de 40 años que los colombianos tienen que declarar el efectivo entrando a los Estados Unidos).
Prohibir pagos de bienes por encima de 10 millones de pesos en efectivo (¿Qué tal el juez denunciado por Daniel Coronell en el caso Mattos?) para cualquier transacción -o pedir las debidas justificaciones con posible cargo o responsabilidad penal al anterior actor de la cadena.
En muchos países de la Ocde los notarios no pueden recibir los pagos (son ellos los que los reciben allí), sin las debidas justificaciones de los bancos contra el blanqueado de dinero.
Los testaferros son caso aparte: hay que incluir para ellos y para los contadores o gerentes de empresas fachada salidas que les permitan tranquilamente denunciar a sus jefes y salir incluso con bienes de ellos; habría que darles un periodo cerrado (¿de un año?) para este procedimiento. Luego, a la manera de la JEP, les debe caer todo el peso de la ley.
De allí ya también que las leyes en curso (no sé si sea lícito), le pidan a alcaldes, gobernadores y congresistas de 10 años atrás que presenten sus declaraciones de renta (como proxy de falsedad de sus actuaciones, por lo que también pueden ser juzgados).
También se podría ofrecer quitarles un porcentaje de la multa (¡no los bienes robados!) por el principio de oportunidad de entregar a quienes les ofrecieron las coimas: castigar ejemplarmente al que paga por la peca y no solo al quien peca por la paga (que indudablemente lo hace con gusto).
Ah ¿y dónde está la Dian en todo esto? Debe aparecer luego de la reforma draconiana que le corresponde, llevando también sus bases de datos a cruce con las anteriormente referidas.
Esto es un mero esbozo de algunas reglas que deben ser cuidadosamente expresadas en la ley y sus reglamentaciones para su adecuada implementación procedimental. La corrupción es hoy lo que era la guerrilla hace 16 años, a dar al traste con ella.
Próxima entrega: peces pequeños o razones culturales
