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Con los recursos públicos limitados no podemos darnos el lujo de hacer compras descoordinadas, ni de comprar lo que no sirve o no se necesita.

Muchos nos estamos preguntando qué va a pasar cuando acabe la cuarentena. La estrategia acordeón revelada esta semana parte del supuesto de que en los periodos en los que al menos algunos de nosotros podremos salir de nuestras casas, el gobierno aumentará la capacidad del sistema de salud.

Es decir, que habrá en Colombia más camas de hospital, más unidades de cuidado intensivo, y más respiradores, mascarillas y demás insumos médicos necesarios. Para ello, la respuesta desde la compra pública resultará fundamental, para asegurar que se pueda adquirir de manera coordinada la mayor cantidad posible de elementos de buena calidad y que el dinero sea usado de la mejor manera.  

En momentos como este, la contratación pública debe ser sobre todo rápida y eficiente. Para nadie es un secreto que estos objetivos priman en una emergencia sobre otros que tradicionalmente se buscan con la compra pública, como el fomento a la competencia o la inclusión de pequeñas empresas. Ahora lo que se busca es comprar y dotar inmediatamente a los hospitales con los elementos que les permitirán salvar la vida de muchas personas. Para esto, los compradores deben utilizar los datos y la información que ya está disponible con el fin de tomar las decisiones más acertadas. 

Por ello una de las primeras medidas adoptadas en Colombia, y común en la gran mayoría de países, fue la de establecer modalidades excepcionales para adquirir los bienes y servicios necesarios mediante el Decreto 440. Este decreto permite la contratación directa por urgencia manifiesta y faculta a Colombia Compra Eficiente (CCE) para crear mecanismos de agregación de demanda rápidamente para que las entidades públicas no tengan que salir a buscar proveedores de manera independiente, sino que compren lo que requieran para la emergencia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para poblar este catálogo de ítems, CCE emuló la exitosa estrategia desplegada por el Gobierno de Canadá para invitar proveedores. Bien utilizadas, este tipo de herramientas que coordinan la compra aumentan la transparencia y mitigan la especulación de precios y la competencia entre entidades públicas por insumos médicos.

Con los recursos limitados que tenemos no podemos darnos el lujo de hacer compras descoordinadas, ni de comprar lo que no sirve o no se necesita. Ejemplos recientes de Estados Unidos y España demuestran que en este caso, literalmente, la falta de coordinación y los errores en las compras públicas matan. La semana pasada trece capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, incluyendo a Transparencia por Colombia, presentaron un estudio sobre los riesgos que conlleva la ejecución de recursos en esta crisis, y las recomendaciones para que estos no se materialicen.

La principal recomendación es publicar en datos abiertos todas las contrataciones de manera accesible para los ciudadanos. Por fortuna en Colombia, independientemente de la modalidad de contratación, e incluso para contratos directos de cualquier entidad cobijados por el decreto de emergencia, existe la obligación legal de publicar la información en el SECOP, cuyos datos se encuentran disponibles en formato abierto OCDS en la página de CCE. 

Un adecuado monitoreo ciudadano – iniciado ya por organizaciones como Funcicar en Cartagena -, y de los órganos de control pasa por poder identificar cuáles contratos están asociados a la emergencia. Para ello es vital incluir una marca en el Secop para los procesos de contratación relacionados con covid-19, de la misma manera como se hizo con aquellos que están asociados al Acuerdo Final con las Farc .

Sería aconsejable contar con estadísticas y visualizaciones simples que permitan a cualquier ciudadano entender cómo se están gastando los recursos, tanto del nuevo Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) como de hospitales, gobernaciones, alcaldías y entidades del nivel nacional durante la emergencia. Ya varios países han dispuesto páginas que detallan estas compras, como Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. Es prioritario que en Colombia podamos contar con una herramienta similar en los próximos días. Posteriormente será necesario además precisar cuáles contratos se relacionan con las medidas para reactivar la economía para permitir su monitoreo. 

Superar esta crisis, salvar vidas, y retomar una senda de empleo y crecimiento dependerá de qué tan bien logremos contratar. El gobierno tiene que comprar eficiente y transparentemente. Los ciudadanos debemos monitorear que esto suceda. Ninguno de los dos podemos fallar.