Fedegán: ¿de quién es la tierra?

La pobreza es un desastre humano. Provoca una gran miseria, arruina las vidas de millones de personas e impide el desarrollo humano y libre de quienes han nacido en ella.

Además, el problema relacionado con la pobreza extrema, personas que no ganan lo suficiente para comprar los alimentos mínimos requeridos para sobrevivir, no es la escasez de recursos, sino una total desarticulación entre los recursos disponibles y las necesidades humanas. Esta desarticulación se puede apreciar con claridad en estas cifras:

Según los cálculos de pobreza, el Dane reveló en el 2021 que la incidencia de la pobreza en Colombia en 2020 llegó a 42,5%, es decir, 21.021.564 personas de las cuales 7.420.265 (15,1% de la población) están ubicadas en la categoría de pobreza absoluta.

En el campo las desigualdades son también enormes. Según Oxfam, Colombia se sitúa en el primer lugar en el ranking de la desigualdad en la distribución de la tierra en América Latina, seguido por Perú, Chile y Paraguay.

El 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño ocupa el 81% de la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19%. Las explotaciones agrícolas de menos de diez hectáreas representan el 81% del total, pero ocupan apenas el 5% del área, con un tamaño promedio de dos hectáreas.

Según una figura propuesta por Oxfam, si se dividiera el país en dos mitades, en la primera mitad se encontrarían 704 explotaciones con 50.000 hectáreas en promedio, y en la otra mitad se ubicarían 2.046.536 explotaciones, que en promedio apenas tienen 17 hectáreas de área.

Estos datos confirman el proceso de una acelerada tendencia a la concentración de la tierra en grandes extensiones y el desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medias.

Este proceso de concentración de las tierras estuvo acompañado hace un par de décadas por la estrategia de apropiación de tierras y desplazamiento campesino en Córdoba, Bolívar, Cesar, Meta, Norte de Santander y Caquetá, realizada mediante una alianza entre paramilitares, terratenientes, narcotraficantes, políticos y supuestos empresarios honorables.

Fedegan y algunos de sus más importantes dirigentes (Jorge Visbal, Rodrigo García, Benito Osorio Villadiego) se vieron comprometidos en estas indebidas expropiaciones y masacres de campesinos cuando defendieron las Convivir propuestas por el expresidente Álvaro Uribe, que se convirtieron al poco tiempo en ejércitos paramilitares.

Esas aparentemente “pacíficas” Convivir serían equivalentes a las actuales, también pacíficas, “brigadas solidarias ganaderas”, convocadas por José Félix Lafaurie, “para que sirvan de apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada”.

El ponderado y equilibrado Lafaurie, de quien hay que decir que “le cabe ‘su’ país en la cabeza”, ha entrado en pánico y en delirios paranoicos con las propuestas redistributivas de justicia social hechas por el gobierno de Petro.

Las ideas de la reforma agraria, la organización y la movilización campesina para promoverla, hechas por el Ministerio de Agricultura, han determinado que él, como líder de los grandes propietarios de tierras, termine justificando la necesidad de un orden represivo que apuntale la posición de quienes detentan el poder.

Lafaurie y Fedegán niegan la existencia de cambios que son ya un hecho, entre ellos la organización y movilización campesina, no aceptan la necesidad de otros cambios sociales como la reforma agraria que, desde el Acuerdo de Paz de 2016, estableció la asignación de tres millones de hectáreas para los campesinos más pobres.

Esta reforma no supone procesos de expropiación de la propiedad privada, sino de compra estatal de tierras.

Además, niegan a los campesinos el derecho a organizarse y a contar con la financiación estatal que sí tienen los grandes ganaderos. Y niegan también que muchas de las desigualdades en riquezas y bienes derivan del hurto, la violencia, la astucia y están revestidas por la ley, desde las violencias del siglo pasado, con una capa de hipócrita honestidad.

Equiparar la resistencia de quienes enfrentan la opresión con la violencia de los opresores es engañoso. Así, el terror militar de los falsos positivos y el terror paramilitar no se podrían comparar con un bloqueo campesino en las carreteras, o con la invasión de indígena de un predio.

Pero hay mucho más. “Desde los días de Espartaco hasta los de Robespierre, y hasta hoy mismo, el uso de la fuerza por los oprimidos contra sus amos ha sido objeto de casi universal condena”, escribe Barrington Moore.

Ahora bien, ¿qué significa para una sociedad que busca superar las condiciones de la violencia la frase: “Fedegán les pide a los ganaderos que no olviden las ‘brigadas solidarias ganaderas’”?

Es una frase terrible, una amenaza, es expresión de odio, el cual se muestra como un odio de clase, racial, contra las poblaciones campesinas e indígenas, de discriminación por diferencias ideológicas y políticas, de hostilidad de una minoría que está arriba contra la sociedad mayoritaria empobrecida.

Esa frase y la “caravana de las camionetas” expresa también un llamado o preparación a la guerra. Apenas está dando sus primeros pasos la reforma agraria propuesta por el gobierno de Petro, y ya las fuerzas sociales de los terratenientes y de la ultraderecha buscan impedir su continuación.

Esto puede ser similar a lo que sucedió cuando la dictadura de Augusto Pinochet en Chile reversó una reforma agraria exitosa desarrollada por los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende.

A partir de esto se puede plantear que la relación entre los grupos más ricos de nuestra sociedad se integra en una estructura de poder histórica, que posibilita a los empoderados obtener a diario las ventajas materiales de su posición.

“Y esta praxis de poder que ha llegado a ser habitual, consistente en externalizar costes y embolsarse así los beneficios, se ha convertido para los externalizantes en un modo de acción que ya no se cuestiona, totalmente ‘normal’, en cierto modo en su segunda naturaleza”, escribe Stefan Lessenich.

Por esto, las minorías que están arriba tienen muchas razones para rechazar la ampliación de la democracia, la introducción y aseguramiento de los derechos sociales y una reforma para darle tierra a los campesinos pobres.

Ellos no quieren que las personas que no han podido disfrutar de sus derechos, su libertad, su bienestar material, puedan hacerlo. Prefieren mantenerlos apartados de las posibilidades de autodeterminación personal, de autonomía moral y de codecisión política y social.

Para finalizar quiero traer a cuento la propuesta que hizo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, el 16 de marzo de 2015, de realizar un referendo para que el departamento del Cauca se divida en dos: que una parte sea para los indígenas y la otra para el resto de la población.

No pretendo discutir esto, sino recordar esta metáfora de la exclusión. De la misma manera que el sueño lafaurieano de las “brigadas solidarias ganaderas”, la senadora Valencia sueña con seguir manteniendo al otro lado del muro que divida a indígenas del resto de la población la realidad social de pobreza, miseria y violencia, mantenerla más allá del campo visual y lejos de su vida.